La Fiscalía Anticorrupción lleva al juzgado supuestas irregularidades en el plan de 2.000 casas de San Miguel de Salinas

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado una denuncia en los juzgados de Torrevieja en la que señala supuestas irregularidades en la tramitación del plan SUS-A Los Invernaderos para la construcción de 2.000 viviendas y pide al juzgado que sean investigadas. La denuncia se basa en un relato de hechos que puso en conocimiento ante el Ministerio Público la concejala Bienvenida Campillo (Izquierda Unida) a finales de noviembre de 2023.

Burbuja inmobiliaria

La concejala señalaba supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el procedimiento de liquidación del plan urbanístico, por el que se rescató el proyecto tras ser abandonado por la crisis del ladrillo a finales de la década de los 2000 y que permitió después a una mercantil hacerse con la condición de urbanizadora del sector, ahora en construcción, sobre casi medio millón de metros cuadrados. Durante ese periodo el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja ha llevado a cabo diligencias preprocesales secretas de investigación con la declaración de varios funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento. El fiscal podría haber derivado la denuncia de Campillo al juzgado sin más trámites o directamente archivarla, pero decidió en función de su entidad realizar una indagación previa para cerrarla ahora con su propia denuncia.

La denuncia inicial de IU se dirige contra el alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE), el exconcejal de Urbanismo del PP y abogado urbanista Sergio Correa y el exconcejal de Hacienda Raúl Moreno Reina (PSOE), entre otros. También contra tres funcionarios del Ayuntamiento que validaron esa liquidación y que una vez finalizado ese proceso dejaron su puesto.

Almendros

El SUS-A se planteó en un suelo agrícola de secano plantado de almendros. Fue aprobado en 2004, en pleno boom inmobiliario. La Agrupación de Interés Urbanístico encargada de desarrollar este sector estaba encabezada, con otras empresas, por la firma Fincas Altabix 2000, del ilicitano Ramón Salvador -ahora principal moroso de Hacienda en la provincia, a la que debe 41 millones de euros-. Entró en crisis al estallar la burbuja del ladrillo. El urbanizador no pudo pagar los créditos bancarios para la construcción de viales, servicios básicos o alumbrado y muchos propietarios de suelo no pagaron las cuotas de urbanización. La actuación quedó abandonada al 85% de ejecución.

Gestión directa

Tras años de inactividad, el Ayuntamiento asumió por acuerdo plenario gestionar la liquidación del plan para poder rescatarlo y reactivarlo. Inició un procedimiento de cobro en vía ejecutiva que se resolvió por subasta de las fincas a favor de una mercantil que previamente había comprado la deuda a las entidades bancarias acreedoras del préstamo para la ejecución de la urbanización. Lo hizo por valor de 17 millones de euros.

Pero no abonó importe alguno, del precio de la subasta, ya que dicha mercantil era al mismo tiempo acreedora y deudora de ese importe. Y finalmente, además, se ha adjudicado la condición de urbanizadora. Para tramitar el procedimiento de apremio, determinados cargos del Ayuntamiento procedieron «a realizar nombramientos de funcionarios arbitrarios, exclusivamente para llevar a término ese procedimiento», una secuencia impulsada, siempre según los hechos relatados por IU, por las peticiones al alcalde de la empresa que finalmente se ha hecho con el control del plan.

SUMA, desplazada

Un proceso de gestión directa muy complejo para un ayuntamiento pequeño de 7.000 vecinos y del que se retiró expresamente a SUMA Gestión Tributaria, organismo autónomo de la Diputación. Entre el medio centenar de documentos analizados por el Ministerio Público figuran audios de un funcionario en los que se advertía a los cargos públicos que el proceso de liquidación escogido era irregular. Durante el año en el que la Fiscalía ha estado preparando la denuncia a raíz de la comparecencia de Campillo tanto el PSOE en el gobierno en minoría (seis de los 13 concejales), como Vox, que sostiene con sus votos decisiones de gobierno del alcalde Juan de Dios Fresneda, han restado importancia a la investigación del fiscal. En especial durante la campaña electoral, dando por hecho que se archivaría o incluso que ya estaba archivada.

Vox, al rescate

Izquierda Unida presentó una moción en el pleno ordinario de noviembre pasado para que el alcalde cumpliera las recomendaciones e instrucciones que figuraban en un informe de control financiero de la Intervención sobre la liquidación del SUS-A y las "anomalías detectadas en materia de ingresos".

La propuesta podría haber salido adelante. El PSOE cuenta seis ediles, el PP con cuatro, Vox con dos e IU con uno. Vox votó en contra de la iniciativa de IU y a favor de una propuesta alternativa presentada por los socialistas. Y el PP se abstuvo.