ORIHUELA COSTA
Detienen a la fuerza a las dueñas de la Casa Langostina en Orihuela cuando intentaban impedir la ocupación de una parcela para construir un residencial
El juzgado ha validado la intervención de la comisión judicial en apoyo del promotor que cuenta con la licencia del Ayuntamiento de Orihuela
D. Pamies
¡"Charli, al coche! ¡Llévatelas al coche!". Con estas palabras la Policía Local de Orihuela y el Seprona de la Guardia Civil detuvieron este lunes por la fuerza a Kimberly y Love Wesenauer de la finca Langostina cuando intentaban defender lo que consideran suelo de su propiedad frente a las resoluciones judiciales que dicen lo contrario y validan la construcción de 9 chalés con piscina.
La jueza
La última de ellas firmada por la jueza Francisca Isabel Fernández Zapata, titular del juzgado de Primera Instancia Número 4 de Orihuela, a la hora de enviar a la comisión judicial para supervisar la "restitución" a manos de los urbanizadores de la finca.
Las jóvenes fueron detenidas no sin antes oponerse por la fuerza al desalojo de esta parte de la antigua finca de más 200 años que en los últimos veinte ha sido cercada por promociones de viviendas turísticas. En su intento de parar la toma de posesión una de ellas se encaramó bajo la pala de la maquinaria que avanzaba por la calle Castillo del Río tras no poder evitar el corte de la puerta de acceso ubicada por la promotora hace unas semanas.
Gabriele Wesenauer, en el suelo, junto a un agente de la Policía Local y la comisión judicial / David Pamies
Fuerza
En un ambiente de gran tensión y gritos la propietaria junto a su marido de la casa Langostina, Gabrielle Wesenauer, de 63 años, también fue retenida por los agentes y terminó en el suelo.
La Policía Local y los agentes del Seprona de Guardamar del Segura, desplegó sus medios frente a la oposición de las tres mujeres para llevar a cabo el desalojo de la finca histórica.
Finalmente, las dos jóvenes fueron esposadas, introducidas por la fuerza en el vehículo policial y arrestadas para su traslado al cuartel de la Guardia Civil de Torre de la Horadada.
Terminaba así, con su detención, el último intento de Gabrielle y sus hijas por preservar la histórica vivienda y el entorno inmediato de lo que antaño fue una típica explotación agraria de secano de la comarca. Las arrestadas fueron puestas en libertad sobre las siete de la tarde de este lunes.
Presenciando la secuencia estuvo el empresario de Molins (Orihuela) Víctor Gálvez, promotor de la Vega Baja y uno de los responsables de Lideralis Empresarial en Desarrollo SL, camaleónica empresa que cambia su nombre comercial según las circunstancias.
Especialmente pendientes estuvieron las fuerzas de seguridad y una de las responsables de la comisión judicial de que los medios de comunicación no hicieran constar que empleaban la violencia para resolver la situación. Oposición por la fuerza que también hicieron valer las retenidas para evitar el paso de las máquinas y ante los efectivos de seguridad.
Dictamen de la Universidad de Alicante
Investigadores expertos en turismo y en derecho ambiental de la Universidad de Alicante ya presentaron en 2021 un exhaustivo informe justificando "la relevancia de la protección de la Finca Langostina". En este dictamen que firman el catedrático José Fernando Vera Rebollo y los profesores Marco Antonio Celdrán, Elisa Rico, Tomás Vicente Martínez Campillo, Rubén Martínez y Santiago Vañó, destacaban las particularidades de esta finca y sus valores histórico-culturales para argumentar la necesidad de aplicación de medidas de protección como activo patrimonial.
En el mismo documento los investigadores afirman que Finca Langostina "corre el riesgo de desaparecer, ya que hay una amenaza de transformación urbanística, ajena a la propiedad, que podría materializarse en breve y que justifica la necesidad de actuar en aras de la preservación de esta finca, de manera íntegra". Proponen además desde una perspectiva jurídica las distintas modalidades de protección, convenios y fórmulas de gestión para el uso público y la valorización de esta finca, último testigo del paisaje agrario tradicional de la zona.
Golondrina dáurica
Los Wesenauer habían realizado una nueva propuesta para intentar paralizar el levantamiento topográfico. Han presentado un escrito apoyado en un informe pericial porque las obras con maquinaria pesada se están realizando junto al antiguo establo de la casa donde hay varias parejas de golondrinas, comunes y dáuricas, que se encuentran en plena nidificación. Pero los miembros del Seprona no estaban allí por las golondrinas. La perito veterinaria que ha realizado este estudio que justificaba esa petición también se encontraba en la parcela.
