El Campello vuelve a privatizar la grúa municipal tres años después, regresando a un servicio puntual a requerimiento que en el pasado hacía que el Ayuntamiento pagara algunos arrastres a precio de oro, y que causaba retrasos importantes. El sindicato policial SPPLB denuncia que el despido de sus dos conductores es ilegal, lo que además ha causado un gran malestar en la Policía Local, ya que se empeora sensiblemente el servicio y en pleno verano.
Explica que «la edil de Recursos Humanos (RR HH), Lourdes Llopis, ha comunicado el despido a los dos conductores del servicio municipal de grúas, que han cesado el 6 de junio. Para los servicios jurídicos del SPPLB el despido es nulo e ilegal. Y así se ha denunciado ya en la Inspección de Trabajo, a la que seguirán denuncias en los juzgados».
Por su parte el edil de Policía, Rafael Galvañ (PP), explicó este lunes que la medida se basa en un informe de RR HH que alerta de la necesidad de despedirlos o sacar a concurso la plaza, ya que señala que estos empleados no pueden por Ley permanecer más de 4 años en condiciones de contratación laboral.
El sindicato, sin embargo, asegura que «los conductores han prestado servicios continuados por 34 meses, desde el 7 de agosto de 2018. Y tras sucesivas prórrogas se solicitó al consistorio hace varios meses, antes del despido, la declaración de fijeza de sus contratos por fraude de ley, al amparo del Estatuto de los Trabajadores, ya que el servicio tiene la condición de permanente y recurrente. La respuesta del alcalde y su equipo de gobierno ha sido intentar evitar la acción de la Justicia solapando con un despido nulo la reclamación legítima de fijeza de los trabajadores».
Y lamentan que «a partir de este lunes no hay servicio y tenemos conocimiento de que entonces se pone en marcha por el equipo de gobierno un ‘mecanismo más de fraude’ para intentar evitar también el derecho de la subrogación de los trabajadores. Se va a ofertar y cubrir un contrato menor con una adjudicataria a requerimiento, hasta que se haga efectivo el nuevo pliego de licitación del servicio a requerimiento ya publicado por el Ayuntamiento en abril de 2021, por 400.000 euros. Es decir, creen erróneamente que al no estar ya los trabajadores, la nueva empresa no tiene que hacerse cargo de los mismos. Pero no es así, la jurisprudencia otorga esos derechos al trabajador recientemente despedido. Y el SPPLB se lo exigirá a la nueva empresa en los juzgados».
Señala que «los perjudicados por esta ‘cacicada’ van a ser por una parte los vecinos, ya que, al perder un servicio que ha sido eficaz con conductor presencial, ahora tendrán un peor servicio, a requerimiento, por lo que las llamadas de vados y accidentes se atenderán más tarde. También la Policía, que no contará con un servicio preventivo permanente y presencial de grúa para disuadir la doble fila, controles... En definitiva, un despropósito innecesario del equipo de gobierno que demuestra su insensibilidad con los trabajadores y su poco interés por la eficiencia de los servicios públicos».
