Los efectos de la crisis del covid -miedo a subirse al autobús y el tranvía- sobre el transporte urbano en los municipios de la provincia está siendo demoledor hasta el junto de que las empresas han perdido en torno al 40% de sus viajeros respecto a 2019, lo que se traduce en unas pérdidas de unos 25 millones de euros, que será la cantidad que reclamará la provincia al fondo de 275 millones creado por el Gobierno para tratar de resolver el problema en toda España. Alicante y Elche, con 18 y 12 millones de pasajeros al año en los autobuses urbanos son los municipios que más sufren la crisis hasta el momento. Pese a que poco a poco se trata de recuperar la normalidad las cifras están ahí: Alicante cerró el verano con un 35% menos de pasajeros en los autobuses urbanos respecto al verano del año anterior, según los datos que maneja el Ayuntamiento y Elche prevé haber perdido hasta final de año 3,9 millones de pasajeros, lo que se traduce en una pérdida por tarifa ordinaria de 4,8 millones de euros.
En ciudades como Alicante, el miedo utilizar el transporte público, las clases online en la Universidad y el teletrabajo han provocado que el transporte colectivo esté en un 65% en relación a octubre de 2019, es decir, se ha perdido el 35% de los viajeros. Menos clases presenciales y más esfuerzo de los padres para llevar a los hijos a los polideportivos y evitar así posibles contagios explican la coyuntura, aunque tanto los autobuses como tranvías son seguros y se desinfectan a diario.
En otros municipios como Torrevieja, su Ayuntamiento calcula que se ha perdido entre un 10% y un 15% de la afluencia, pero todavía no se ha cuantificado cuánto supone en pérdidas.
El Gobierno aprobó hace un mes un fondo de 275 millones de euros para financiar el déficit extraordinario de los servicios de transporte público de las entidades locales motivado por el covid-19. El objetivo del fondo es garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público esencial para todos los ciudadanos y la viabilidad del tejido empresarial necesario para su prestación. El fondo se podrá ampliar hasta 400 millones de euros, si el importe inicialmente asignado resulta insuficiente para paliar los efectos derivados de la pandemia en el transporte público local. En su conjunto las pérdidas económicas que arrastran los ayuntamientos por el descenso de pasajeros está sobre los 25 millones de euros.
En la ciudad de Alicante, el descenso de la ocupación de los autobuses urbanos ha provocado una perdida de 6,5 millones de euros, pero según los cálculos del Consistorio alicantino la cantidad podría alcanzar los 10 millones de euros, que el Ayuntamiento reclamará a cuenta de ese fondo. El transporte público urbano en Alicante mueve 18 millones de pasajeros al año (2019), pero este año las cifra se va a reducir drásticamente. Las líneas más utilizadas del transporte urbano en Alicante son la 3 (Ciudad de Asís-Colonia Requena), 1 (San Gabriel-Ciudad Elegida) y 2 (La Florida-Sagrada Familia), que transportan, respectivamente, el 23, el 12 y el 11% del total de viajeros la red de los autobuses de color rojo.
En cuanto al TRAM, los tranvías desplazaron en agosto a 688.063 viajeros, cifra que representa un 58,94% de los desplazamientos realizados el mismo mes del año pasado, cuando se alcanzaron 1.167.456 pasajeros. Este resultado supone un descenso del 41,06% respecto al mismo mes del año anterior. Ferrocarriles de la Generalitat espera que los datos de septiembre puedan mejorar pero se mantiene la incertidumbre.
El Gobierno prevé cubrir el déficit que se haya producido hasta finales de 2020, como consecuencia de la reducción extraordinaria de los ingresos asociados a la venta de billetes, reducción motivada por la drástica reducción de la demanda, así como por los costes extraordinarios causados por las medidas de prevención, limpieza y desinfección y por la limitación de la ocupación de los vehículos por motivos sanitarios.
Por su parte, el Senado ha dado un paso adelante para desbloquear el proyecto para reforzar la financiación del transporte público en la ciudades pero no se abordará hasta 2021. En septiembre de 2018, una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados dio al Gobierno seis meses para acordar una nueva ley que atendiera las reivindicaciones de ciudades como València o Alicante y pusiera fin a las desigualdades.
