La alcaldesa, Sonia Castedo, no dio explicaciones ayer sobre el grado de amistad que mantiene con el empresario Enrique Ortiz en el pleno en el que EU planteó que la regidora debe abstenerse en las adjudicaciones de servicios municipales al empresario por su relación con él. La sesión coincidió la reapertura de la causa judicial por presuntas irregularidades en torno al Plan Rabasa adjudicado al promotor, que se suma a la del Tribunal Superior de Justicia por la presunta filtración de información privilegiada sobre el Plan General al empresario.

La regidora abandonó el salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante tras la sesión inicial en la que se debatió el informe de la Sindicatura de Cuentas para no volver al segundo pleno, en el que se debatió la petición de EU para que la regidora se abstuviera de participar asuntos municipales vinculados a Ortiz. Los concejales del PP optaron por cerrar filas en torno a la primera edil y defender su legitimidad para participar en las adjudicaciones y trámites municipales en los que el empresario figure como interesado pese a la amistad existente entre ambos. Una amistad reconocida por ella misma y que, según Esquerra Unida y PSOE, tiene el grado de "íntima" que recoge la ley como motivo de abstención de los cargos públicos.

Ese fue el motivo esgrimido por el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, para pedir la recusación de Castedo en los asuntos vinculados a Ortiz, pidiendo que se abstuviera en cualquier votación o toma de decisión referente al proceso de adjudicación de la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos -a la que opta una UTE participada por el empresario- o en la aprobación de reconocimientos de crédito para pagar facturas por servicios que presta para el Ayuntamiento. Recusaciones que el PP rechazó en bloque, mientras que EU y PSOE las respaldaron y UPyD prefirió abstenerse argumentando que si existe o no amistad íntima entre ambos es algo que deben dirimir los juzgado.

El vicealcalde Andrés Llorens, salió en defensa de Castedo asegurando que no se ha aportado documentación "que acredite" ese grado de relación que se esgrime en las recusaciones y tomando como base un escrito de la alcaldesa en el que sostiene: "No existe entre Enrique Ortiz y yo una relación de amistad íntima que obligue a mi abstención en el procedimiento, permitiendo la relación que mantengo con dicho señor el ejercicio legal y objetivo de mis competencias".

Según Pavón, aunque la regidora no haya aludido al término amistad "íntima" ese grado "se deduce fácilmente de sus propias declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia" en la causa por las presuntas irregularidades en torno al Plan General en la que tanto ella como Ortiz, así como el exalcalde Luis Díaz Alperi, están imputados, entre otros. Al respecto, Pavón recordó las declaraciones realizadas por la regidora en las que alude a la relación "familiar" que mantiene con el empresario desde hace 15 años.

Tanto desde EU como desde el PSOE aludieron también a los viajes que han realizado juntos, a los presuntos regalos que habría recibido la regidora por parte del promotor y a las palabras afectuosas que ambos intercambian en las conversaciones recogidas en el sumario del Caso Brugal para justificar que el grado de amistad que mantienen Castedo y Ortiz "la inhabilita" para participar de cualquier forma en asuntos vinculados al empresario.

Pavón recordó que en una de las conversaciones telefónicas entre ambos, Ortiz se refiere a Castedo considerando que está "mimosina" y ella se despide de él llamándolo "bombón". El vicealcalde, Andrés Llorens, le replicó que "quien la conoce -a Castedo- sabe que esa palabrería es habitual de ella". Llorens cargó contra Pavón acusándole de centrar su discurso "en Ortiz, Ortiz y Ortiz" demostrando una "manía persecutoria" sin, según dijo, "preocuparle la ciudad".

Llorens fue quien salió en defensa de la alcaldesa en su ausencia, después de que la regidora anunciara un día antes que "para no tensar" había optado por no asistir al pleno sobre su recusación, que se celebró a continuación de un sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas en el que sí estuvo. Un argumento que Pavón calificó de "absurdo" al entender que la regidora "ni podía asistir ni intervenir porque, de lo contrario, el pleno sobre su recusación hubiera sido nulo".

El portavoz de EU mantiene su postura de que la regidora "está inhabilitada y deslegitimada" para influir en la toma de decisiones sobre asuntos en los que pueda figurar como interesado Enrique Ortiz y que, según Pavón, son muchos teniendo en cuenta que, entre otros temas, está detrás de Rabasa y de numerosas contratas municipales.

Al respecto, Pavón aseguró que volverá a recusar a la alcaldesa para que no intervenga en el punto del próximo pleno ordinario en el que se aprobará una modificación presupuestaria para pagar facturas a empresas participadas por el empresario Enrique Ortiz.