El Ayuntamiento reclama al Consell que mantenga el proyecto de centro integrado de Formación Profesional en Guardarmar

PSOE, Vox e IU respaldaron en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Guardamar una moción presentada por el equipo de gobierno socialista para exigir a la Generalitat que mantenga la ubicación del Centro Integrado de Formación Profesional de la Vega Baja en el municipio. La Generalitat ha suspendido de forma cautelar la delegación de competencias que otorgó a Guardamar para redactar y licitar la ejecución del centro, valorado en más de 13 millones de euros porque considera que no está justificada su ubicación en Guardamar. Ahora la infraestructura la reclama el municipio de Torrevieja, gobernado por el PP.

La Corporación de Guardamar está formada por 17 concejales. Nueve del PSOE, seis del PP, y uno para Vox e IU.

Oposición

La oposición mayoritaria del Partido Popular se quedó sola a la hora de rechazar esa moción. Los argumentos de la portavoz popular, Toñi Mora, para oponerse fueron que el proyecto que se avaló por parte municipal en 2019, luego confirmado en 2021 por la Generalitat con capacidad para 700 plazas y 12 ciclos formativos, era «muy rudimentario» y no justificaba su viabilidad.

Mora aseguró que el informe de la Dirección General de Formación Profesional señala que ninguno de los ciclos formativos que se plantean tendría demanda en Guardamar -18.000 habitantes- por la debilidad de su tejido productivo. También se preguntó por qué si el Ayuntamiento dispuso de más un año para redactar el proyecto con una partida de 400.000 euros no hizo.

Una decisión política

Finalmente, Mora, que forma parte de la dirección del departamento de salud de Torrevieja en un cargo para el que fue designada después de las elecciones autonómicas, señaló que la decisión del Consell de Ximo Puig de ubicar el centro en Guardamar «sí fue política» y el PSOE local hizo bandera con el proyecto en plena campaña de las autonómicas. Mora fue más allá y acusó al alcalde, José Luis Sáez (PSOE), de «lloriquear» en los medios de comunicación por la decisión de la Generalitat. Mora matizó que lo que es necesario en Guardamar es la ampliación del actual Instituto de Enseñanza Secundaria "totalmente saturado" y "una planificación de infraestructuras educativas" que no se ha hecho en los últimos años.

Indignación

Sáez, por su parte, mostró su indignación por el hecho de que Mora esgrimiera en el pleno copia física de ese informe fechado en noviembre de 2023 y al que el municipio no ha podido acceder. Cuestionó que el PP de Guardamar degradara la capacidad del tejido productivo local, al asumir el documento. Recordó que el centro se plantea para toda la comarca, es «la inversión más importante para el municipio en muchos años», que llegará a los juzgados si es necesario para defender su viabilidad y aseguró que la postura del PP es una falta de respeto a los vecinos de Guardamar. También aclaró que la financiación del proyecto comienza este año. Y no el pasado. La primera partida de de 400.000 euros figura para 2024 en los propios presupuestos aprobados por el actual Consell, con una financión periódica del proyecto hasta 2027.

En las intervenciones de los miembros del PSOE también se aclaró que el Partido Popular local sí respaldo con su voto en el pleno que el Ayuntamiento de Guardamar asumiera las competencias para arrancar el proyecto, mientras que ahora lo rechazan por mandato del PP en València.

El primer edil, que suele capear las críticas de la oposición casi sin inmutarse desde que asumió la alcaldía en 2015, en esta ocasión señaló en el propio pleno que estuvo a punto de dejar el debate y evitar responder en caliente como le hubiera gustado a la portavoz popular. Aunque el enfrentamiento verbal no llegó a más.

El debate sí se complicó para los populares cuando el concejal de Vox, Ángel Delfín Suárez, realizó una encendida defensa del proyecto y dijo que, si el municipio lo dejaba perder, «lo iba a lamentar». También mandó un mensaje al PP. «Guardamar está por encima de cualquier ideología o partido», aseguró al margen de que Vox gobierne en València con el Partido Popular. "No tenemos por qué compartir la decisión del Consell", aclaró.

Derecha e izquierda

Guzmán Fernández, edil de Izquierda Unida, recordó que la infraestructura está planteada para toda la comarca de la Vega Baja, que siempre, dijo, ha sido marginada por la administración autonómica. Con lo que la inicitiva también era -y es- un intento de vertebración del territorio comarcal e integración en el resto de la Comunidad y respaldó la moción.

La coincidencia en ese apoyo a la moción del partido a la izquierda del PSOE y la derecha extrema de Vox -con los ediles de ambas formaciones ubicados en asientos contiguos en el pleno- también provocó una situación inédita en el pleno. Fernández es el único concejal que emplea el valenciano en sus intervenciones pese que es la lengua materna de más del 70% de los miembros de la corporación.