Tres empresas compiten para hacerse con el mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa

Tres empresas se han presentado a la licitación para la conservación de espacios verdes, parques públicos y arbolado en Orihuela Costa: la UTE Doalco-Agricultores de la Vega de Valencia, STV Gestión-Evocivil Gestión y Actúa Servicios y Medioambiente.

Doalco es una empresa oriolana que ha obtenido varias adjudicaciones de envergadura, como la ampliación del IES Tháder o la rehabilitación de las norias gemelas, mientras que la alianza entre STV Gestión, cuyo director es Juan Alcántara, y Evocivil, cuyo gerente es José Domingo Tarancón, tiene una amplia experiencia en la gestión y mantenimiento de espacios verdes, siendo adjudicatarias en otras ocasiones de distintos contratos en diversos municipios, además de vínculos familiares con la concejala Luisa Boné, investigada por el anterior contrato de este servicio, cuya adjudicataria es Actúa, la tercera que se presenta.

La anterior contrata se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, por lo que la empresa adjudicataria lleva casi seis años realizando el servicio sin contrato, una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra por parte de Intervención al pago de las facturas, lo que a su vez genera intereses de demora de miles de euros.

Además, en la práctica supone que los recursos humanos, materiales y económicos son inadecuados para mantener en buen estado los parques y jardines que hay en el litoral, lo que genera continuas quejas por parte de los vecinos. Tanto es así que solo se cubría el 40% de las zonas verdes, mientras que ahora se dará cobertura a los 2,5 millones de metros cuadrados (258 hectáreas) que ocupan las 213 zonas verdes de Orihuela Costa.

Así, en cuanto al importe se pasa de los 860.000 euros anuales a 1,9 millones de euros durante cinco años no prorrogables. En total, casi 10 millones de euros.

Informe de valoración

La Mesa de Contratación, una vez que ha abierto el sobre 2 (documentación para valoración de criterios cuantificables mediante juicio de valor), ha solicitado un informe conjunto, dada la complejidad de la valoración y porque por sus conocimientos y experiencia en la gestión de servicios en la zona costera podrían aportar un plus, a tres técnicos municipales: Rosa María García Esteve, de Infraestructuras; José Antonio Albaladejo Soler, ingeniero de Caminos, y al arquitecto Ignacio Sánchez Botella.

García Esteve y Albaladejo Soler han rechazado realizar el informe. La primera, alegando que no había intervenido en el expediente y considerando que existían otros técnicos más adecuados y el segundo alegando que el técnico más adecuado era el redactor de los pliegos, además de referir que tenía demasiada carga de trabajo.

Tras el rechazo de la emisión del informe conjunto por dos de los tres técnicos designados, y sin ajustarse a lo requerido por la Mesa de Contratación, Sánchez Botella ha emitido el informe de valoración de los criterios subjetivos, incorporándolo al expediente sin previa comunicación a la Mesa de Contratación, órgano que ha considerado que este informe carece de la fundamentación y motivación suficiente, habida cuenta de que no efectúa un análisis comparativo de las ofertas presentadas con los criterios establecidos en el pliego, sino meramente descriptivo.

Por ello, la Mesa de Contratación, ha solicitado a un organismo externo, independiente y profesional la emisión del informe de valoración de los criterios de adjudicación, en concreto al profesor Jesús Ochoa Rego, del Departamento de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena, con un plazo de entrega de 45 días naturales.

Ante estas decisiones, STV Gestión y Evocivil Gestión han interpuesto un recurso de alzada para que se suspenda la decisión de realizar un informe externo y sea el funcionario que ha elaborado los pliegos el que se encargue, por considerar los acuerdos adoptados son nulos de pleno derecho, por resultar incongruentes y causar indefensión y por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.