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El ingreso mínimo vital beneficiará a 43.000 hogares de la provincia con pocos recursos

La medida intentará rebajar una pobreza que en Alicante afecta a casi el 31% de los hogares. El Gobierno prevé destinar unos 3.000 millones a las prestaciones, con una cuantía media de 4.400 euros anuales

Vecinos del barrio del Cementerio de Alicante hacen cola para recibir comida.

Vecinos del barrio del Cementerio de Alicante hacen cola para recibir comida. ALEX DOMÍNGUEZ

El ingreso mínimo vital permitirá paliar su situación económica a unos 43.000 hogares de la provincia con pocos recursos, según las estimaciones que maneja la Conselleria de Hacienda a partir de los datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Alicante será, según prevén las administraciones, la demarcación de la Comunidad Valenciana con mayor número de beneficiarios de esta prestación, atendiendo a que su tasa de pobreza, del 30,9%, supera ampliamente la media autonómica del 27,6%. En el conjunto del territorio valenciano se prevé llegar a unos 100.000 hogares.

El Gobierno estima que más de 831.000 familias podrán beneficiarse en toda España del ingreso mínimo vital, lo que significará que más de 2.300.000 personas perciban un ingreso que les ayude a salir de la pobreza. Se calcula que casi la mitad, 1.050.000 personas, se encuentra ahora mismo en situación de pobreza extrema, con una renta inferior a 2.950 euros anuales. Asimismo, otras 550.000 sufren una pobreza muy alta, con unos ingresos que no superan los 4.350 euros al año.

La nueva prestación supondrá para ellas y para los aproximadamente 700.000 beneficiaros restantes recibir en torno a 4.400 euros anuales. La cuantía exacta, no obstante, se determinará en función de las características de cada hogar y sus necesidades. El montante global asciende a unos 3.000 millones de euros, de los cuales alrededor de 130 irían a parar a la provincia de Alicante.

En la Comunidad, según los datos más recientes del Portal Estadístico de la Generalitat -que, a su vez, analiza la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística-, hay 1.356.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las cuales 112.500 viven solas y 530.800 conviven en hogares con dos adultos e hijos a su cargo. Alrededor de 193.000 hogares tienen unos ingresos inferiores a los 9.000 euros. De ellos, más de 122.000 corresponden a personas que viven solas. Y dentro de este sector de la población destaca el de los mayores de 65 años con ingresos bajos, más de 62.000.

Buena parte de todas estas personas podrán beneficiarse de las prestaciones del ingreso mínimo vital. La medida puede tener especial efecto en algunas comarcas de la provincia de Alicante, donde, cabe recordar, la cantidad de personas en situación de pobreza es muy significativa. Tal y como reflejan los datos del Portal Estadístico de la Generalitat, la precariedad económica afecta a un 32,3% de los habitantes de la Vega Baja y a un 31,3% de los de la Marina Alta. Estas comarcas tienen una renta media por unidad de consumo de 11.524 y 11.900 euros, lejos de los 13.843 de media provincial y más aún de los 15.038 del conjunto de la Comunidad.

Fuentes del Gobierno inciden en que «la reducción de la pobreza y la desigualdad es una asignatura pendiente en España» y que, por ello, el ingreso mínimo vital nace con el objetivo de «no dejar a nadie atrás». Según estas mismas fuentes, no se trata de «una prestación al uso», sino de «un conjunto de políticas articulada en torno a una prestación». Defienden que «prácticamente erradicará la pobreza extrema y fomentará la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica», y que, además, «sienta las bases para un nuevo diseño de políticas de inclusión en España: focalizadas, evaluables y coordinadas».

El ingreso mínimo vital se podrá solicitar a partir del 15 de junio y, para las solicitudes que se presenten en un plazo de tres meses, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de junio. Durante el mes de junio se actuará de oficio, fórmula a través de la cual se espera llegar a 100.000 hogares. El pago de la prestación será mensual, de manera que se realizarán 12 pagas. Asimismo, fuentes del Ejecutivo destacan que los beneficiarios «estarán obligados a participar en las estrategias de inclusión» que promueva el Ministerio «en el ámbito de sus competencias».

