Las obras en Cala Mosca se reiniciaron sin una autorización de Carreteras

El Ayuntamiento de Orihuela estudia si el procedimiento se ajusta a derecho a raíz de un informe técnico que plantea a los servicios jurídicos si se pueden llevar a cabo sin tener permiso para construir la pasarela peatonal sobre la N-332

Acopio de materiales para el inicio de las obras, el pasado día 24

Acopio de materiales para el inicio de las obras, el pasado día 24 / TONY SEVILLA

El Ayuntamiento de Orihuela tiene dudas sobre el procedimiento por el que el pasado 24 de abril el promotor reinició las obras en el sector Alameda del Mar, más conocido como Cala Mosca, donde está prevista la construcción de 2.200 viviendas, en el último kilómetro sin urbanizar de la costa oriolana, después de que la junta de gobierno aprobara -solo seis días antes- la modificación del proyecto que se paralizó en 2008, cuando se detectaron en el entorno especies de flora y fauna protegidas.

Un informe firmado ese mismo día por los servicios técnicos municipales sobre la procedencia del reinicio de las obras de urbanización -o acta de comprobación del replanteo-, que tiene como objetivo acreditar la disponibilidad de los terrenos, la viabilidad del proyecto y si se dispone de todos los permisos, indica que el urbanizador carece de la autorización la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana para realizar la pasarela peatonal sobre la carretera N-332, que afecta al dominio público y zona de servidumbre de la nacional.

El técnico subraya en el escrito que se personó en las obras, a tenor de una petición que el agente urbanizador realizó el día 21, sin que compareciera ningún representante de la mercantil, que finalmente se niega a practicar el acto de comprobación de replanteo de las obras, amparándose en un acta de replanteo de 2008, que, según el informe, no consta en el expediente como tampoco figura el acta de suspensión de la ejecución en aquel momento.

Asimismo, la empresa le traslada al técnico que tiene previsto iniciar las labores de vallado del perímetro de las zonas a proteger.

Trabajadores colocando la valla el pasado 24 de abril

Trabajadores colocando la valla el pasado 24 de abril / TONY SEVILLA

Por ello, el informe plantea que se someta a criterio jurídico si debe considerarse efectiva el acta de comprobación de replanteo -de supuesta fecha 2008- por parte del agente urbanizador, a pesar de que no disponía de autorización de la Demarcación de Carreteras, además de se analice si cabe exigir la disponibilidad de la totalidad de los terrenos y autorizaciones que garanticen la viabilidad del proyecto o si por el contrario procede suscribir un acta de reinicio de aquellas obras de las que se tiene autorizaciones, condicionando la ejecución de la pasarela al momento en que se disponga de la misma.

En cualquier caso, continúa el informe, antes del inicio de las obras deberán aprobarse el plan de seguridad y salud y el Plan de Gestión de Residuos en los trabajos de construcción.

Terrenos en los que se proyectan las 2.200 viviendas

Terrenos en los que se proyectan las 2.200 viviendas / TONY SEVILLA

Por su parte, Gomendio, agente urbanizador del terreno, ha asegurado que "la empresa cumple con la normativa", basándose en el acta de reinicio de las obras que ya emprendió en 2008 -una parte relevante de los viales y otros servicios básicos ya se construyeron en aquel momento-.

Fuentes del equipo de gobierno explican que los servicios técnicos y jurídicos están estudiando el procedimiento, de forma que si no se ajusta a derecho se tomarán medidas. La propia alcaldesa del municipio, Carolina Gracia, ha insistido en que "para poder iniciar legalmente las obras de urbanización se deban cumplir todas las condiciones exigidas por los técnicos", a lo que ha añadido que "si no se cumplen dichos requisitos, se adoptarán las medidas que procedan", dando a entender que el inicio de las obras no cuenta con el visto bueno municipal.

La regidora también ha subrayado que "no vamos a tolerar ni imposiciones ni presiones, ni al ayuntamiento ni a los técnicos que emiten sus informes con diligencia y solvencia". En este sentido, ha recalcado que "el urbanizador deberá asumir las condiciones exigidas por los técnicos y cumplirlas", porque "es un delegado de la administración, no al contrario".

Cambiemos, que apoyó la moción de censura pactando con el PSOE, entre otras cuestiones, que no se urbanizara Cala Mosca, ha insistido en que "esto es muy grave y conecta con lo que venimos diciendo: el proyecto tiene numerosas irregularidades y flaquezas", según el concejal Carlos Bernabé, que ha agregado que "podría no haberse aprobado, pero el promotor, con la complicidad de PP, C's y el PSOE de Gracia, hace lo que quiere con el Ayuntamiento".

"Presiones a funcionarios"

Además, Bernabé ha incidido en que el promotor de la polémica urbanización hizo un informe de alegaciones en el que mostraba su discrepancia con el informe técnico en el que se explicaba la negativa del promotor a suscribir el acta de replanteo: "Lo preocupante de ese escrito no es la discrepancia jurídica de la empresa sino que, en el mismo documento en que el promotor muestra su oposición al informe técnico, solicita una información muy llamativa sobre el funcionario municipal con el que discrepan". El promotor habría solicitado conocer datos como si el funcionario "era fijo o interino, su titulación y procedencia o currículum".

"No hace falta ni medio dedo de frente para entender que esa solicitud de información, en ese contexto, tratándose del expediente de Cala Mosca, es una clara injerencia que trata de generar presión sobre el técnico y que puede ver reducida su libertad de maniobra", ha señalado Bernabé.

El concejal de Cambiemos ha exigido a la alcaldesa que "haga algo y deje de humillarse y subordinarse a C's, porque no solo le está haciendo daño al propio PSOE, sino que está haciendo daño al Ayuntamiento al tolerar lo mismo que hacía el peor PP".

Mientras, el proyecto urbanístico se encuentra a la espera de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a raíz de una denuncia de Cambiemos y del Ministerio por la falta de un informe vinculante de Carreteras.