La mesa de contratación encarga un nuevo informe externo para adjudicar el mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa

El organismo solicita un análisis técnico a la Universidad de Valencia después de que la de Cartagena rechazara el encargo por un posible conflicto de interés

Vecinos denuncian el abandono de zonas verdes en la costa oriolana

Vecinos denuncian el abandono de zonas verdes en la costa oriolana / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La mesa de contratación que tramita el contrato para el mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques y arbolado de Orihuela Costa ha vuelto a solicitar un informe de valoración del sobre 2 (documentación para valoración de criterios cuantificables mediante juicio de valor).

La mesa de contratación acordó, dada la complejidad de la valoración, a un organismo externo, independiente y especializado un informe técnico para valorar las propuestas presentadas por los licitadores. Tres empresas han presentado sus ofertas para hacerse con este contrato de casi 10 millones de euros: la UTE Doalco-Agricultores de la Vega de Valencia, STV Gestión-Evocivil Gestión y Actúa Servicios y Medioambiente.

Sobre todo, esta decisión llegaba después de que solicitara un análisis a tres empleados públicos del Ayuntamiento de Orihuela y que solo uno de ellos aceptara el encargo. Así, la mesa de contratación remitió la petición a la Universidad Politécnica de Cartagena, en concreto, al Departamento de Ingeniería Agronómica, a través del profesor Jesús Ochoa Rego.

Paralelamente, ante estas decisiones, STV Gestión y Evocivil Gestión ha interpuesto un recurso de alzada para que se suspenda la decisión de realizar un informe externo y la decisión recaiga en el funcionario que ha elaborado los pliegos -y el único que aceptó el encargo-, por considerar que los acuerdos adoptados son nulos de pleno derecho, por resultar incongruentes y causar indefensión y por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Después, la universidad ha comunicado al Ayuntamiento que rechaza la petición por "la posible existencia de un conflicto de interés potencial derivado de la previa existencia de una relación de prestación de servicios en el año 2022 con una de las empresas licitadoras". Según fuentes consultadas, Ochoa Rego habría realizado el año pasado trabajos para Actúa, por lo que incurriría en conflicto de intereses.

Por ello, la mesa ha vuelto a solicitar este informe externo, a través de un contrato menos, pero esta vez a la Universidad Politécnica de Valencia a través del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, siendo profesor responsable el profesor Isidro López Becerra, que ya ha aportado una declaración de ausencia de conflicto de interés. 

El plazo máximo para la realización y entrega del informe es de 30 días naturales a partir de la notificación del encargo.

Una contrata prorrogada seis años

La anterior contrata se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, por lo que la empresa adjudicataria lleva casi seis años realizando el servicio sin contrato, una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra por parte de Intervención al pago de las facturas, lo que a su vez genera intereses de demora de miles de euros.

Además, en la práctica supone que los recursos humanos, materiales y económicos son inadecuados para mantener en buen estado los parques y jardines que hay en el litoral, lo que genera continuas quejas por parte de los vecinos. Tanto es así que solo se cubría el 40% de las zonas verdes, mientras que ahora se dará cobertura a los 2,5 millones de metros cuadrados (258 hectáreas) que ocupan las 213 zonas verdes de Orihuela Costa.

Así, en cuanto al importe se pasa de los 860.000 euros anuales a 1,9 millones de euros durante cinco años no prorrogables. En total, casi 10 millones de euros.

A raíz de una denuncia de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado ha citado como investigados a los concejales Luisa Boné y Ángel Noguera, ambos de Ciudadanos, por un posible delito de prevaricación.