La reapertura de la senda peatonal de Aguamarina a La Caleta va para largo

La reapertura de la senda marítima peatonal de Aguamarina va para largo. Un plazo muy optimista sería más de un año, y eso si el Ayuntamiento logra finalmente sortear los importantes obstáculos técnicos, económicos y jurídicos que se van a plantear a partir de ahora.

El pleno ordinario del mes de agosto, que en Orihuela siempre se celebra a principios de septiembre, tiene previsto someter a votación la aprobación del proyecto básico de la apertura de la senda que permita reabrirla al paso peatonal, y lo que es más importante, acordar la necesidad de ocupación de los terrenos mediante un procedimiento de expropiación.

Servidumbre de tránsito

Ese camino afectado por la servidumbre de tránsito y de protección de la ley de Costas fue cerrado en 2013 por los vecinos de la Comunidad de Propietarios Bellevista I que cuentan con la propiedad del suelo y señalan que forma parte de la propia comunidad. También del que afecta a la servidumbre de tránsito competencia de la Generalitat y que, al igual que la dirección de Costas del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), no hizo nada por restituir la situación pese a que en las anotaciones registrales de las propiedades advertía de que estaban afectadas por el deslinde. En 2015 el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, sí ordenó su reapertura al considerar que los muros de cierre se habían construido sin licencia y suponían una infracción urbanística no legalizable a demoler.

La propuesta de expediente de expropiación se inició, nada más y nada menos, que el 15 de enero de 2018. Han pasado cinco años y medio. Pretendía apuntalar jurídicamente la voluntad municipal de que fuera una senda a disposición de todos los ciudadanos como el resto de la primera línea de costa en esa zona. Pero mientras no avanzaba ese expediente los vecinos, en torno a 50 propietarios, fueron al juzgado, que fue más rápido que el Ayuntamiento de Orihuela -y ya es mucho decir-. Una sentencia les dio la razón para levantar de nuevo dos muros en ambos extremos.

El camino está cerrado al público en general desde diciembre de 2021. Es para uso exclusivo de los propietarios de chalés. Un cierre que no solo impide disfrutar de ese tramo, sino que también obliga a dar un gran rodeo de dos kilómetros para llegar a la playa.

Lo que se aprueba en este pleno ordinario ni tan siquiera tiene relación con el expediente en sí de expropiación. Sí con el proyecto básico de obras, al que deberá seguir además otro de ejecución.  

Cuánto cuesta

Los vecinos afectados rechazan de pleno la iniciativa municipal. Aunque por motivos no aclarados no aparece en la propuesta municipal, INFORMACIÓN ha confirmado que el Ayuntamiento había valorado en 70.000 euros los terrenos a expropiar -227 metros cuadrados junto al acantilado-, mientras que los propietarios reclaman 3 millones. El jefe de Patrimonio que comenzó el expediente sí aludía a unos informes de valoración en octubre de 2018.

Los titulares del terreno no solo van a estar en contra de esa valoración sino que van a recurrir el principal argumento jurídico del Ayuntamiento para validar la expropiación forzosa: que sea aplicable el criterio de interés general. Consideran que no se ajusta a la realidad.

Alegación

Una alegación que el Ayuntamiento replica en el propio informe admitiendo que ni siquiera se ha iniciado el procedimiento de expropiación, y que por lo tanto no es momento de responderla. El Técnico de Administración General que firma el informe señala en la respuesta de las alegaciones que "no se ha incoado expediente de expropiación alguno, ya que el expediente de expropiación forzosa se inicia con el acuerdo de necesidad de ocupación". Algo que va a ocurrir ahora, con la aprobación en el pleno. "Nos encontramos -aclaraba a los vecinos- ante la aprobación de un proyecto ordinario de obras".

Generalitat

El expediente del proyecto básico de las obras para dar el paso final, tramitado por el anterior concejal de Infraestructuras de Ciudadanos, sí ha avanzado y obtenido el visto bueno de la Generalitat y del Servicio Provincial de Costas del Miteco para el proyecto básico de obras. Incluso Costas da un plazo de un año a la hora de abordar las obras. Pero el expediente de ocupación a aprobar por el pleno va a necesitar tiempo. Ya que previsiblemente generará nuevos procedimientos judiciales tanto para discutir el justiprecio de la expropiación -está claro que en eso no hay acuerdo-, como para discernir la propia justificación del interés público de la reapertura -la afección del deslinde de Costas-. Pasar de lado a lado ese tramo de la costa será siendo privilegio, con bastante probabilidad durante mucho tiempo, de los actuales propietarios del suelo.