La derecha rechaza crear una nueva comisión para la recuperación de la Memoria Histórica en Alicante

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado hoy una moción impulsada por el PSOE para crear una nueva comisión que se encargue de finalizar las tareas pendientes en la recuperación de la Memoria Histórica en Alicante, tras los pasos dados el pasado mandato con la retirada de calle franquistas del callejero alicantino.

La propuesta ha sido desestimada con los 16 votos que suman los concejales del equipo de gobierno (compuesto por el PP y Cs), junto a los dos ediles de Vox. Los representantes del extripartito de izquierdas (PSOE, Podemos y Compromís, que hoy solo ha contado con un representante por la renuncia al acta de Sonia Tirado) han votado a favor.

El socialista Manuel Marín ha defendido que todavía quedaban cuestiones por resolver para aplicar la Ley de Memoria Histórica en la ciudad, y en esa posición han coincidido tanto el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, como su homólogo de Podemos, Xavier López, quienes han enumerado cuestiones como la necesidad de completar la sustitución de denominaciones de calles y la revisión del papel de determinados monumentos, en alusión por ejemplo al de Aguamarga.

También han abogado por potenciar el homenaje a las víctimas del bombardeo del Mercado Central o al viaje hacia el exilio de los últimos republicanos a bordo del buque Stanbrook desde el Puerto de Alicante. Además, han instado a aprovechar la oportunidad que supone la instalación en Alicante de la sede del Instituto de la Memoria creado por la Generalitat, para poner en valor el hecho de que fuese la ciudad en la que se dio por concluida la Guerra Civil.

Tanto el concejal de Cultura, Antonio Manresa (Ciudadanos), como la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, han replicado que la moción que se traía a debate pretendía crear una comisión similar a la que ya se acordó durante el pasado mandato. Ambos han insistido en que los trabajos de esa comisión se completaron en 2018 y se dio por extinguida, después de que se sustituyesen las denominaciones de calles con referencias franquistas.

Vox, al margen

Por otro lado, el pleno ha finalizado aprobando una declaración institucional promovida por la izquierda en defensa de los derechos del colectivo LGBTI, que ha sido rechazada únicamente por los concejales de Vox. La propuesta, de la que se ha excluido un punto por ser contrario a la ley ("Este pleno se compromete a interponer la oportuna denuncia por delito de odio ante cualquier iniciativa de los partidos políticos integrantes de esta corporación que pueda ser interpretada como persecución, discriminación y señalamiento de personas LGTBI"), apuesta por "reconocer la lucha por los derechos LGTBIQ+ y asumir el compromiso de impulsar las medidas necesarias para erradicar la discriminación y la violencia hacia las personas LGTBIQ+, condenando expresamente la persecución social y legal de las personas LGTBIQ+", además de "condenar la persecución social y legal del colectivo LGTBIQ+ en cualquier país del mundo y especialmente aquellas agresiones lgtbfóbicas a las que estamos asistiendo en las últimas semanas, poniendo desde el Ayuntamiento de Alicante todos los medios para prevenir y atajar esta violencia en nuestra ciudad".

Aprobando la iniciativa firmada inicialmente por el PSOE, Podemos y Compromís y a la que después se ha sumado el equipo de gobierno, el pleno ha rechazado a su vez "aquellos pactos políticos que llevan en sus agendas la reversión de derechos sociales y el vaciado o eliminación de las leyes que protegen el colectivo LGTBIQ+, que se están planteando en algunas Comunidad Autónomas del Estado español por partidos de ultraderecha", pese al reciente acuerdo alcanzado por el PP y Cs con Vox en la Comunidad de Murcia.

La iniciativa, por último, insta a que el Ayuntamiento de Alicante promueva "la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ dedicando nombres de calles y plazas a personas referentes activistas de esta lucha".

Limpieza

En el capítulo de ruegos y preguntas, la izquierda ha preguntado al gobierno por la situación de la limpieza en la ciudad y por la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, entre otras cuestiones. El concejal de Limpieza, el popular Manuel Villar, ha criticado a la oposición por supuestamente censurar el cambio de organigrama recientemente impulsado en el área municipal, además de sostener que no le va a "temblar el pulso" para promover sanciones a los ciudadanos que incumplan las ordenanzas, como tampoco a la empresa adjudicataria si no cumple el actual pliego de condiciones. "Vamos a apretar al máximo la contrata, porque el contrato puede dar más de sí", ha afirmado Villar, en alusión a un contrato que finaliza en dos años y que ha reiterado que no se prorrogará.

El edil popular, por otro lado, ha insistido en que se "mejorará la maquinaria", una iniciativa recogida en el pliego que ya anunció el PP al llegar al gobierno hace algo más de un año, y ha adelantado que la auditoría contable se adjudicará en breve, "cuando Intervención decida". Por su parte, la auditoría de servicio, que Barcala también aseguró que se realizaría por una empresa externa y cuya tramitación se inició en la recta final del pasado mandato, finalmente se encargará a los funcionarios municipales. La realización de este control del servicio fue un caballo de batalla de Ciudadanos durante sus cuatro años en la oposición durante el pasado mandato.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha tomado la palabra en este punto para reconocer de nuevo que la situación de la limpieza en Alicante se encuentra "muy lejos de lo que exigen los vecinos", además de tender la mano a los grupos de la oposición para "trabajar juntos" para intentar dar una solución a un problema que ha afectado a los últimos gobiernos en Alicante: "Propongo trabajar en un problema del que somos todos responsables y que tenemos la obligación de solucionar".

El pleno ha arrancado con tres minutos de silencio por los 15 asesinatos machistas producidos en España desde el último pleno ordinario.