El Juzgado de Instrucción de Orihuela, en diligencias previas de investigación, ha citado a Luisa Boné (Ciudadanos), concejala de Recursos Humanos, y Ángel Noguera (Ciudadanos), concejal de Infraestructuras, en calidad de investigados por un posible delito de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia que interpusieron el pasado mes de noviembre los ediles de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción al advertir supuestas irregularidades en los contratos para el mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa.
La citación, que ha entrado este lunes en el registro del Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso este periódico, emplaza a los ediles el próximo 13 de marzo a las 10.00 horas para tomarles declaración sobre unos hechos que, según la denuncia, se produjeron en la etapa en la que Boné era concejala de Playas, entre 2017 y 2019, y Noguera edil de Infraestructuras, desde 2019 a la actualidad. A su vez, los hechos denunciados atañen a Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos), concejal de Infraestructuras entre 2017 y 2019; Sabina Goretti Galindo (PP), edil de Contratación desde 2019 hasta la moción de censura del pasado 25 de abril, y Francisco Manuel Sáez Sironi (PP), de Contratación entre 2017 y 2019, aunque estos últimos tres no han sido citados como investigados.
Los tres ediles de Cambiemos -Carlos Bernabé, María García Sandoval y Javier Gracia- acompañaron la denuncia con 40 documentos para que se investigara si los hechos son constitutivos de delito por prevaricación y malversación de caudales públicos en un servicio que se está prestando sin contrato desde hace más de cinco años, ya que se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, una situación que desde el punto de vista administrativo deriva en informes en contra por parte de Intervención municipal a la facturación que presenta la empresa por el servicio prestado, lo que provoca diferentes reclamaciones de intereses y con ello un perjuicio.
Cambiemos, que apoyó la moción de censura el pasado 25 de abril, ha subrayado que "la situación es muy grave y debe haber responsabilidades políticas", al tiempo que han exigido la dimisión de Noguera y Boné, ya que "la gestión de parques y jardines, más allá de su abordaje judicial, es claramente opaca y muy probablemente orientada a poner intereses privados por encima del interés general". En este sentido, ha insistido, "esto es la punta del iceberg de algunas prácticas que se llevan repitiendo sistemáticamente en algunas de las concejalías lideradas por Ciudadanos que en los últimos años han priorizado los intereses privados frente al interés general del municipio".
Ante preguntas de este diario, la formación ha resaltado que lleva "dos años denunciando las irregularidades que planean sobre el contrato de parques y jardines de Orihuela Costa". Así, "en diciembre del año pasado, tras haber puesto negro sobre blanco nuestras dudas sobre la gestión de este contrato y tras constatar que el gobierno de PP y Ciudadanos no estaba dispuesto a poner solución a este tema, presentamos una denuncia en la Fiscalía para que la justicia investigara esta gestión", y ahora "es el juzgado el que ha movido ficha abriendo diligencias previas de investigación".
La formación ha resaltado además que este servicio cuesta a la ciudadanía casi un millón de euros al año. En este sentido, ha manifestado que "a las quejas de la vecindad de Orihuela Costa sobre un mal servicio por parte de la empresa adjudicataria se unían nuestras sospechas de que determinados servicios que tenía que prestar la empresa Actúa dentro de sus obligaciones contractuales se derivaban a otras mercantiles mediante contratos menores o licitaciones, con lo que suponía pagar dos veces por el mismo servicio".
Por ello, han explicado desde Cambiemos, "no podíamos permanecer ajenos a esto". Incluso, la formación ha asegurado que se lo trasladaron "en determinadas ocasiones hasta al propio [Emilio] Bascuñana, sin que tuviéramos respuesta encaminada a investigar lo que decíamos". Es más, ha apuntado, "el exalcalde levantó reparos sobre dichas facturas para que pudieran pagárselas, incluso después de que hiciéramos público que habíamos denunciado las irregularidades del contrato en Fiscalía".
En opinión de Cambiemos, "es inconcebible", porque se trata de un servicio que se presta sin contrato desde hace cinco años y medio: "Creemos que ha habido tiempo suficiente de sacar una nueva licitación y no sabemos por qué no se ha hecho. Esto ha provocado que, al no poder pagarse las facturas con normalidad puesto que Intervención bloqueaba su pago al no haber contrato, la propia empresa adjudicataria presentara reclamaciones de intereses de demora, que han costado miles de euros adicionales a las arcas públicas", han insistido desde Cambiemos.
Por último, la formación ha concluido que espera que "estas diligencias de investigación judiciales arrojen luz sobre las irregularidades que rodean este contrato y que, a nuestro juicio, han causado un grave perjuicio a las arcas públicas y al bienestar de la ciudadanía". En suma, "lo que ni PP ni Ciudadanos quisieron investigar parece que sí le interesa a los juzgados", ha concluido.
