El Síndic critica la gestión de los ayuntamientos con la lista de espera de dependientes

Desoladores. Así califica el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana los datos aportados por los ayuntamientos de la provincia en cuanto a resolución de solicitudes de dependientes que necesitan ser valorados para acceder a uno de los recursos que contempla la ley. José Cholbi señala que el número de peticiones valoradas es «insignificante». El defensor del pueblo valenciano abrió una investigación después de que la Conselleria de Igualdad encargara la pasada primavera a los trabajadores sociales de los ayuntamientos de la provincia la tarea de valorar a los dependientes. Un plan piloto que está previsto se extienda a Valencia y Castellón con el que se quiere acabar en el año 2018 con la enorme lista de espera de personas esperando una valoración y que sólo en la provincia de Alicante asciende a 3.828.

No obstante, en el informe del Síndic de Greuges se pone de manifiesto que entre principios de mayo y finales de julio, el número de valoraciones hechas por los trabajadores sociales es de 105. Cholbi también pone el acento en el hecho de que muchas de estas solicitudes llevan años esperando en los cajones, y cita como ejemplo el Ayuntamiento de Alicante, donde se arrastran expedientes desde hace años (ver tabla anexa).

Los informes que ha recibido el Síndic por parte de los ayuntamientos «evidencian las dudas e inseguridades jurídicas, así como la dificultad para iniciar los procedimientos de valoración, en parte por la imposibilidad de acceder a los datos de las aplicaciones que la conselleria utiliza para la gestión de la dependencia». Además, los consistorios, «echan en falta instrucciones respecto a la forma de actuar para desbloquear la situación y ordenar el procedimiento de valoración». Los consistorios también han trasladado al Síndic su preocupación «porque el coste económico de las nuevas tareas excede al importe de la subvención de la conselleria». Además, «no esconden su inquietud por la obligación de desempeñar una función de coordinación que afecta a otros municipios y para la que no existe respaldo legal». Todo ello, añade el Síndic, «sin saber si habrá continuidad del procedimiento a partir del 1 de enero de 2017».

Por todo ello, el Síndic urge a adoptar medidas normativas y organizativas «para que se puedan iniciar las funciones de valoración de acuerdo con el nuevo marco de competencias previsto por la conselleria. Cholbi también reclama un documento de encomienda de gestión donde se recojan todos los detalles y que se revise el modelo de financiación previsto en la Ley de la Dependencia «con el fin de hacer viable su aplicación efectiva».