Veinte familias de usuarios del geriátrico de Oliver, en Alcoy, demandarán la próxima semana a DomusVi. El despacho de abogados que representa al colectivo está ultimando los trámites para reclamar por la vía civil indemnizaciones por «mala praxis» e «incumplimiento contractual» en el brote que sufrió la residencia en la primera ola de coronavirus y que se cobró la vida de 74 personas mayores. Los afectados, además, han manifestado que se sienten «desamparados» por las administraciones públicas.
El presidente de la Plataforma de Familiares de Afectados de las Residencias DomusVi Alcoy y Cocentaina, José Luis García, ha explicado que finalmente una veintena de familias se han sumado a la demanda colectiva que se presentará la próxima semana en los juzgados de Alcoy por la vía civil. En lo que resta de ésta, ha concretado, el equipo de abogados tiene previsto ultimar los trámites para que así sea.
La residencia de mayores DomusVi de Alcoy, situada en el antiguo Hospital de Oliver, sufrió uno de los mayores brotes por coronavirus de la primera ola de la pandemia, con 74 personas fallecidas. Esta situación llevó a las familias a ponerse en contacto con un despacho de abogados que, tras investigar lo ocurrido, «consideraron que había habido mala praxis y falta de cumplimiento contractual, es decir, incumplimiento del contrato que se firma cuando ingresan los usuarios», ha explicado García.
El objetivo de estas familias es depurar responsabilidades y que se indemnice a las familias afectadas, bien por los daños ocasionados, en el caso de las personas que superaron el contagio, o por las muertes. Pero al margen, el colectivo busca, en caso de que la sentencia sea «positiva para nosotros», que sirva para revertir la concesión de la gestión.
En este sentido, el presidente de la plataforma ha insistido en que se sienten «desamparados por las administraciones públicas», y ha exigido a la Conselleria de Políticas Inclusivas que agilice los trámites para retirar la gestión a DomusVi, aunque son conscientes de que es un proceso «largo y complejo», pero que mientras tanto «cumplan el papel que tiene de inspeccionar las competencias» que han delegado en la empresa. Según ha insistido García, «nos consta que después de todo lo ocurrido están igual o peor en cuanto a falta de personal», una situación que, ha recalcado, «no se puede consentir».
Otro aspecto en el que el representante del colectivo ha hecho hincapié es en las ratios, «la ley es de 2005 y está para actualizar» y ha culpado a la Generalitat de «inacción» en este sentido.
José Luis García ha lamentado que se haya tenido que llegar a una situación «tan grave», en la que 74 personas mayores perdieron la vida, para demostrar que «las denuncias que hicimos en septiembre de 2019 sobre las carencias asistenciales» que habían detectado las familias «eran reales».
El representante del colectivo, en este sentido, ha recordado que ya entonces «se produjeron varios brotes de gastroenteritis que no supieron controlar. Si eso se les iba de las manos, cuando entró el coronavirus pasó lo que pasó». Pese a que el brote de covid-19 en la residencia de mayores de Oliver surgió al inicio de la pandemia, «al mismo tiempo también hubo otros, como por ejemplo en Onil, donde la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) actuó de inmediato, mientras en Alcoy era el personal de la empresa el que en un primer momento atendió a los usuarios». El resultado, ha apuntado García, «fue muy distinto, mientras en Onil hubo 18 ó 20 fallecidos, en Alcoy fueron 74. Llegar a ese punto de tragedia no es casualidad».
Vía civil
Los abogados han aconsejado a los afectados la vía civil «porque es más ágil» y lo que no querían «es eternizar el proceso», máxime teniendo en cuenta el sufrimiento de las familias desde que empezó la pandemia.
La plataforma está contactando con otras asociaciones de afectados para aunar fuerzas y estudiar a nivel nacional «los problemas que tenemos en común». Dado que cada autonomía «tiene sus leyes y ratios, lo que queremos es luchar para que haya unos mínimos para todas las comunidades», ya que después de un año «nos hemos dado cuenta que en ningún sitio ha ido bien». De forma colectiva también quieren reivindicar que «sea un derecho público acceder a estos centros».
La patronal de las residencias amenaza con los tribunales
Aerte reclama que se reanude la vacunación en servicios de salud mental y de dependientes a domicilio
La patronal de las residencias de mayores y servicios a la dependencia, Aerte, amenaza con llevara la Fiscalía la interrupción de la vacunación entre colectivos de viviendas tuteladas de salud mental y de ayuda a domicilio. Afirman que entre las 95 viviendas tuteladas de la Comunidad, la mayoría siguen sin recibir la vacuna.
El presidente del colectivo, José María Toro, destaca que el protocolo de vacunación de la dirección general de Salud Pública recoge que en una primera etapa, en la que la disponibilidad de vacunas será inferior, que «se priorizará al grupo de personas mayores o con discapacidad que viven en residencias y al personal que les atiende». Toro sopesa que «las viviendas tuteladas de salud mental son recogidas de manera inequívoca como recursos residenciales por la Conselleria de Políticas Inclusivas», pero que las personas que residen en viviendas tuteladas de atención a la salud mental, las atendidas por servicios de ayuda a domicilio y los profesionales que atienden ambos recursos, «siguen sin recibir la vacuna contra la covid-19», recalca, aunque se planteó que estos profesionales se vacunarían en el mismo momento que las personas que atienden. En el protocolo figuran en el grupo 3B de personal sociosanitario.
