Suma y sigue. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado ya el proceso para plasmar por ley, negro sobre blanco, la restricción o, incluso, eliminación de los trasvases de agua entre cuencas y, en concreto, desde la cabecera del Tajo hacia la cuenca del Segura, la más deficitaria de España. La iniciativa comenzará a tomar forma antes de final de año en el proyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y más a largo plazo en otra ley, la de Transición Hidrológica, según ha avanzado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Equo, Juantxo López de Uralde.

Los planes del ministerio, que han vuelto a encender los ánimos de los regantes de la provincia, se desvelaron tras una pregunta del diputado sobre la situación del Tajo, y se enmarcan en la decisión del Gobierno de recortar los trasvases con base en los cálculos de los expertos, que prevén un reducción de hasta el 30% del agua que circula por los ríos debido al cambio climático. En su pregunta, López de Uralde denunció que el Tajo atraviesa su peor crisis, azotado por la merma de reservas en los pantanos de cabecera a causa del trasvase Tajo-Segura, la contaminación a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, y por el exceso de consumo de los regadíos del Tajo medio.

El Gobierno recuerda en su respuesta que en España está vigente una normativa que no es interpretable respecto a la transferencia de agua desde los embalse de cabecera de la cuenca del Tajo hasta la cuenca del Segura. Por lo tanto, mientras la norma actual esté en vigor, el Gobierno adoptará las decisiones que estén avaladas por los criterios técnicos correspondientes.

Sin embargo, la intención que tiene el Gobierno es la de aprobar un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de que termine este año sustentado en «un análisis científico que ofrecerá un escenario de país diferente al que se ha venido utilizando hasta ahora», según el Ejecutivo, que subraya que «sería irresponsable seguir manteniendo los mismos mecanismos de gestión de los recursos. Por eso, al proyecto de ley le seguirá una Ley de Transición Hidrológica que marcará la clave para poder trabajar en un escenario de reducción de disponibilidad hídrica de entorno a un 20% o 30%, que son las cifras que manejan los expertos, y en el que será cada vez menos viable recurrir a las transferencias externas de recursos».

El Gobierno ya ha recortado desde 2016 casi a la mitad el envío de agua de Tajo a la provincia al pasar de los 38 hm3 mensuales que hubieran correspondido con las antiguas normas de explotación, en vigor hasta octubre de 2016, a los apenas 20 hm3 que se aprobaron en el último trasvase. Lejos quedan los tiempos en que cada años llegaban a Alicante 400 hm3 al año del Tajo.

José Andújar, presidente de la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana y vicepresidente del Sindicato de Regantes de Tajo-Segura, subrayó ayer, en este sentido, que «es una vergüenza cómo nos está tratando la ministra Teresa Ribera, a la que vamos a tener que bautizar como la desaparecida. Desde que tomó posesión no ha sido capaz de reunirse con ningún regante en España», subrayó Andújar, quien ayer tampoco recibió esperanzas del ministerio sobre el trasvase puntual del Tajo para este mes de noviembre. «He llamado a Madrid y me han dicho que el director general no vuelve hasta el viernes con lo cual difícilmente se va a reunir la comisión de técnicos. No es de recibo que tengamos que pelear mes a mes por un agua que nos corresponde por ley. Además, las reservas están muy bien porque está lloviendo».

Por su parte, Ángel Urbina, presidente de la comunidad de regantes de San Enrique y portavoz de la comisión técnica del agua de la Diputación, señaló que «la dejadez, intolerancia y mala fe de nuestros gobernantes van hacer que por el trasvase Tajo-Segura solo circule para beber Albacete y que no le falte a las Lagunas de Ruidera. Quieren, sí o sí, que utilicemos las desaladoras, o sea la desolación. Sin los trasvases del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó, nuestra provincia se muere».