Orihuela inicia la expropiación del tramo de paseo cerrado en Cabo Roig tras tumbar las alegaciones vecinales

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela ha tumbado las alegaciones de los vecinos de la urbanización Bellavista de Cabo Roig, en Orihuela Costa, que presentaron por la aprobación, el pasado mes de septiembre, del proyecto básico de la apertura del tramo que conecta Aguamarina con La Caleta cerrado por los propietarios y que impide dar continuidad al paseo. Las alegaciones también se presentaron por la necesidad de ocupación de los terrenos mediante un procedimiento de expropiación. Los recursos rechazados fueron presentados por un particular y por una mercantil propietaria de unos terrenos de uso hotelero del entorno y que también serán expropiados.

De esta manera, el consistorio oriolano ha iniciado ese procedimiento de expropiación que puede resultar un camino tortuoso por la negativa de los propietarios de esa urbanización a aceptar un justiprecio más bajo de lo que consideran que debe pagarles el Ayuntamiento. No obstante, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Matías Ruiz, ha sido bastante optimista en el pleno ordinario de este jueves donde se han rechazado las alegaciones, con el apoyo de todos los grupos políticos, ya que confía en poder llegar a un acuerdo con los vecinos y no tener que recurrir al tribunal arbitral, lo que ralentizaría la apertura de esa senda. "Optamos por la vía del mutuo acuerdo, que es la manera más rápida de abrir el paso y creemos que podemos llegar a él", ha asegurado en la sesión plenaria.

Hoja de aprecio

El Ayuntamiento facilitará a los propietarios la hoja de aprecio, que la pueden aceptar o no. "Si no la aceptan será el Juzgado Provincial de Expropiación quien finalmente fije el justiprecio que el Ayuntamiento consignará para poder ocupar los terrenos y ejecutar las obras de urbanización", ha indicado el concejal, consciente de que no será fácil llegar a un acuerdo con los propietarios. "Nos pareció esta vía la mejor y más razonable por no ir por las bravas, como se hizo en su día y que derivó en esta situación", ha añadido.

Tal y como publicó este diario, el Ayuntamiento había valorado en 70.000 euros los terrenos a expropiar que son 227 metros cuadrados junto al acantilado, mientras que los propietarios reclaman 3 millones, dos los vecinos y uno la mercantil. Una cifra que el Ayuntamiento no está dispuesta a pagar. 

De estos, 142 metros corresponderían a los propietarios de las viviendas, con una valoración que hizo en su día el consistorio de 44.000 euros, y el resto a la mercantil Cabo Roig SA por unos terrenos para hostelería y espectáculos. "Si se pagara una cantidad mayor que esa, estaríamos ante un justiprecio abusivo", ha señalado en la sesión la edil del PSOE Milagros Lacárcel.  

Vecinos y visitantes de Orihuela Costa se ven obligados a dar un rodeo de casi dos kilómetros para salvar ese tramo que une Aguamarina con La Caleta de solo 60 metros junto al mar, ya que al llegar a la urbanización Bellavista I en Cabo Roig se encuentran con el tramo cerrado que les impide el paso.

La reapertura de la senda peatonal de Aguamarina a La Caleta va para largo

Costas

El Servicio Provincial de Costas autorizó el 28 de marzo de este año al Ayuntamiento de Orihuela el restablecer el paso que conecta la senda peatonal de Aguamarina con La Caleta en Cabo Roig. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad otorgó la autorización para las obras de conexión del paseo marítimo en zona de servidumbre de protección y fuera de servidumbre de tránsito en el entorno de la urbanización.

Sin embargo, estos trabajos no se han iniciado pese a que el Ministerio para la Transición Ecológica dio un plazo de un año para realizar las obras necesarias para la reapertura del tramo, valoradas en algo más de 100.000 euros. El Consistorio, por falta de crédito, será incapaz de asumir estos trabajos antes de que expire la autorización de Costas el próximo 28 de marzo de 2024.

