"Las farmacias de los pueblos pequeños deberíamos ser una prioridad para la Administración"

Manuel Olivert es el titular de la farmacia de Benimassot y presidente de la Asociación de Farmacias Rurales de la Provincia de Alicante (Afarpa), de la que forman parte las 16 oficinas de la demarcación consideradas de viabilidad económica comprometida (VEC). Todas ellas reciben una ayuda que se acaba de incrementar en un 17,5% después de una década, pero lamentan que esto no es suficiente para garantizar su continuidad. El colectivo apela a tener más apoyo de la Administración, y a la implicación material y económica de instituciones como la Diputación para el desarrollo de actividades de tipo sociosanitario, como ya ocurre en Valencia y Castellón.

¿Cómo ven los boticarios rurales el aumento de las ayudas a las farmacias VEC?

Está muy bien, pero han tardado 11 años en aprobarla y además es insuficiente. Tendremos un margen de entre 50 y 100 euros al mes más por farmacia, pero mientras tanto hemos estado sufriendo, y también hay que tener en cuenta que si sube todo tendremos menos margen.

Se dijo inicialmente que el aumento de esta ayuda sería retroactivo, pero finalmente ha entrado en vigor este 1 de enero. ¿Se sienten defraudados?

Dábamos por hecha esa retroactividad, porque era algo que estaba negociado. Pero ahora nos encontramos con que no, que el aumento de las ayudas empieza en 2023. Me parece una falta de sensibilidad.

¿Cree que la Administración no es consciente de las dificultades por las que pasan las farmacias rurales?

La Administración tiene muchos más datos que yo y, por lo tanto, conoce nuestros problemas, pero no actúa, no sé si es que tiene otras prioridades. Es una estructura tan grande que nos cuesta hacernos notar en ella, pero deberían tenernos más en cuenta.

Dábamos por hecho que el aumento sería retroactivo, estaba negociado. Pero ahora nos encontramos con que no. Me parece una falta de sensibilidad

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¿Qué echan en falta en ese aspecto?

Deberíamos ser una prioridad absoluta, considerar que ayudarnos es una emergencia porque estamos en una situación límite. Cada vez somos menos; las farmacias cierran y se convierten en botiquines que dependen de otra farmacia, o directamente desaparecen, dejando al pueblo sin servicio. Como no estés en un pueblo con al menos 500 habitantes [Benimassot tiene 93, y el resto de farmacias rurales están en núcleos con menos de 300], es prácticamente inviable sobrevivir sin ningún tipo de ayuda.

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¿Y qué se podría hacer para revertir esta situación?

La salida provisional sería una ayuda económica, pero la definitiva sería que hiciéramos un trabajo sociosanitario con la gente de los pueblos, complementario a la actividad habitual de la farmacia: revisión de tratamientos y preparación de medicamentos para toda una semana, atención y seguimiento de enfermedades, detección de problemas como diabetes o alzheimer, formación a la población en aspectos básicos... Pero de una forma remunerada, porque eso mismo es algo que ya hacemos, pero sin cobrar nada por ello. Tenemos mucho que hacer a nivel social, y si eso estuviera regulado, no solo haríamos un trabajo del que se aprovecharía la gente de los pueblos, sino que podríamos afrontar con garantías todos los gastos que tenemos. Esto ya ha empezado a hacerse en Valencia y Castellón, con ayuda de las diputaciones, pero en Alicante no.

En Valencia y Castellón las farmacias rurales ya están haciendo un trabajo sociosanitario con el apoyo de las diputaciones, pero en Alicante aún no

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¿Han abordado esta cuestión con la Diputación de Alicante?

Nos hemos reunido con la Diputación, y nos han mostrado la voluntad de ayudarnos, pero se ha avanzado en nada. Y desconocemos por qué motivos cuesta tanto sacarlo adelante, si en las otras dos provincias de la Comunidad sí se ha hecho. Allí ya se están realizando acciones formativas en los pueblos, o seguimientos al estado de salud de la población. Es algo a lo que, además, se ha dado publicidad y está funcionando.

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¿Y con la Generalitat ha habido algún tipo de contacto, de cara por ejemplo a las políticas contra la despoblación que se han puesto en marcha?

Han considerado que las farmacias somos empresas privadas. Y es cierto que lo somos, pero tenemos unas implicaciones públicas muy grandes. Formamos un equipo de salud junto con los médicos rurales, y eso no se valora. Somos una pieza clave y por eso la Administración debería cuidarnos más. Y, en lo que se refiere a los espacios rurales, debemos asumir el reto del envejecimiento. En este sentido, los pueblos son espacios de cuidados, de salud, y por eso se debería estructurar de manera que cada pueblo tuviera su residencia, y con ello su farmacia. Y eso no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de los mayores, sino que generaría puestos de trabajo estables y más actividad en todos los sentidos.

La ley pone ahora a todas las farmacias al mismo nivel, cuando nuestro trabajo es muy diferente al que se realiza en un entorno urbano

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Pero para eso también sería necesario un cambio legislativo...

Sí. Queremos que la legislación se adapte a las necesidades específicas de la farmacia rural. La ley ahora nos pone a todos al mismo nivel, cuando nuestro trabajo es muy diferente al que se realiza en un entorno urbano. En teoría no podemos llevarles a los usuarios las medicinas y otros productos a sus casas, pero en un pueblo como Benimassot y otros muchos, ¿cómo no vamos a hacerlo con las personas que tienen problemas de movilidad? La ley también dice que podemos irnos de vacaciones, pero la farmacia no puede cerrar, así que en la práctica no puedo irme de vacaciones... ni ponerme enfermo. Esto se podría solucionar estableciendo turnos de guardia diurnos entre farmacias de pueblos cercanos, igual que se hace por las noches. Hay que valorar estos y otros posibles cambios en la normativa que nos favorezcan.