El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido al alcalde, el popular Luis Barcala, el expediente y la información relativa al cumplimiento del pliego de condiciones del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante y su ejecución por parte de la contrata adjudicataria UTE-LIMPAL. "Después de la denuncia presentada y ante la desidia del concejal responsable nos surgen numerosas dudas que exigen respuesta", explica la portavoz socialista, Eva Montesinos.
Según un comunicado, los socialistas aseguran que su pretensión es conocer "si es cierto que se han reducido horas a los trabajadores, forzándoles a realizar más tareas y si se han ampliado los trabajos al asignar aulas de nueva creación sin contratar personal para realizar ese aumento de limpieza diaria". Montesinos señala que al PSOE le "preocupa bastante que el pliego pueda estar incumpliéndose también en lo referente al baldeo de colegios, la limpieza de persianas y el servicio de barridos".
Lo socialistas también piden, a través de un escrito presentado por registro, las certificaciones de las horas realizadas y el documento de pago de las mismas. "Han pasado varios meses desde que se presentó la denuncia y el señor Cortés sigue sin dar las explicaciones pertinentes. Estamos acostumbrados al ritmo de trabajo del Partido Popular, pero la situación es insostenible y no podemos seguir permitiendo que su inacción paralice la ciudad", explica la edil socialista, quien recuerda que Barcala "no responde a las peticiones de información de la oposición, por lo que "si fuese necesario" apunta que el PSOE volvería "a acudir al Sindic de Greuges" para evitar que se "vulneren sus derechos".
Hace casi dos meses, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante recibió un escrito de denuncia, presentado por un ciudadano, en el que se alertaba de posibles irregularidades en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, un contrato que está a cargo de una UTE (Limpal) formada por las empresas Clece y Fissa desde el primer trimestre de este año. El contrato, formalizado el pasado enero, tiene un coste de unos 14,2 millones de euros anuales y un plazo de ejecución de dos años, con una posible prórroga de dos ejercicios más.
El escrito, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Felipe Briones, subrayaba posibles "responsabilidades administrativas" derivadas del "incumplimiento sistemático" del pliego de condiciones del servicio, además, también destaca supuestas «responsabilidades penales" por una posible "malversación de caudales públicos" por parte, entre otros, de quienes "en el desempeño de sus responsabilidades municipales" les corresponde la acción de vigilar el "adecuado seguimiento y cumplimiento en todos sus aspectos del pliego de condiciones".
Es decir, el escrito apunta hacia la adjudicataria del servicio por, supuestamente, no cumplir con lo recogido en el contrato firmado hace menos de un año y contra el Ayuntamiento de Alicante (que durante el periodo de vigencia del contrato ha estado dos meses en manos del PSOE y, desde el pasado abril, del PP) por no ejercer, supuestamente, la tarea de fiscalización sobre el estricto cumplimiento del pliego del servicio.
