El embajador de Austria en España ruega al alcalde de Orihuela que salve la Casa Langostina

La familia Wesenauer-Wagner ha vuelto a encadenarse esta mañana, Lunes Santo, a la maquinaria pesada que pretende iniciar las obras de construcción de varias piscinas y viviendas turísticas junto a la parcela de su propiedad, que alberga una casa agrícola con más de 200 años de antigüedad.

Es la Casa Langostina, último testigo de la vivienda del secano tradicional oriolano que resiste por la férrea voluntad de sus actuales dueños en una zona consagrada a la construcción y venta de residencias turísticas, para la que reclaman con urgencia su protección como Bien de Relevancia Local.

Apoyo

La embajada de Austria en España, país de origen de los Wesenauer-Wagner, ha remitido una carta al alcalde de Orihuela, José Vegara, solicitando su intervención para paralizar las obras. La misiva del embajador Enno Drofenik señala que estos ciudadanos austriacos son vecinos de Orihuela desde hace 27 años, que la familia tiene su domicilio en la urbanización de Castillo de Don Juan y que "lleva 20 años viendo amenazada su propiedad por un proyecto de urbanización validado por la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU)".

Esperanza

El embajador matiza que es consciente de que a las embajadas y a las demás representaciones diplomáticas "no les corresponde intervenir en procedimientos jurídicos o administrativos del Estado receptor" pero, al mismo tiempo, señala el embajador Drofenik "albergo la esperanza de que las autoridades tanto regionales como locales de la Comunidad Valenciana estén haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos".

Y a continuación pide apoyo al alcalde, "para que se puedan tomar las medidas correspondientes dentro de su ámbito de competencia con el fin de lograr una solución satisfactoria y justa para las partes involucradas".

Declaraciones del Ayuntamiento de Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela ha explicado este lunes que "se está recopilando toda la documentación que tenemos relativa a esta consulta (de la embajada) para ponerla en conocimiento del embajador, así como todas las acciones que ha realizado y la situación judicial por la que ha pasado". Y ha añadido que desde el Ayuntamiento "también se está procediendo a tramitar la declaración como bien de interés local para que tenga la oportuna protección".

Hace meses que el Ayuntamiento anunció esta última medida. Sin embargo, ha decidido no adoptarla de forma concreta con la finca. Lo ha hecho en el marco de la actualización del inventario de bienes protegidos de todo el término municipal en el Plan General de Ordenación Urbana -que data de principios de los años 90-, lo que exige un contrato externo. Es decir, la protección solo será firme cuando se tramite, se adjudique, se elabore y se apruebe esa actuación. Algo que puede demorarse años.

No era correcta

El alcalde de Orihuela, José Vegara (PP), y el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, señalaron en la anterior acción de encadenamiento de Kimberly y Gabriele Wesenauer que culminó con la paralización de las obras, que la empresa promotora, que opera bajo el nombre comercial de Praxa, contaba con licencia de obra mayor. No era así. Tanto la firma como la familia se cruzaron denuncias en la Guardia Civil en aquella ocasión. La primera porque entendía que el empresario no contaba con todos los requisitos para actuar poniendo en peligro la casa a proteger de su propiedad, y la empresa por la invasión de suelo privado, calificado como urbano, al que accedieron numerosos medios de comunicación.

La promotora Lideralis Empresarial en Desarrollo, que comercializa sus promociones bajo la marca Praxis, propiedad de una conocida familia de constructores de Molins (Orihuela) -Víctor Gálvez y su hijo Víctor Valentino Gálvez-, contaba con informe municipal favorable a la licencia de obra, pero fue comenzada con deficiencias, práctica habitual, pero irregular entre las empresas que están levantando vivienda en Orihuela Costa en estos momentos. La firma no se pronuncia sobre la reivindicación de la familia. Se limita a indicar que cuenta con la propiedad de un solar urbano.

Se encadenan a la maquinaria evitar la construcción en la finca Langostina de Orihuela Costa ( 7 de marzo)

Ver galería

Licencia favorable con numerosas deficiencias

Así, en la licencia de obra mayor que facilitó el pasado 7 de marzo tanto el constructor -como el propio ayuntamiento para justificar las obras y la entrada de las máquinas en la parcela anexa a la finca Langostina, la jefa de Urbanismo que firma la licencia una serie de incumplimientos por parte de la empresa e indicaba que la misma no aportaba el visado del proyecto de ejecución del Colegio de Arquitectos, ni se definía la obra, ni las condiciones mínimas del plan de seguridad y salud. Tampoco las garantías económicas en concepto de menoscabo del entorno con la finalidad de asegurar su reposición en caso de daños, ni la de gestión de residuos.

Carencias

Con estas carencias primero la jefa de Urbanismo, Isabel Heredia Pomares, y tanto el concejal de Urbanismo Matías Ruíz como el secretario general del Pleno, Virgilio Estremera, después, firmaron el informe a la licencia de obra mayor "favorablemente".

Tras la difusión pública del caso presumiblemente la empresa habría enmendado esas deficiencias, después de que el concejal de Urbanismo apuntara la posibilidad de revocarla de oficio ante la familia -aunque públicamente ha defendido la legalidad de su visto bueno porque el Ayuntamiento podría enfrentarse a una reclamación patrimonial relevante-.

Es una forma de actuar habitual desde hace décadas en Orihuela Costa y Torrevieja por parte de los servicios de urbanismo que paradójicamente permite agilizar las licencias: las empresas actúan sin contar con todos los requisitos.

El Ayuntamiento ordena paralizarlas y el promotor logra atención sobre su petición y regularizar la actuación y legalizarla, siempre que se ubique en suelo urbano.