Las deudas por impago están dejando a casi un centenar de familias alicantinas en la calle cada mes. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Palacio de Justicia de Benalúa tramitó en enero 93 desahucios y lanzamientos en Alicante capital, Sant Joan y El Campello, el doble que en el mismo período de 2009 y la tendencia es que siga al alza como consecuencia del ahogo económico que sufren numerosas familias. Estos datos -a los que habría que sumar las ejecuciones hipotecarias, que se tramitan aparte- son un reflejo del daño que está causando en la sociedad la actual coyuntura económica.
Los juzgados tramitan prácticamente el doble de desahucios que hace un año ya que la morosidad que arrastran numerosas familias y empresarios está obligando a las entidades de crédito o a los arrendatarios a reclamar las deudas mediante procedimientos de embargo o el desalojo de la casa impagada.
Según explica el responsable del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Pedro Luís Sánchez, el dato de lanzamientos durante el mes de enero supone un aumento del 88% respecto al mismo mes del año pasado. Apunta que en los juzgados se está experimentando una proliferación de órdenes de desahucio y procedimientos de embargo "realmente preocupante". Asegura que el elevado número de notificaciones por estos asuntos ha desbordado el servicio que dirige, motivo por el que acaba de solicitar a la Conselleria de Justicia a través de un informe un aumento de la plantilla, que lleva estancada desde el año 2005 pese al repunte de trabajo. "Es una situación que está saturando el servicio de notificaciones, pero esa es la consecuencia de la triste realidad que está en la calle ya que muchos sujetos no pueden hacer frente a sus créditos, a sus alquileres y a sus hipotecas", afirma Sánchez.
Desde la Audiencia Provincial, su presidente, Vicente Magro, explica que desde 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis, la coyuntura económica está dejando casos "muy tristes", sobre todo porque a muchos alicantinos les han venido las deudas por sorpresa. "Ahora hay familias que se ven en la calle y que no podían imaginar hace tres ó cuatro años que fueran a quedarse sin trabajo", explica, y añade que es precisamente desde 2007 cuando se han disparado los asuntos civiles, que han aumentado hasta un 70% con la crisis. El presidente de la Audiencia también destaca que hay que diferenciar entre la familia que realmente no puede pagar de la figura del "moroso profesional", que es el que vive adeudando alquileres sabiendo que cuenta con un plazo para ocupar la casa hasta que se produce el desahucio, y que también ha proliferado con la crisis.
Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), su delegado en la provincia, Carlos Zarco, tilda de "alarmante" el número de personas que acuden al servicio de asesoramiento por miedo a ser desahuciadas ya que arrastran procesos de embargo desde hace meses. "El número de embargos se ha cuadruplicado en sólo dos años", indica. Explica que notan que ha llegado un punto en el que el "verdadero trabajo" se realiza en el ámbito psicológico. "Llega gente destrozada, muy nerviosa, con problemas de insomnio porque las deudas les comen y temen quedarse sin nada", afirma.
