El cierre sin previo aviso de la clínica dental Dentix que tenía su sede en la céntrica calle Pintor Picasso de San Vicente del Raspeig, ha provocado un aluvión de reclamaciones ante la Oficina de Consumo (Omic) que gestiona la concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, dirigida por Belén Arques. Las trabajadoras de estas dependencias municipales han palpado desde mediados de noviembre el sufrimiento de unos pacientes que se han quedado sin el tratamiento dental que habían contratado y con problemas odontológicos sin solucionar. Y en la mayoría de casos tras haber contraído deudas de miles de euros con entidades financieras para poder sufragar las intervenciones.

Desde que a mitad de noviembre el grupo de clínicas cerró sus puertas sin aviso previo han sido cientos los sanvicenteros que se han visto afectados por esta clausura. Muchos están a mitad de un tratamiento y pagando un préstamo por un servicio que no se les va a prestar. Y muy pocos con capacidad para buscar un abogado y pleitear, según reconocen en la Omic, que explican que el perfil de afectado es sobre todo de condición humilde y en muchos casos personas mayores, desorientadas ante lo ocurrido.

La oficina de atención al consumidor ha atendido desde noviembre un centenar de reclamaciones de vecinos afectados por este cierre. Y son muchos más los que tienen pendientes de atender, ya que debido a las restricciones por el covid-19, únicamente puede acceder a la oficina y previa cita a una persona.

Desde el primer momento y para poder atender la desesperación de los afectados, los responsables de este servicio municipal han orientado a los perjudicados en todos los pasos que debían dar para tratar de paralizar el pago de los servicios que no están recibiendo. Y en el escrito que presentan ante el juzgado alegan que han sido víctimas de una estafa, ya que la clínica ha cobrado la totalidad del tratamiento pero ellos no lo han recibido.

La oficina de atención al consumidor ha facilitado los trámites a los pacientes de Dentix que han recurrido al Ayuntamiento y para ello ha puesto a su disposición el modelo de documentación que debían de presentar a las distintas instancias. En primer lugar, los afectados han tenido que poner una denuncia, bien ante la Guardia Civil o ante el Juzgado contra la empresa por haber dejado de cumplir con su compromiso con el cliente.

A su vez, obtienen una copia del acta de comprobación del cierre de la clínica que hizo en su día la Policía Local. Y a renglón seguido y mediante burofax se tramita la reclamación con el objetivo de lograr que las financieras paralicen el cobro del crédito.

Una posible compra

Como novedad que supondría la mejor de las noticias para los afectados, la Omic recibía el martes una notificación de que una empresa ha presentado una oferta de compra para hacerse cargo de estas clínicas dentales. En caso de que se materialice esta adquisición, desde la oficina de consumo señalan que volverían a abrir los centros y en ese caso los pacientes podrían acudir con el compromiso de poder reanudar sus tratamientos. Las reclamaciones ya no serían necesarias «pero las damos por buenas», reconocen.

Consumo se basa en el caso de iDental donde se paralizó el pago de créditos

La Audiencia Nacional advertía de la grave situación física y psicológica de los afectados

La experiencia de lo que ocurrió con iDental, otra clínica odontológica que cerró sus puertas sin mediar comunicación con sus pacientes en junio de 2018, ha servido para orientar a los afectados por el actual cierre de Dentix. En este caso, se tomo una medida cautelar de suspensión del pago de los préstamos advirtiendo a las entidades financieras que dejaran de reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vinculados a los tratamientos dentales. Y es lo que pretende el escrito de reclamación que la Omic proporciona a los afectados por el cierre de Dentix.

En la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en septiembre de 2019 se tienen en cuenta circunstancias como la situación económica de las personas perjudicadas. Destaca la grave situación física y psicológica por la que pasan los perjudicados que padecen el incumplimiento de los servicios contratos; y en muchos casos, en una situación urgente de necesidad de solucionar sus problemas odontológicos, y en muchos casos, con la imposibilidad de poder pagarlos; mientras debían pagar el crédito que habían contratado para recibir el tratamiento.