La solicitud de adopción de medidas cautelares por parte del juzgado se presentó el lunes ante la Fiscalía de Medio Ambiente en Alicante a primera hora sin que la comisión judicial recibiera orden alguna de la jueza de paralizar la intervención. El hecho de que se trate de una ejecución de sentencia, en la mayor parte de los casos, impide adoptar cualquier tipo de medida cautelar.
Tanto los miembros de la comisión judicial como el Seprona insistieron ante la persistencia de Kimber y Love Wesenauer en la resolución de las medidas cautelares, que la jueza no se había pronunciado.
Policía Local en el acceso de la finca Langostina / D. Pamies
Incumplir las promesas
En la casa se concentaron numerosos medios de comunicación y algunas personas que han apoyado a la familia en la larga lucha que mantienen por defender esta finca de secano tradicional del cerco inmobiliario.
El Ayuntamiento de Orihuela se comprometió en 2020 a impulsar la protección de la casa como Bien de Interés Cultural, avalada por un informe del propio arqueólogo municipal y por la Universidad de Alicante, lo que podría haber derivado en la paralización de la construcción de las viviendas. Tanto el entonces alcalde Emilio Bascuñana, como el actual Pepe Vegara- que llegó a asegurar públicamente que el promotor carecía de licencia- han incumplido ese compromiso.
Derribo del acceso a la finca / D. Pamies
Encadenados
Las Wesenauer se encadenaron a la máquina que intentó comenzar la obras en la misma parcela a finales de febrero. Y después en varias ocasiones más. En ese momento la empresa promotora esgrimió una licencia de la que carecía por incumplir una parte de los requisitos que se incorporan después de la revisión municipal.
El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz (PP), se ha plegado a la petición de la empresa bajo advertencia de reclamación patrimonial multimillonaria de daños.
Un poco de historia
La familia Wesenauer, de nacionalidad austriaca, compró los 5.167 metros cuadrados de la finca Langostina mediados de los años 90. Que pese a su oposición, quedaron reducidos con las cargas de urbanización del PAU 25, a 1.786 metros en 2002.
Mantienen desde hace veinte años que su finca ya era urbana en la ordenación urbanística oriolana, integrada en el plan Lomas de Don Juan, en la avenida de los Galgos, tal y como se recoge en sus escrituras de propiedad y, por lo tanto, era desde el punto de vista urbanístico totalmente ilegal que se convirtiera en urbanizable.
Sin embargo eso fue lo que validaron los técnicos municipales entonces, en especial quien entonces era arquitecto municipal, y los cargos públicos, beneficiando al promotor del PAU, que mantenía estrechos lazos con el equipo de gobierno de entonces -y que pocos años después presentó concurso de acreedores arruinando a cientos de vecinos de Molins-.
Esa operación de incorporación de suelo es lo que permitió que se le incorporaran esas cargas urbanísticas y los 3.381 metros restantes se hayan convertido en el solar donde se van a hacer piscinas y 9 viviendas, terreno que los propietarios luchan desde hace dos décadas por preservar de la construcción.
Consideran que las obras pueden provocar que su vivienda mantenida con esfuerzo en su estado original, se venga abajo por la acción de la maquinaria pesada. Algo que certifican con distintos informes especializados de técnicos, ingenieros y geólogos.
Su caso fue uno de los que instó a la derogación de la LRAU ante las instituciones europeas. La familia tiene presentada una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por esta cuestión. Los actuales promotores del terreno mantienen por su parte que cuentan con un suelo urbano residencial y licencia por parte del Ayuntamiento y que están al margen de la trayectoria previa de la finca.
Apoyo
Este lunes Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha emitido un comunicado de apoyo a la familia propietaria de la casa en sus reivindicaciones. Recuerdan que se trata de una de las pocas "construcciones tradicionales que han sobrevivido a la avalancha de urbanizaciones turísticas que ha invadido buena parte de la Dehesa de Campoamor en Orihuela Costa."
Fachada de la Casa Langostina / INFORMACIÓN
Ahora "quieren cercar -dice ASE- aún más la casa con nuevas viviendas turísticas gracias a "una licencia municipal que no debería haberse otorgado por el Ayuntamiento: debería haber prevalecido la protección como Bien de Relevancia Local que está tramitando el propio Ayuntamiento".
Para la misma fuentes "es incompatible la protección de la finca" con la licencia otorgada, "ya que las obras pueden dañar sus antiguas construcciones". Además, está la nidificación en una parte de la casa de dos especies de golondrinas, golondrina común y golondrina dáurica, que puede verse afectada por la entrada hoy de maquinaria a la zona."
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