Una quincena de brigadas de la Policía Local escoltará a los camiones de basura para tratar de garantizar la recogida mínima de residuos durante la huelga, que arrancará en la media noche del domingo si trabajadores y empresa no alcanzan un acuerdo. Ayer seguían sin lograrlo porque, según los trabajadores, la reunión mantenida el jueves con el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, les «abrió los ojos» para defender el mantenimiento de su convenio laboral por estar recogido en el pliego de la contrata. Ese fue, según el comité de empresa, el detonante que les hizo dar marcha atrás y renunciar al preacuerdo firmado con UTE Alicante apenas 24 horas antes. El concejal de Atención Urbana, por su parte, lo niega y asegura que cuando acudieron al encuentro ya tenían intención de mantener la huelga.
De esta forma, el paro indefinido sigue adelante. El Consell ha fijado unos servicios mínimos de un 50% en la recogida de residuos y de un 35% en la limpieza de la ciudad. Los trabajadores garantizan que se dará prioridad a la limpieza de hospitales, colegios y mercados. Para tratar de mitigar los posibles problemas de insalubridad, el Ayuntamiento de Alicante se plantea habilitar puntos por toda la ciudad donde se concentren los contenedores. También se instará a los grandes productores de residuos a que los lleven directamente al vertedero de Fontcalent. En cuanto a los vecinos, con quienes se reunió ayer Llorens, las principales recomendaciones pasan por mantener «el máximo tiempo» posible los residuos en casa, sobre todo «los cartones, envases y vidrios». Si el paro se prolongara durante varios días, se tomarían otras medidas sanitarias para evitar plagas de insectos o roedores.
Así lo explicó ayer el vicealcalde Llorens tras la reunión mantenida con responsables y técnicos municipales de las áreas de Seguridad y Sanidad, así como de las Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Protección Civil para coordinar las acciones ante una posible huelga. La reunión se liquidó en menos de una hora, justo antes de que comenzara la protesta que los trabajadores de la concesionaria habían convocado en la puerta del Ayuntamiento de Alicante -hoy volverán a concentrarse- tras el fracaso del tribunal de arbitraje.
Tal y como informó este diario, después de que los sindicatos firmaran un preacuerdo con la empresa -se garantizaban los sueldos y puestos de trabajo, pero se planteaba una paulatina reducción de la plantilla al no cubrir las vacantes y una reducción de 43 a 37 días de vacaciones, entre otras cuestiones- los trabajadores votaron el jueves en contra del mismo y acordaron mantener la huelga. ¿Qué cambió el rumbo de la huelga en ese interín? Según el comité de empresa, fue la reunión que mantuvieron con Llorens y sus técnicos lo que favoreció su cambio de postura.
En un comunicado presentado ante el Tribunal de Arbitraje, los sindicatos esgrimen que en el encuentro con el edil se les informó de que «algunos derechos», como los días de vacaciones que perdían con el preacuerdo con la empresa, la penalización en el proceso de bajas o la congelación salarial, «no deberían de producirse puesto que todo ello viene asumido por el canon municipal que se le abona a la empresa y por lo tanto debe respetarse a los trabajadores». Por último, los representantes laborales aseguran sentirse «estafados» en las negociaciones y piden a la mercantil «que se atenga a las recomendaciones impulsadas por el área de Atención Urbana y reponga a los trabajadores la aplicación del convenio y sus derechos» si quiere evitar la huelga.
«El preacuerdo se anuló a raíz de la reunión con Llorens y sus técnicos porque nos abrieron los ojos», sostiene el presidente del comité de empresa de CC OO, Mariano García, quien incidió en que «el Ayuntamiento está pagando» por algunos de sus derechos recogidos en el pliego de condiciones de la nueva contrata por lo que «no estamos dispuestos a perder nuestro convenio».
Por su parte, Llorens aseguró que cuando el comité de empresa se reunió con él «ya tenía previamente intención de ir a la huelga y de dar marcha atrás al preacuerdo», así como que ya conocían que el pliego de condiciones de la nueva contrata, «al que tienen acceso desde hace un año», tenía como base su convenio «y así lo recogían en un escrito que trajeron a la reunión». Al respecto, negó por su parte haber realizado cualquier «juicio de valor o apoyo a sus reivindicaciones» y acusó al comité de «utilizarle». Llorens señaló que se compromete al mantenimiento de los puestos de trabajo y los sueldos, pero se desmarca del conflicto asegurando que «es un problema entre trabajadores y empresa».
Según el acta del comité de arbitraje, la mercantil admite que el pliego de condiciones de la contrata recoge los 8 días de vacaciones por exceso de jornada de los trabajadores, hay otros servicios y costes que no se incluyen y que corren a cargo de la empresa. Por ejemplo, «el coste del excedente de 25 trabajadores que la empresa se ha comprometido a mantener» y asume directamente. También otros aspectos referentes al absentismo laboral o a la antigüedad. «Todos estos puntos no están soportados por el canon» que el Ayuntamiento le paga a la empresa, por lo que justifican que sus negociaciones con la plantilla han ido encaminadas a «intentar cuadrar los costes» que no asume el Ayuntamiento con ajustes del convenio colectivo «en los puntos que no lleven aparejados despidos o reducciones salariales».
Desde el PSOE, Gabriel Moreno, acusó a Llorens de «meter la pata y, prácticamente, empujar a la huelga». Al respecto, señaló desconocer «la estrategia del equipo de gobierno» y aprovechó para pedir el rescate de la contrata, algo que también hizo el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, quien dio su apoyo a la huelga. Mientras, el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, reclamó «transparencia».
