Vecinos de Benillup han insistido en alertar del riesgo de que se produzcan derrumbes de viviendas hacia el barranco de Caraita, al que se asoman varias de ellas, y que desde hace ya casi dos décadas amenaza cada vez más a la localidad. Los residentes de las casas más próximas al terraplén recalcan que la situación se agrava con cada temporal, pero "a día de hoy, nada se ha hecho", y que si en los próximos meses vuelven a producirse lluvias intensas de manera continuada como las de la pasada primavera "la situación puede ser muy peligrosa".

Los afectados hacen este llamamiento después de que las precipitaciones registradas entre marzo y mayo de este año produjeran nuevos deslizamientos que acercan el desnivel aún más a las viviendas, tras acumularse más de 950 litros por metro cuadrado. Critican la inacción de las administraciones, pese a haber denunciado reiteradamente ante la opinión pública que "la situación es muy preocupante". Y comparan el riesgo que existe en Benillup con el deslizamiento que ha ocurrido este mes de noviembre en la isla italiana de Ischia, en el que han muerto siete personas.

Los residentes recalcan que "en cada episodio de lluvias se produce un incremento de la erosión", y el barranco "sigue avanzando poco a poco, de manera continuada e imparable, hacia el pueblo". Al respecto, recuerdan que "ya está a pocos metros de algunas de las casas", tal y como pudo comprobar este periódico hace algunos meses. Los temporales que puedan producirse en un futuro son susceptibles de complicar mucho más aún este panorama.

Desprendimientos agravados durante las lluvias de la primavera. JUANI RUZ

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Lamentan, además, la pasividad de las administraciones, "a pesar de las respuestas positivas ante la enorme repercusión en los medios de comunicación que el asunto despierta desde el año 2004". El Ayuntamiento sí ha expresado también su preocupación en este tiempo, pero un municipio de apenas 90 habitantes no tiene capacidad económica suficiente como para intervenir. Hay que recordar, en este sentido, que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se desentendió en 2020 del asunto, argumentando que los derrumbes se producen fuera del dominio público hidráulico. Los vecinos han apelado de forma repetida a este organismo, así como a la Generalitat y la Diputación.

Los vecinos hacen hincapié en que "ahora que se habla tanto de previsión es el momento de actuar, para que no tengamos que lamentar que no se ha hecho nada, que se han puesto en peligro las casas del pueblo, e incluso las vidas de las personas que viven". Y reiteran que "necesitamos una solución urgente, ahora más que nunca". "Las administraciones se tienen que preocupar de solucionar los problemas de la gente, tienen que invertir en los pueblos y garantizar su futuro", critican, pero hace ya 18 años que "estamos denunciando la situación y no se ha hecho ninguna actuación, a pesar de las promesas y las buenas palabras".