El juez que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una de las piezas separadas del caso Brugal, ha citado a dos directivos de Bancaja y CAM, a un empresario y a un abogado para que declaren como imputados a finales de julio.
Estos cuatro se suman al redactor del PGOU, Jesús Quesada, que ha iniciado hoy la ronda de comparecencias de imputados ante el titular del juzgado de instrucción número 5, Manrique Tejada, y a quien seguirán el constructor Enrique Ortiz (4 de julio) y la mujer de éste, María Manuela Carratalá "Maleles" (5 de julio).
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se trata del director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja cuando se investigaron los hechos, José Cortina, quien será interrogado el próximo 20 de julio.
La fiscalía Anticorrupción considera que Cortina puede ser responsable de recibir información privilegiada, así como de influenciar, diseñar y conseguir, a través del constructor Ortiz, que se revolviera a su medida aspectos relevantes de la redacción del PGOU para salir beneficiado con unos terrenos en La Condomina.
Podría haber cometido los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario y otro de tráfico de influencias.
Un día después, el 21, declarará el director general de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM) en 2008, Daniel Gil, a quien el fiscal imputa los mismos delitos que Cortina por unos terrenos en la partida de Aguamarga para el proyecto frustrado de la Ciudad de la Economía.
El día 27 deberá declarar el tercero de los imputados: Bernardo Campos, quien además de empresario el fiscal considera amigo del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.
Campos podría haber cometido un delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario por una venta frustrada en La Condomina.
Además, el juez Tejada interrogará el día 28 a Jorge Yacobi, abogado representante de unos inversores armenios interesados en comprar terrenos dentro del PGOU.
