Ecologistas se acogen a la justicia gratuita en el proceso contra la urbanización de Cala Mosca

Mantenerse en un proceso judicial no es, ni mucho menos, barato. Muchos son los que acaban desistiendo de seguir adelante en un proceso, precisamente, por los altos costes que supone. No le ocurrirá lo mismo a los colectivos ecologistas que pretenden detener la construcción de una megaurbanización en el último rincón virgen de Orihuela Costa, en Cala Mosca. Saben que es la historia de David contra Goliat, pero no quieren cejar en este empeño ante lo que consideran «un grave e irreversible atentado medioambiental contra el litoral y la biodiversidad de la comarca de la Vega Baja».

La Comisión de Justicia Gratuita de Alicante ha notificado a Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) que reconoce su derecho a la asistencia jurídica sin coste para la presentación del recurso contra la urbanización de Cala Mosca, garantizando así la posibilidad de continuar las acciones legales emprendidas. 

La decisión ha sido celebrada por los grupos ecologistas AHSA y Salvemos Cala Mosca que han hecho frente común para detener en los tribunales la construcción de 2.200 viviendas turísticas en el último kilómetro de costa virgen de Orihuela.

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Personación

La presentación de recursos y denuncias ante los tribunales, así como la personación en procesos judiciales por parte de los grupos ecologistas se ha visto, a menudo, coartada por la imposibilidad material de hacer frente a los gastos generados por estas acciones legales e, incluso, por la condena al pago de costas judiciales, como ya ocurrió en 2006 cuando AHSA y Ecologistas en Acción fueron condenados al pago de una parte de las costas del juicio contra la contaminación del río Segura.

Desde hace varios años los tribunales españoles reconocen el legítimo derecho de los colectivos de carácter ecologista y ambiental, sin ánimo de lucro, para acogerse a la justicia gratuita, no sin algunas resistencias que fueron saldadas con varias sentencias del Tribunal Supremo en ese sentido.

Salvemos Cala Mosca inició hace unos meses una exitosa campaña de recogida de fondos para sufragar los gastos para la contratación de un abogado para la presentación de un recurso contencioso contra la aprobación del proyecto de urbanización de Cala Mosca.

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Exención de tasas

No obstante, los gastos derivados de un proceso judicial contra un proyecto urbanístico quedan fuera de las posibilidades de un modesto grupo ecologista, por ello era indispensable conseguir la denominada asistencia jurídica gratuita que incluye la exención del pago de tasas judiciales así como el de los depósitos necesarios para la interposición de recursos o la asistencia pericial gratuita, entre otros servicios.

Entre los requerimientos para ser beneficiaria del derecho a la denominada justicia gratuita se encuentra que la asociación solicitante tenga más de dos años de antigüedad, condición que Salvemos Cala Mosca no cumplía, pero sí AHSA, que presentó un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche en junio. 

Ambas organizaciones, que se sienten decepcionadas con las actuaciones del Ayuntamiento y de la Generalitat para frenar esta urbanización, consideran una «irresponsabilidad» este tipo de «políticas cortoplacistas» en una zona que, denuncian, «carece de los servicios básicos que requiere un volumen de población y extensión construida" como el que existe en Orihuela Costa.