El Ayuntamiento de Alcoy reformará en 2021 la plaza de la Constitución, conocida popularmente como la Rosaleda, cerrando así un proceso judicial que dura ya 16 años. El equipo de gobierno ha incluido en los presupuestos municipales una partida de más de 1 millón de euros para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ratificada después por el Supremo, que obliga a devolver a este espacio público su aspecto original. O más bien, en la medida de lo que es posible, dado que el conflicto parte del controvertido parking construido en esta plaza hace ya casi 20 años y que cambió por completo su fisonomía.
El fallo judicial exhorta en concreto al Ayuntamiento a que restituya la rasante que tenía la plaza antes de que se construyera el aparcamiento subterráneo, así como a reponer la zona verde que en ella existía. El proyecto tiene un coste de 2,2 millones de euros, y la sentencia, tal y como recuerda la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, «debe ejecutarse ya». Por ello, la obra ha sido incluida en las cuentas de 2021, aunque sólo una primera fase, con aproximadamente la mitad del coste, dado que el volumen del montante obliga a tener que dividirlo en más de un ejercicio presupuestario.
El TSJ ordenó en 2005 reponer la rasante de la zona verde de la plaza, sentencia ratificada por el Supremo en 2007
Así, si las previsiones se cumplen, el año próximo arrancarán al fin las obras, exactamente dos décadas después de que comenzara a construirse el controvertido parking que dio origen al largo litigio judicial. La construcción de un aparcamiento subterráneo en esta plaza, iniciada en 2001, fue uno de los primeros proyectos emprendidos por el PP nada más llegar a la alcaldía. Con la ejecución de los trabajos quedó arrasado el parque existente hasta ese momento, una de las razones por las cuales el grupo ecologista La Carrasca inició un litigio ante los tribunales, que se resolvió cuando el parking ya estaba acabado.
El TSJ falló a favor de este colectivo en julio de 2005, decisión que fue recurrida por el Ayuntamiento, gobernado entonces con mayoría absoluta por el PP. Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó en mayo de 2007 la sentencia de la sala autonómica y obligó a devolver la plaza a su estado anterior a 2001 en lo que se refiere a la reposición de la rasante original y de la zona verde, y a la vez manteniendo todas las plazas del parking subterráneo.
El concurso para redactar el proyecto de la obra que se hará ahora se licitó en 2019 y sigue a la espera de ser adjudicado
En la actualidad, el aspecto del entorno es el mismo que cuando se inauguró el aparcamiento; la entrada al recinto propicia que los extremos norte y sur de la plaza tengan niveles diferentes, salvados por una escalinata, y que los elementos verdes se reduzcan a unas jardineras y un minúsculo espacio con unos pocos árboles, mínimo vestigio del parque que había hasta hace dos décadas. Además, se da la circunstancia de que el parking subterráneo no tiene un uso muy significativo, y que los problemas de aparcamiento en la zona no han desaparecido.
En espera del proyecto
La nueva plaza de la Rosaleda deberá basarse en la memoria redactada por el arquitecto Ciro Vidal, consensuada por el equipo de gobierno socialista y La Carrasca y aprobada por el TSJ en mayo de 2018. Más de un año después, en julio de 2019, el Ayuntamiento sacó a concurso la redacción del proyecto, que todavía no ha sido adjudicado. La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, ha señalado tras conocerse la inclusión de la reforma en los presupuestos que se está aún a la espera de su adjudicación, después de que hace algunos meses los técnicos municipales solicitaran una serie de ajustes a los concurrentes.
A falta todavía de conocer detalles sobre cómo será el proyecto para reformar la plaza y de qué forma se ejecutará, la edil reitera que, en cualquier caso, supondrá «el cumplimiento de la sentencia en todos sus extremos». El coste se estimaba inicialmente en alrededor de 1,5 millones de euros, pero finalmente se ha incrementado en 700.000 más. Al respecto, Zamorano señalaba hace algunos meses que ello se debía al beneficio industrial y a la aplicación del IVA. Este sobrecoste ha hecho que la obra vaya a tener que ejecutarse a lo largo de dos años.
En cualquier caso, todo parece indicar que en 2021 se cerrará esta polémica después de dos décadas. En este sentido, la concejal de Urbanismo recordó recientemente que el objetivo de esta reforma era «resolver los problemas de legalidad que sufre este espacio urbano desde que el PP decidiese saltarse la disciplina urbanística y ejecutar una zona verde ilegal».
