Dieciocho colegios de Orihuela llevan dos años sin cumplir con la revisión de los extintores

Los extintores, dispositivos contra incendios y bocas de riego de los 18 colegios públicos de Infantil y Primaria de Orihuela no se revisan desde hace dos años. En algunos centros educativos la última marca de revisión es incluso más antigua y se remonta a 2019, según ha podido comprobar INFORMACIÓN. Además, en la mayoría de instalaciones educativas se alternan dispositivos revisados en distintos años -2019,2020, 2021 y 2022-. La legislación, entre otras obligaciones, dispone al menos una revisión anual.

El Síndic

Una queja resuelta ante la Sindicatura de Agravios de la Generalitat -a la que el Consistorio ni respondió- ya iniciado el actual mandato- y varias comunicaciones al Ayuntamiento y a la inspección de Educación han desvelado esta falta de mantenimiento que tiene su origen, de nuevo, en la lentitud de la tramitación de los expedientes de contratación que arrastra la administración local. 

Legislación

La Concejalía de Educación ha sido advertida en varias ocasiones en los últimos meses de que la legislación estatal que regula el mantenimiento de los sistemas contra incendios -actualizada en 2017-, fija que cada tres meses se deben realizar verificaciones en los extintores. Entre ellas que se encuentren en su lugar asignado y que no presenten muestras aparentes de daño, que sean adecuados para proteger el riesgo de incendio, que no tengan el acceso obstruido, que sean visibles y que estén señalizados y con las instrucciones de manejo en su parte delantera.

También que las instrucciones de manejo sean perfectamente legibles, el indicador de presión se encuentre en la zona de operación y las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) estén en buen estado. No pueden faltar tampoco ni estar deteriorados los precintos o los tapones indicadores de uso.  Pero sobre todo establece que de forma anual se deben realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120.

Menores

Son cuestiones relacionadas con la seguridad básica de cualquier centro público pero, sin embargo, ninguna de esas operaciones se ha llevado a cabo en los centros escolares de Orihuela al menos desde hace dos años. Además de no recibir respuesta municipal, el Síndic recordó al Ayuntamiento la obligación legal de contar con un servicio de mantenimiento y la especial protección que se exige a los poderes públicos hacia la población menor de edad.  

El bloqueo de siempre

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde indicó que cuando llegó al área la prioridad era dotar a los ascensores de los edificios municipales del contrato de mantenimiento del que carecían. Una vez que el técnico instruyó el expediente y preparó el pliego, con la adjudicación del contrato, se puso en marcha la redacción del pliego para un servicio de mantenimiento de los extintores y sistemas contra incendios y alarmas para todos los edificios municipales, no solo los centros educativos. Siguiendo las pautas establecidas por la intervención municipal que exige englobar los servicios, obras y suministros en un mismo contrato cuando se refieran a la misma materia y que sean adjudicados de forma plurianual. Esto evita el fraccionamiento de contratos, las adjudicaciones a dedo y permite economizar en las prestaciones municipales.

Pliegos

Pero también exige un trabajo previo técnico más completo. Valverde indicó que en estos momentos solo resta realizar la valoración económica de todo el pliego para licitar. No obstante, apuntó a la posibilidad de que cada órgano gestor en su área, por ejemplo la de Educación, pueda plantear un contrato menor para resolver el mantenimiento en los colegios porque se puede considerar un servicio esencial que garantiza la seguridad de las personas. 

Este retraso municipal de meses a la hora de resolver esta carencia en la seguridad de los centros motivó que el asunto llegara a la Fiscalía denunciado por un padre. Denuncia que finalmente fue archivada porque, en un principio, no se contempla relevancia penal en los hechos denunciados.