Los máximos representantes de las confederaciones autonómicas de padres de alumnos de centros escolares tanto públicos como concertados han decidido dar el paso definitivo para llevar a los tribunales el decreto de plurilingüismo del Consell, pese a los cambios de última hora dados a conocer por el conseller para ampliar las horas de inglés en los centros que estudien en castellano.
Tanto Ramón López, presidente de Covapa -centros educativos públicos-, como Julia Llopis, presidenta de Concapa -centros educativos concertados-, han firmado los correspondientes poderes con sus respectivos notarios para que los abogados procedan.
Califican de "maquillaje" la posibilidad de que los centros amplíen dos horas y media el inglés en comunicación oral e insisten en que su demanda se centra en la libertad de elección de los padres sobre la lengua vehicular en la que aprendan sus hijos.
Ambos han acordado, no obstante, apurar al máximo el plazo de que disponen para recurrir el plurilingüismo, que cumple el jueves día 6, por si en las próximas 48 horas recibieran alguna respuesta por parte del president de la Generalitat, Ximo Puig, al que han solicitado por escrito previamente que demore la aplicación del decreto de la enseñanza de las lenguas para acordarlo «por consenso».
EL presidente de los padres de centros públicos da poderes al notario
Si no les llegan noticias del Consell respecto a la solicitada demora, los gabinetes jurídicos de ambas confederaciones de padres presentarán el recurso contencioso ante el TSJ.
La asamblea de la confederación de centros públicos Covapa, mayoritariamente de la provincia de Alicante, respaldó este sábado con un 82% de votos favorables la decisión de acudir a los tribunales en primera instancia.
«El Consell representa tanto a los ciudadanos de Pilar de la Horadada, donde se expresan más en castellano, como a los valenciano-parlantes, por eso le pedimos un consenso en la enseñanza de las lenguas», explica López.
Y añade que "contra lo que se nos quiere atribuir, este no es un recurso contra el valenciano, sino ante la ausencia de libertad de las familias para decidir la lengua vehicular en la que aprendan nuestros hijos. No abogamos por decidir el currículo».
Ramón López lamenta que ante un tema «que es tan sensible, el mismo Consell que entiende que las familias deben tener la última palabra sobre la jornada continua, ahora les ha dejado sin voz para elegir la lengua vehicular en la que aprendan sus hijos».
