El pleno de San Miguel de Salinas suspende por unanimidad las licencias a fotovoltaicas para frenar el parque solar de la desaladora de Torrevieja

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha iniciado su estrategia para intentar paralizar el proyecto de instalación de un parque solar destinado a dotar de energía a la desalinizadora de Torrevieja en el suelo agrícola de su término municipal.

En el pleno extraordinario celebrado este viernes todos los grupos políticos han acordado suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en suelo no urbanizable relacionadas con las energías renovables.

Esta suspensión cautelar tendrá una duración máxima de dos años, en los que el Consistorio deberá acometer una reforma de la ordenación urbanística que determine qué zonas de suelo no urbanizable merecen una protección especial por su valor ambiental, cultural, agrológico y paisajístico.

Esta medida forma parte de un paquete propuesto por el Ayuntamiento sanmiguelero, que también incluye la creación de una comisión conjunta para estudiar el caso y decidir los próximos pasos en busca del interés general del municipio, según el comunicado que ha hecho público.

Subdelegación del Gobierno

Además, los líderes de todos los grupos políticos municipales se reunirán a principios de la próxima semana con el subdelegado de Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, y con directivos de la empresa estatal dependiente del Gobierno Acuamed, responsable de la iniciativa.

El objetivo del encuentro es recabar la máxima información posible sobre el anteproyecto presentado por la empresa y negociar soluciones que pasen por la preservación del sector agrícola y el valor paisajístico de la localidad. El Ayuntamiento apenas cuenta ahora con un mapa de localización y un formulario de una consultora medioambiental que apenas ofrece detalles sobre el proyecto.

El pleno ha sido convocado por el alcalde Juan de Dios Fresneda y el punto del orden del día ha sido refrendado por PSOE, que gobierna en minoría, y la oposición de PP, Vox e IU. Un acuerdo de mayoría insólito durante este mandato.

200 hectáreas

La planta solar está prevista sobre más de 200 hectáreas de cultivo en producción entre la AP-7 y la CV-95, en la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja. Es la zona agrícola más rica de San Miguel de Salinas, que cuenta con dotación suficiente de agua del Tajo, de pozo y también regenerada de depuradora y desalada.

Desde el punto de vista jurídico la suspensión podría no ser efectiva si el proyecto se declara de utilidad pública por su interés general, como lo fue el caso de la propia desaladora o las subestaciones eléctricas que ahora le suministran de energía.

La preocupación es grande entre los afectados, empresas agrícolas, pero también propietarios de viviendas en suelo rústico, porque si el proyecto se tramita por esa vía de interés general los terrenos serán expropiados.

Localización

El proyecto, cuya localización se ha desvelado exclusivamente por un plan de participación pública del estudio de paisaje, está promovido por Acuamed, empresa estatal que gestiona las desaladoras, y que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una visita a la planta desaladora de Torrevieja hace unos días, la de mayor producción de Europa, que el parque solar previsto permitirá rebajar el coste del metro cúbico en 4 céntimos de euro. Una rebaja limitada teniendo en cuenta que el coste de producción está entre 0,60 y 1 euro por metro cúbico -en función del precio de la energía y la producción que se decida realizar-. La planta tiene contratada energía eléctrica por valor de 50 millones de euros al año.

La planta desaladora torrevejense se dedica principalmente a producir agua con destino a redotar los cultivos deficitarios de las demarcaciones del trasvase Tajo Segura, en especial del Campo de Cartagena, en Murcia. Tiene capacidad para generar 80 hectómetros al año actualmente, que se van a ampliar a 120. Los regantes reciben el agua subvencionada por el Estado a 0,37 euros por metro cúbico. El margen entre ese precio y el coste total -entre 0,60 y un euro por metro cúbico- lo paga el Estado.

La decisión del Ayuntamiento de San Miguel afecta, por otra parte, a otros proyectos de promoción privada. Es el caso de la planta solar Vega Baja, que ya cuenta con autorización estatal y que ocupa en el término otras 50 hectáreas muy cerca del proyecto de la Administración central, también en suelo de alto valor agrícola. En los últimos dos años el Gobierno ha desestimado varios proyectos de fondos de renovables que situaban las plantas en suelo de secano pero de gran valor ambiental en las laderas del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, también en término municipal sanmiguelero.