Con el «en ningún caso», el «de ninguna manera», el «nunca» y el «en absoluto», en respuesta a las siete preguntas que previamente había preparado con su abogado, zanjó ayer Luis Díaz Alperi su participación en el proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante donde está acusado de corrupción. Una declaración de cuatro minutos de quien durante trece años fue la primera autoridad de esta ciudad y sobre el que pesa una petición de una década de cárcel por supuestamente haber facilitado al empresario Enrique Ortiz datos del PGOU cuando aún no eran públicos a cambio de regalos, entre ellos un viaje a Creta que ayer el promotor negó haber pagado.

Con todo, es más de lo que se esperaba del exregidor a tenor de la actitud que desde que comenzó el juicio mantiene en la sala de vistas donde permanece sentado, en el lugar asignado para ello siguiendo el protocolo covid, como si nada de lo que allí se está cociendo fuera con él. Ni cuando se habló del peliagudo asunto del viaje se le movió un músculo a un expolítico otrora campechano y dicharachero.

Nada que ver con la puesta en escena del empresario que, como aviso para navegantes de lo que vendría después, apareció por la plaza del Ayuntamiento en dirección a la Audiencia caminando tranquilo y a cara vista, sin mascarilla tras la que parapetarse ante los periodistas que le esperaban micrófonos y cámaras en ristre. Y así accedió al edificio judicial sin que nadie le dijera nada aun cuando se vio obligado a pasar varias veces por el arco de seguridad hasta que el artilugio funcionó.

Con un moreno que resaltaba sobre el blanco de su camisa, Ortiz encaró su primera declaración sobre estos hechos desde que comenzaron a investigarse (hasta ahora se había acogido a su derecho a no testificar) con una aparente serenidad que no logró alterar el fiscal anticorrupción Felipe Briones, su azote en los últimos años tanto en este proceso como en el del plan zonal de la Vega Baja, pendiente aún de juzgar, o el primigenio de los aparcamientos que el Tribunal Superior acabó archivando antes de llegar a juicio.

Con una pose relajada (incluso llegó a colocar a ratos el brazo sobre el respaldo de la silla desde la que estaba testificando), el empresario aprovechó las preguntas del acusador público para contar al tribunal su versión de la historia e intentar desmontar las tesis de las acusaciones, aunque solo respondió a la pública.

Y lo hizo con tan buen tino que su abogado, Francisco Ruiz Marco, pesadilla de los magistrados por su incontinencia verbal, solo tuvo que colocar la guinda sobre un pastel que se había horneado al calor de las respuestas que su cliente fue dando a Briones. El fiscal, nada más comenzar el interrogatorio, tuvo que tragarse dos sapos: la negativa de Ortiz a declarar sobre el contenido de los pinchazos a su teléfono y al de su mujer y el zasca de la presidenta del tribunal, Montserrat Navarro. La juez, al manifestar el fiscal el perjuicio que le acarreaba la negativa del empresario, le espetó: «Pues tenía que haber previsto un interrogatorio alternativo, si no lo ha hecho, hasta aquí ha llegado».

Y mientras tanto Ortiz, tranquilo, proclamando a quien le quería escuchar: «Yo vengo aquí a que me absuelvan porque llevo doce años condenado».