La causa que sentará en el banquillo al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri y a dos de sus asesores por fraccionar contratos ya está camino de la Audiencia. La magistrada Maria Luisa Carrascosa ha acordado elevar al órgano competente para celebrar el juicio el llamado caso Comercio, en el que a los tres acusados se les imputa un delito de prevaricación. Una vez recibidos los escritos de acusación y de defensa sólo quedaba ya enviar todo el proceso a la Audiencia Provincial.
La Fiscalía reclama una pena de diez años de inhabilitación para el exalcalde Gabriel Echávarri por prevaricación y para sus asesores Lalo Díez y Pedro de Gea; mientras que la pena que reclama el PP, que ejerce la acusación particular es de doce años y seis meses de inhabilitación para el exalcalde y siete años para cada uno de los exasesores. Las defensas de los tres acusados se limitaron a presentar un escrito en el que negaban las imputaciones y reclamaban la absolución de todos ellos. Aunque la juez consideraba que había indicios para juzgar a los asesores por un delito de usurpación de funciones, ninguna acusación quiso reclamar penas por este cargo, para el que se prevén entre uno y tres años de prisión en el Código Penal.
La magistrada María Luisa Carrascosa acordó la apertura de juicio oral el pasado mes de abril por las presuntas irregularidades en la contratación de servicios en la concejalía de Comercio, después de que los técnicos alertaran de un presunto fraccionamiento de contratos en la gala del Comercio y la campaña de Navidad de 2016, así como la nueva imagen de los mercados municipales.
Ajustar agendas
Una vez que la causa llegue a la Audiencia deberá salir a reparto entre las cuatro secciones penales que hay en Alicante, que deberá ser la que fije la fecha para la celebración del juicio. Las agendas están ya muy apretadas para el próximo año, por lo que es complicado que pueda señalarse la vista antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019.
Como ya publicó este diario, el fiscal considera que hubo «un fraccionamiento deliberado y reiterado» por parte de los tres acusados para las facturas investigadas para eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa.
Según el Ministerio Público, estas contrataciones debieron haber sido tramitadas legalmente mediante concurso público en lugar de contratos menores. «Si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios», argumentaba en su escrito de acusación.
En este sentido, señalaba que por la cuantía de los contratos los importes fueron fraccionados «indebidamente» para ajustarlas al límite cuantitativo del contrato menor. Las 25 facturas bajo sospecha, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, sumaban cerca de 180.000 euros.
Según el fiscal, las negociaciones y acuerdos relativos a cada uno de los ?? expedientes de contratación fueron decididos por Echávarri y llevados a cabo por personal de su confianza: Pedro De Gea y Lalo Díez, el primero en su condición de asesor de la concejalía de Comercio y el segundo como jefe de gabinete de Alcaldía. Cuando ocurrieron los hechos, las competencias de Comercio fueron asumidas personalmente por el entonces alcalde. En el escrito de acusación, se recalcaba que la profesión del exalcalde es la de abogado. Según el relato del Ministerio Público, aunque De Gea y Díez carecían de funciones ejecutivas o decisorias, actuaron en nombre y con el consentimiento pleno de Echávarri, despachando todos los asuntos con sus asesores y siendo el autorizado legalmente de las facultades que permitieron concretar las contrataciones.
Echávarri, que tuvo que dimitir por sus procesos judiciales, tiene pendiente una segunda causa también por prevaricación, por haber despedido a la cuñada del entonces portavoz del PP y hoy alcalde de Alicante, Luis Barcala, después de que éste denunciara en la Fiscalía el presunto fraccionamiento de contratos. La juez le ha procesado por este delito y en estos momentos está pendiente que la Audiencia se pronuncie sobre el recurso del exalcalde.
