Aurelio Albero, exalcalde de Catral, se enfrenta a 12 años de inhabilitación en un juicio señalado por la Audiencia para mayo

Aurelio Albero, alcalde del PP de Catral entre 2011 y 2013 y su exasesor contable en el Ayuntamiento durante ese periodo, Juan Carlos Llopis, se sentarán en el banquillo de los acusados. La sección 11ª de la Audiencia Provincial con sede en Elche juzgará al exalcalde acusado de prevaricación y al técnico por malversación de caudales públicos. La primera sesión de la vista oral está prevista para el 16 de mayo. Los hechos, denunciados por el propio Ayuntamiento de Catral, se juzgan una década después de producirse. 

Anticorrupción

El fiscal Anticorrupción Pablo Romero acusa al exregidor de un delito de prevaricación por, en primer lugar, haber fichado al técnico como asesor sin soporte legal y después «colocarlo» como contable externo sin cobertura contractual y en funciones de Tesorería y Contabilidad, que excedían ampliamente las del personal eventual. 

Inhabilitación

El Ministerio Público pide para Albero una pena de 12 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Mientras que al exasesor la Fiscalía le atribuye delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por haberse apropiado supuestamente de 9.917 euros de fondos municipales, que según la causa hizo llegar a su cuenta personal y a la de su mujer a través de cuatro transferencias bancarias al contar con «poder absoluto» sobre el sistema informático gracias a la autorización del entonces alcalde.

La acusación pública a la que se adhirió el Ayuntamiento de Catral, solicita para Llopis una pena de 6 años de cárcel por el delito de malversación y 4 años y seis meses de prisión por falsedad documental, además de inhabilitación especial por 24 años para ejercer como asesor contable en la administración. Además solicita que se condene a los dos acusados al pago de una indemnización conjunta al Ayuntamiento de Catral de 43.656 €. 

Hechos

Los hechos ocurrieron durante el mandato municipal de Albero, entre 2011 y 2013, fecha en la que fue desalojado del gobierno local por una moción de censura. Al inicio de su gestión contrató como asesor al técnico para llevar las cuentas de la administración local, una persona de su absoluta confianza que figuraba como número 7 en la lista electoral y que se quedó sin ocupar puesto de concejal al lograr el PP en aquellas elecciones seis concejales. 

Quebranto de la ley

En el escrito de acusación del fiscal Anticorrupción se señala que Albero tenía la «firme voluntad, prevaliéndose del ejercicio de sus funciones de alcalde, bajo cualquier pretexto y pese a que ello supusiera el quebranto de la ley" de otorgar un cargo en el consistorio» al técnico, y reclamó al interventor que informara sobre la posibilidad de nombrarlo como personal de confianza «actuando con el propósito de colocar (sic) cuanto antes a Llopis» en el Ayuntamiento de Catral pese a que esa es una competencia del pleno de organización, que además rechazó esa designación. Pero al margen de ese informe en contra del secretario el alcalde «en una mendaz designación», dice el Fiscal, decretó el nombramiento del asesor como personal de confianza especial de Contabilidad y Control de Tesorería.

Contrato menor

El pleno tumbó el decreto pero Albero le adjudicó entonces un contrato menor de asesoría por un importe que superó con creces los 18.000 € iniciales al prorrogarse sin soporte legal hasta marzo de 2013. En total el contable externo recibió 56.396 en menos de dos años por su labor.

Es más, durante el ejercicio de su función, ejerció una responsabilidad que correspondería a un funcionario público y no a personal eventual, aclara la acusación. Con disponibilidad de las claves bancarias y los fondos de las cuentas del Ayuntamiento facilitadas por el Interventor y el Tesorero por orden del entonces alcalde.

En esa situación y con «poder absoluto sobre el sistema informático», el asesor supuestamente «distrajo e hizo suyos hasta 9.917,20 euros de las cuentas municipales» alterando los apuntes contables en el programa informático que gestiona la actividad económica del consistorio», según la Fiscalía.

Denuncia de Alternativa Por Catral y PSOE

La denuncia fue presentada por el Ayuntamiento de Catral, cuando la coalición de gobierno de Alternativa Por Catral y el PSOE se hicieron con la gestión municipal. Albero fue condenado a 5 años de inhabilitación por prevaricación al autorizar un mercadillo sin aval jurídico cuando era alcalde. 

El concejal de Hacienda durante aquel mandato era Joaquín Lucas, totalmente al margen de esta causa -no fue llamado ni como testigo en la instrucción- y que opta por tercera vez a alcaldía en estas elecciones municipales como alcaldable del PP. Lucas fue edil del área económica municipal hasta su renuncia a su acta de concejal en 2013 meses después de la moción de censura.