Pisos grandes con terraza y unifamiliares con jardin, el nuevo perfil de demanda de vivienda tras el covid-19

Un informe del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante constata que la pandemia del covid-19 ha cambiado la mentalidad y las preferencias de los consumidores en los últimos meses en relación a la vivienda. Los API han constatado un mayor interés por pisos amplios con terraza y por viviendas unifamiliares con jardín cercanas a la costa, de las que la provincia de Alicante presenta una extensa oferta.

Además, la implantación del teletrabajo va a hacer que muchos ciudadanos de la España interior y de países del Norte de Europa se planteen trasladar su residencia definitiva a zonas de buen clima y costa, como Alicante. "Si España consigue que no se produzca un rebrote importante de coronavirus en los próximos meses, nos podemos encontrar incluso con la oportunidad de atraer compradores más jóvenes, que complementen al perfil más habitual de jubilados que eligen la costa Blanca para retirarse", afirma Marife Esteso, presidenta de los Apis.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante espera un importante aumento de la actividad en el mercado inmobiliario con la vuelta de la movilidad a nivel nacional y el inicio de la apertura de fronteras. Las agencias inmobiliarias ya han completado las primeras semanas de vuelta al trabajo, en las que la actividad se ha mantenido en unos niveles aceptables, aunque no comparables a la registrada hace un año.

"No se ha producido una caída total de la actividad, como algunos vaticinaban, pues se están haciendo bastantes visitas y se están cerrando operaciones de compraventa. El protagonismo ahora mismo es del cliente local de la provincia de Alicante, que no había podido comprar ni alquilar durante los meses de confinamiento", explica Marifé Esteso, presidenta del Colegio API de Alicante.

En este sentido, Esteso señala que los precios de la vivienda se han mantenido estables desde el inicio de la crisis sanitaria, una tendencia que espera que se mantenga hasta finales de año. Los API se muestran confiados en que la llegada de ciudadanos de toda España y de los primeros extranjeros van a suponer una reactivación del sector inmobiliario. "La situación sanitaria es mejor de la que se preveía hace un par de meses y, además, se da la circunstancia de que España ha pasado de ser uno los países más afectados por el coronavirus a ser actualmente uno de los territorios donde la situación está más controlada", indica Esteso.

La presidenta del Colegio API de Alicante subraya que la provincia ofrece una imagen de seguridad ante el cliente extranjero, ya que sigue siendo un destino con buen clima, bien conectado y con un sistema sanitario de calidad. "Estamos convencidos de que parte de las ventas a extranjeros que no se lleven a cabo por la crisis económica se van a compensar con aquellos que están buscando un lugar con buen clima, playa y seguridad donde pasar posibles futuros rebrotes de la enfermedad", argumenta.

En el caso de la promoción de viviendas, la desescalada ha servido para garantizar que se cumplan con compromisos (entrega de viviendas), pendientes, pero hay otro tema que urge resolver, como es la concesión de licencias. «Existe demanda pero las promociones no se ponen en marcha de la noche a la mañana. Hace falta la licencia y la financiación. Si no existe la primera, no se pueden cerrar ventas y los bancos para darte el crédito piden que tengas vendida el 50% de la promoción», reitera Jesualdo Ros, secretario general de Provia.

Ros reclama que los «ayuntamientos deben salir de su burbuja y mover las licencias y licitaciones. Es un tema estratégico porque existe demanda y en nada que se muevan se pueden generar trabajo con rapidez. Por poner un ejemplo. Si activaran ya todas las licencias que tienen pendientes de aprobar desde 2019, aunque luego hubiera que incorporar algún matiz, la creación de empleo sería inmediata porque tenemos mucha demanda de vivienda, sobre todo de extranjeros. Es algo que nos ha sorprendido», apunta el secretario general de los promotores inmobiliarios.

Provia y la Asociación de Promotores Constructores de España exigen, por otra parte, desarrollar unnuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el Plan 20.000, adaptando su dimensión a la nueva situación a través de la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva, lo que aumentaría la oferta de vivienda y generaría un alto volumen de empleo.

Eficiencia energética

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha remitido a la Comisión Europea la nueva actualización de la "Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España" conforme a lo establecido en el artículo 2.bis de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios (modificada por la Directiva (UE) 2018/844).

En la estrategia, se establece una hoja de ruta con escenarios de intervención, medidas e indicadores de progreso, para la rehabilitación del parque edificado, la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de alta eficiencia energética y la descarbonización del sector en 2050.

España presentó su primera Estrategia en 2014, realizó la primera revisión en 2017 y ahora, tres años después, como establece la Directiva, se procede a su actualización, adaptando su contenido a las nuevas directrices. La apuesta por la rehabilitación energética de la edificación es uno de los objetivos fundamentales de la UE, como queda reflejado en el "Green Deal" o Pacto Verde que la Comisión Europea presentó a principios de año, en el que el la "Renovation Wave" tiene un papel protagonista.

El sector de la edificación, en su conjunto (residencial y terciario), supuso aproximadamente el 30% del consumo de energía en España: en 2018 -último año del que se disponen datos-. El peso de la edificación residencial fue del 17,1% y el del terciario del 12,4%. El objetivo a 2050 es reducir en 36,6% el consumo de energía final del sector de la edificación en 2050 respecto al consumo actual, pasando de los 304.276 GWh actuales (67% corresponden al sector residencial y el 33% restante al sector terciario) a 192.728 GWh en 2050, y que el consumo de energía procedente de fuentes fósiles, que se sitúa actualmente en torno a los 126.211 GWh (72.448 GWh en el sector residencial y 53.763 GWh en el sector terciario), se reduzca a prácticamente cero en 2050.

En el sector residencial los ahorros se producirían fundamentalmente en los usos de calefacción y ACS, que representan de media actualmente más del 60% del consumo de las viviendas. El objetivo a 2030 es disminuir el consumo de energía final en el sector residencial en 26.394 GWh, reduciendo el consumo correspondiente a los usos térmicos (calefacción y ACS) en 21.910 GWh. El escenario base planteado implica la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y ACS, con una inversión total de 25.951 millones de euros.

En términos de creación de empleo, este iría creciendo a lo largo de la década, comenzando por 33.000 empleos el primer año y concluyendo con 88.000, en paralelo al incremento del número de viviendas rehabilitadas.

La Estrategia también contempla medidas de rehabilitación en los hogares de situación de pobreza energética, un problema social que afecta a más de 3,5 millones de personas en nuestro país.

En el sector terciario el objetivo de ahorro de energía para 2030 de 10.000 GWh. En la Estrategia se prevé un ahorro de 2.915 GWh, respecto del escenario tendencial, en los usos de climatización, ACS e iluminación, con una inversión total de 3.671 M€, centrada en gran medida en la mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Administración Pública (estatal, autonómica y local).

En la estrategia se desarrollan un importante paquete de medidas, necesarias para la consecución de los objetivos, estructuradas en los siguientes ejes de acción: Impulso de la coordinación sectorial, desarrollo normativo y medidas administrativas a favor de la rehabilitación energética, rehabilitación de los edificios de las administraciones públicas y otras medidas ejemplarizantes, financiación pública, fomento y movilización de la financiación privada, lucha contra la pobreza energética, despliegue de un nuevo modelo energético en el sector de la edificación y modernización del sector de la rehabilitación.