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El juez ve indicios de delito en los dos últimos alcaldes de El Campello por trocear contratos

Procesa al primer edil Juanjo Berenguer (PP) y a su predecesor, Benjamí Soler (Compromís), por una supuesta prevaricación en el mantenimiento de una depuradora y una fuente entre 2011 y 2019 - Hay otros tres ediles y una funcionaria investigados

El alcalde Juanjo Berenguer (izq.) y el exprimer edil Benjamí Soler a su llegada al juzgado en 2019. | RAFA ARJONES

Los dos últimos alcaldes de El Campello, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un supuesto fraccionamiento de contratos. El juez ha procesado al actual primer edil, el popular Juanjo Berenguer, y a su predecesor, Benjamí Soler (Compromís), por una presunta prevaricación en el mantenimiento de una depuradora y una fuente, a raíz de una denuncia de Esquerra Unida por la que ya acudieron a declarar como investigados en octubre de 2019.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante ve indicios de delito en la actuación tanto de los dos alcaldes como del resto de investigados, los exediles Alejandro Collado (PP), David Ramírez (Compromís) y Alfred Botella (Compromís), que ocuparon el área de Servicios entre 2011 y 2019, periodo que abarca las pesquisas judiciales. Así, Berenguer está imputado por su primera etapa como alcalde, entre 2011 y 2015, año en el que Soler accedió al cargo, hasta 2019, cuando recuperó la vara de mando Berenguer. También hay una funcionaria investigada, la jefa del área. De los políticos solo siguen en el Consistorio Berenguer y Soler.

Con la incoación del procedimiento abreviado dictada por el juez este jueves se cierra la instrucción, y el siguiente paso es pedir a la Fiscalía y la acusación que ostenta EU que soliciten apertura de juicio oral, con la presentación de escrito de acusación con los delitos y las penas que piden, o su sobreseimiento.

El magistrado en su auto explica que desde 2011 hasta 2019 se han sucedido contratos de mantenimiento de la Fuente del Centenario con la empresa Talleres Iglesias Campello SL, excepto en en 2015, «contratos que superaban los 18.000 euros, produciéndose todos los años informes de la Secretaría, Intervención y Contratación, de reparo de legalidad, advirtiendo de la nulidad del acto de adjudicación, dictándose posteriores decretos de la Alcaldía levantando los reparos y adjudicando los contrato a la mercantil referida».

Y señala que «lo mismo sucede en el espacio temporal reseñado con la contratación del servicio de mantenimiento y explotación de la depuradora Cala Merced a Depuración de Aguas del Mediterráneo, contratos adjudicados sin expediente alguno, emitiendo informes de reparo de legalidad la Secretaría, Intervención y Contratación. Dichos contratos fueron adjudicados de forma directa como contrato menor, propiciando un fraccionamiento para eludir las normas que rigen la contratación en el sector público relativas a la publicidad, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, siendo responsables de dicha actuación», además de los dos alcaldes, los tres citados concejales que ocuparon Servicios, y Laura Climent, jefa de servicio de la concejalía de Servicios, «que visaron las facturas presentadas por las empresas contratadas y en base a lo cual los alcaldes levantaron los reparos para proceder al pago de las facturas presentadas».

Señala que «dado que los hechos pudieran constituir delito (...), se considera procedente continuar por los trámites del procedimiento abreviado». Así, ordena el procesamiento de estas seis personas por una presunta prevaricación, por lo que ahora Fiscalía y EU tiene 10 días para pedir la apertura de juicio y presentar sus escritos de acusación.

Estos pagos que se investigan han ascendido a 460.000 euros en 8 años: 340.000 euros por la depuradora y 120.000 por la fuente. Tanto Berenguer como Soler declinaron este jueves hacer manifestaciones este caso, aunque ante el juez defendieron en su día la legalidad de sus decisiones, y en declaraciones a este medio cuando se iniciaron las pesquisas recordaron que actuaron siguiendo los informes de los técnicos, apuntando además sobre la depuradora que era una competencia de la Generalitat que esta rechazó asumir, y que se abonaba a la empresa que designaba la conselleria.

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