Así lo ha advertido en el pleno la edil del PSOE Milagros Lacárcel que ha augurado que se inicia un proceso de justiprecio "largo y complicado", y ha advertido de que el Ayuntamiento tendrá que pedir a Costas otra autorización para las obras cuando expire el plazo en marzo de 2024. "En la autorización de Costas se dice que se da un año para hacer estas obras y que actuamos sobre una zona de servidumbre de tránsito que tiene que estar obligatoriamente abierta al paso de peatones y a vehículos de vigilancia y salvamento, por lo que es necesario que está zona esté abierta", ha indicado.

La edil socialista ha lamentado que el equipo de gobierno, de PP y Vox, no se acogiera en septiembre a la recomendación que hizo el secretario del Ayuntamiento de iniciar el procedimiento de urgente ocupación de los terrenos para actuar inmediatamente en la zona, reabrirla y después pagar el justiprecio a los propietarios, y no al revés como se va a hacer. "Esto va a llevar años. Mientras no se indemnice a los propietarios con el justiprecio que se establezca no se podrá abrir el paseo ni hacer las obras", ha indicado la edil socialista.

El concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, ha reiterado que confía en un acuerdo mutuo entre los vecinos y el Ayuntamiento "y queremos hacer las cosas de forma consensuada". "Vamos a hablar con la propiedad y a llegar a un acuerdo", ha indicado con contundencia.

El portavoz de Cs, José Aix, se ha mostrado muy optimista con la próxima reapertura del paseo "y a ver si para el próximo verano tenemos este paso abierto", ha indicado, tras reseñar que es "una reivindicación de los vecinos y de quienes nos visitan".

Un largo contencioso

El residencial fue aprobado antes de la ley de Costas y el PGOU en 1990, que dispuso que la primera línea fuera de equipamiento público. Sin embargo, el Ayuntamiento no expropió este tramo que daba continuidad al paseo de todo el frente litoral. Los vecinos del residencial construyeron un muro en 2013 para cerrar este sendero junto al acantilado y pegado a los jardines de sus viviendas. El gobierno local, a instancias del entonces edil de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, inició en 2013 el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística contra la urbanización, que instaló primero una valla y más tarde un muro, que impedía el tránsito por ese tramo, obligando a realizar un rodeo de dos kilómetros. Avalado por el TSJ, en marzo de 2015 operarios del Ayuntamiento rompieron a mazazos la puerta y el muro para la apertura pública del sendero. Los vecinos de la urbanización lo recurrieron y en 2016 el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche dio la razón a los vecinos, anulando las resoluciones adoptadas al declararse probado que el paseo sobre el acantilado del Residencial Bellavista I nunca fue dominio público y condenando al Ayuntamiento a restituirlo.

El Ayuntamiento, ya gobernado por el PP, no recurrió la sentencia, por lo que pasó a ser firme, aunque la administración local ha ido recurriendo su ejecución. El Servicio Provincial de Costas, en mayo de 2017, señaló que el terreno en Aguamarina está afectado por una servidumbre de paso y, por lo tanto, los 52 vecinos del residencial no lo podían cerrar y debían dejar el paso libre. El 4 de octubre de 2018 se dictó otro auto que ordenaba que se procediera al vallado y restitución del muro demolido, contra el que el Consistorio interpuso un recurso de apelación que tumbó el TSJ en sentencia de noviembre de 2020 en la que señala que el muro se construyó por parte de los vecinos de manera legal al hacerse antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas en la que se basa el Servicio Provincial de Costas para hablar de una servidumbre de paso, y cuyo informe asumió el Ayuntamiento, y condenó al Consistorio a ejecutar la sentencia de 2016 que dicta la reconstrucción del vallado perimetral demolido y anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2013 y el decreto de demolición de 2015.

De ahí que para acatar la sentencia, que obligaba al Ayuntamiento a restituirlo a su estado original, en diciembre de 2021 se volviera a cerrar. Mientras tanto, los vecinos y los muchos visitantes de este rincón privilegiado del litoral oriolano deberán seguir dando un rodeo de dos kilómetros para pasar de un lado a otro en un tramo que apenas tiene 60 metros de longitud.