Los diputados franceses han aprobado la revisión de la ley destinada a perseguir la piratería en internet, después de que el Consejo Constitucional anulara en junio pasado la primera redacción por considerarla contraria a la Carta Magna.
Los diputados han adoptado la ley con el apoyo de los partidos conservadores y ha contado con los votos en contra procedentes de la oposición ecologista y de izquierda.
El Partido Socialista ha anunciado que volverá a recurrir el texto ante el Consejo Constitucional, que ya le dio la razón en la ley anterior ya que el texto permitía que fuera una comisión administrativa la que dictara las sanciones a los internautas que se descargaran archivos de forma ilegal. Según el Constitucional, esa decisión corresponde exclusivamente a los tribunales.
El juez decidirá
El nuevo texto respalda este principio y establece que sea un juez quien imponga las sanciones, lo que ha rebajado las expectativas de los impulsores del texto. Si inicialmente esperaban proceder a unas 365.000 sanciones anuales, con la lentitud de los procesos judiciales aspiran a un máximo de 50.000.
Estos procesos serán similares a los que establece la ley para imponer multas a los automovilistas detectados por radares automáticos, que no precisan de una intervención de agentes. La sanción será decidida por un único juez y sólo pasará ante un tribunal correccional, compuesto de tres magistrados, en caso de recurso de la misma.
Los parlamentarios han mantenido que el internauta reciba dos advertencias -una por correo electrónico y otra por correo certificado- antes de que se proceda a interrumpir el acceso a la red, al igual que la obligación de seguir pagando el abono mientras dure el corte. La nueva ley mantiene la sanción gradual, que puede ir de una suspensión del acceso a internet de un mes a un año.
El texto prevé que las sanciones sean también aplicables a las descargas ilegales desde teléfonos móviles con acceso a internet.