Una crisis social

El Real Decreto-Ley que regula el ingreso mínimo vital, a cuyo borrador ha tenido acceso a este periódico, señala que la puesta en marcha de esta prestación como fórmula para corregir las desigualdades económicas en la población «se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del covid-19» y el estado de alarma declarado ante esta situación. Y, en este sentido, señala que «más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad».

El Gobierno hace hincapié en que los contextos de crisis «proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población más vulnerable e insegura», cuyos ingresos son inestables y que «está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales, vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo». Por ello, la situación de pobreza estructural y las consecuencias socioeconómicas de la crisis del covid-19 «exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional», función que cumplirá este ingreso mínimo vital.

La prestación, abunda el Ejecutivo, nace con el objetivo de «garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica». Además, la califica como «una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia la una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad». También insiste en que es una política que «protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto» y que hará de «seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo». Y se hará, añade, con la «necesaria implicación» de las comunidades autónomas y las entidades locales en este «compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio».

El Gobierno rechaza que la Comunidad cogestione el desarrollo de la renta

El ministro Escrivá defiende que se priorice al País Vasco y Navarra y dice que son los únicas preparadas para ello

La reclamación en euskera de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para que el Gobierno cogestione con la Comunidad Valenciana el ingreso mínimo vital se ha topado con una negativa rotunda por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá defendió el viernes por la noche en una entrevista en la Ser que el Gobierno priorice al País Vasco y Navarra en el codesarrollo de la nueva renta de inclusión porque, a su juicio, son los únicos territorios preparados para desplegarla de forma rápida y eficaz por el hecho de tener esquemas propios «que funcionan bien», a diferencia del resto de comunidades, donde los resultados son «bastante limitados y dispares».

Escrivá aseguró que en las demás autonomías, entre ellas la valenciana, «no existe la certidumbre y la convicción de que sean capaces de desplegar la prestación muy rápidamente», mientras que en Euskadi «hay una tradición de muchos años con una renta de garantía de ingresos muy bien hecha y con mucha eficacia». «No es exactamente igual a la nuestra, pero es un esquema muy interesante y nos da toda la confianza de que en el País Vasco y Navarra va a funcionar bien», dijo el ministro, que también apeló a la «singularidad foral» para cerrar filas con el convenio de colaboración que va a firmar el Gobierno únicamente con estos territorios, una circunstancia que ha provocado un hondo malestar en la conselleria de Políticas Inclusivas de Mónica Oltra, al considerarse que se produce un trato diferenciado.

Escrivá se ha limitado a señalar que «en el futuro» se estudiarán las fórmulas de cogestión del ingreso con el resto de autonomías «cuando tengamos más tranquilidad de analizar de qué forma». «No se trata de una batalla de competencias. Las comunidades van a tener un papel fundamental, pero se trata de desplegar la renta mínima muy rápidamente y con eficacia y eso es lo que hemos priorizado», insistió para defender el criterio del Gobierno.

«Centralistas incompetentes»

Las palabras de José Luis Escrivá no fueron precisamente bien acogidas por parte de diferentes instancias en la Comunidad, sobre todo en las filas de Compromís. Entre las voces críticas destacó la del presidente de las Cortes, Enric Morera, quien se refirió en la red social Twitter al Gobierno de manera sarcástica como «menudos 'amigos'» y censuró que el ministro dijera «que los valencianos no estamos preparados» para gestionar de forma conjunta el ingreso mínimo vital. A su juicio, por parte del Ejecutivo «no saben lo que es cooperar. Son centralistas incompetentes puros y duros. Ni el PP se hubiese atrevido».

Más conciliador se mostró, en cambio, el síndic del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, quien defendió que la Comunidad ha sido «vanguardia con la Renta Valenciana de Inclusión» en toda España. Por ello, consideró que ningún valenciano tiene motivos «para haber deseado nacer en País Vasco o Navarra» ya que, según dijo, «tenemos garantías que nos ponen en primera línea».

En ese sentido, Mata señaló que «se van a evitar las duplicidades» entre ambos ingresos, y que la nueva renta «liberará recursos» que harán posible que se puedan llevar a cabo más políticas sociales en la Comunidad. También destacó que los mecanismos de cooperación y de gobernanza entre Consell y Gobierno «han funcionado excepcionalmente» y se han escuchado las reivindicaciones de la Generalitat.

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