El Tribunal Superior de la Justicia (TSJ) va a investigar si existen irregularidades en el permiso concedido por la Generalitat para la ampliación de la planta de basuras de El Campello. El TSJ ha aceptado a trámite el contencioso de Ecologistas en Acción contra la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ampara las obras se están desarrollando en el complejo de residuos, donde se están invirtiendo 20 millones de euros en ampliar y mejorar las instalaciones. Además de deficiencias en el proyecto y en la aplicación de la legislación vigente, además los ecologistas piden esclarecer la actuación del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que dictaminó contra el permiso pero posteriormente, al pedir el Consorcio Mare una aclaración de la resolución, cambió en su respuesta el sentido del dictamen y dio el visto bueno a la nueva AAI.

Los conservacionistas han presentado este contencioso contra la resolución de la Secretaría Autonómica de Transición Ecológica, que solo estimó parcialmente el recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción y los afectados por el vertedero, contra el otorgamiento a FCC de la modificación no sustancial de la AAI de la planta. La Generalitat aceptó en octubre parcialmente el recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción y afectados por el vertedero y EU, por lo que introducía mejoras en la ampliación de la planta de basuras de Les Canyades. Y además reconocía que se incumplían algunos parámetros establecidos en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad (PIRCV) de 2019, alegando que este se aprobó cuando la tramitación estaba ya muy avanzada.

Pero los ecologistas presentaron en enero este recurso al considerar que el núcleo de sus alegaciones no habían sido aceptadas. Desde la formación manifestaron entonces que "son aspectos secundarios, pues lo principal se mantiene y la resolución es muy cínica y hace aguas por todos lados. Es increíble lo que razona el Jefe del Servicio de Residuos en la resolución, intentando justificar que el proyecto de la AAI presentado por FCC en julio de 2019 no se ajuste al Plan Integral de Residuos de la Comunidad (PIRCV) aprobado en abril de 2019", ya que alegaba que empezó a tramitarse en 2016 y por ello no se ajusta a los parámetros actuales. Además, también rechazaba el riesgo de inundabilidad de las instalaciones cuando los estudios oficiales así lo advierten.

Y además de estas dos cuestiones, el contencioso de los conservacionistas también aborda la extraña actuación del CJC de la Generalitat, ya que este órgano consultivo en su preceptivo dictamen rechazó la modificación de la AAI, pero posteriormente al pedir el Consorcio Mare, que impulsa junto con la empresa FCC que gestiona las instalaciones las obras, una aclaración al Consell Jurídic, este cambió por completo el sentido del dictamen. El pleno de El Campello también ha acordado pedir una explicación a este respecto.