Las más de 10.170 mujeres de la Comunidad Valenciana que abortaron por decisión propia en 2011, el último año del que se tienen datos, habrían cometido un delito si la ley que planteó el viernes el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón hubiera estado en vigor. Cerca de 250 hubieran hecho lo mismo por abortar por graves anomalías en el feto, y 44 de ellas hubieran quedado también fuera de la ley por deshacerse de fetos incompatibles con la vida sin los dos informes médicos preceptivos que ahora se exigen. Así, la norma que vuelve jurídicamente a 1985, pero de forma aún más restrictiva, habría condenado a nueve de cada diez valencianas que interrumpieron su gestación (10.589 en total). Solo 119 lo hicieron porque el embarazo suponía un grave riesgo para la vida de la madre, la única excepción, junto con la violación, por la cual será legal abortar en España en el futuro.

Cada año mueren 47.000 mujeres como resultado de interrupciones de embarazo inseguras y millones más resultan lesionadas, algunas de ellas de gravedad y de por vida, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo de España (ACAI). Casi todas esas muertes y lesiones ocurren en países con leyes de aborto altamente restrictivas, añade la institución. En este sentido, la Comunidad será una de las más afectadas por esta norma, «condenando a la mujer a la clandestinidad», como han señalado miembros de partidos de la oposición. La valenciana es la cuarta autonomía a la cabeza en cuanto a número de interrupciones del embarazo, por detrás de la andaluza (23.281), catalana (21.474) y madrileña (20.702).

Así, la mayor parte de los abortos se producen por voluntad de la madre, como se observa en el gráfico que acompaña estas líneas. A partir de ahora eso cambiará, porque el proyecto de ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, que inicia ahora su trámite parlamentario y que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, convierte el aborto en delito y no en derecho, como recogía la norma anterior, de 2010.

La reforma contempla la eliminación de la posibilidad de abortar en caso de malformaciones si estas no provocan la muerte del bebé, o sea que 253 niños habrían nacido en 2011 en la Comunidad con serias dificultades con la ley Gallardón.