El redactor de la revisión del Plan General de Alicante en 2008, Jesús Quesada, aseguró ayer que nunca entregó planes del planeamiento urbanístico al exalcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, ni él se los pidió, «aunque se lo habría dado si hubiera hecho, porque trabajaba para él». Quesada, que estuvo imputado en esta causa derivada del llamado caso Brugal hasta que la Audiencia de Alicante la archivó para él, declaró en calidad de testigo en el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del PGOU. En esta causa derivada del llamado caso Brugal están acusados, entre otros, los exalcaldes de Alicante Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como el promotor Enrique Ortiz. Según declaró el arquitecto, con Alperi mantuvo varias reuniones para darle cuenta sobre la marcha de los trabajos, mientras que Castedo participaba en las reuniones de la propia comisión redactora.
Del mismo modo, Quesada negó haber recibido de manos de las primeras autoridades municipales planos con indicaciones para «pintar de azul» parcelas donde Ortiz tenía intereses. En un interrogatorio que se prolongó durante más de tres horas, el arquitecto del plan bajo sospecha negó que hubiera actuado para beneficiar al promotor. «Mi ánimo era buscar lo mejor para la ciudad», dijo. En este sentido, aseguró que las reuniones con promotores y otros agentes sociales eran habituales y necesarias. Quesada mantuvo que jamás celebró encuentros de motu propio en los trabajos de revisión del futuro planeamiento de la ciudad y que todas fueron convocadas por el propio Ayuntamiento. Según explicó fue contratado para completar los trabajos del planeamiento de Luis Cantallops, donde faltaban zonas por determinar y también había que adaptarlos a la nueva normativa urbanística.
Rico Pérez
Quesada, aseguró que el Plan de Reforma Interior que presentó Ortiz para la zona del Rico Pérez fue rechazado por la comisión redactora porque el proyecto «no era coherente para la ciudad. No tenía encaje en esa zona y dijimos que tenía que cambiarse». Con esta operación urbanística se pretendía obtener la financiación para las obras del estadio del Hércules. El arquitecto mantuvo que fue el Consistorio quien le planteó analizar el PRI y su encaje en los trabajos del Plan General y que se desestimó porque «obligaría a cambiar muchas cosas», aunque fue finalmente el promotor el que desistió.
Sobre los aprovechamientos que pudo haber tenido el promotor a través de la compra de suelo protegido, Quesada negó que hubiera una adscripción de esos terrenos para cada plan parcial. A preguntas del abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, aseguró que el promotor no podría haber conseguido más en edificabilidad en Torres de la Huerta con el suelo que tenía en los Saladares de Agua Amarga, ni comprando en Fontcalent. Según explicó, la zona de Agua Amarga era la que tenía prioridad a la hora de adscribir suelo porque «era la que gozaba de mayor protección». En cuanto a Fontcalent, aclaró que «no estaba adscrita a ningún sector», y se acababa de proponer como parque natural en la revisión del plan «a petición popular».
Quesada aseguró que desconocía quiénes eran los propietarios del suelo en la zona de Agua Amarga, ni mucho menos que entre ellos se encontrara Enrique Ortiz. «No analizamos quiénes eran los propietarios de las fincas, valoramos otros criterios», dijo. Quesada negó la existencia del proyecto de la Ciudad de la Economía, aunque habló en su lugar de un centro logístico empresarial que no llegó a salir adelante al ser desestimado por la Conselleria porque estaba en la zona de afección de los Saladares.
El arquitecto insistió en que ni siquiera sabía dónde Ortiz tenía suelo pero puntualizó que «era habitual en las reuniones de la comisión que al tratar de cualquier zona de Alicante, el señor Ortiz siempre tenía suelo allí».
Ayer estaba prevista la declaración por videoconferencia desde Barcelona del anterior redactor del PGOU, Lluis Cantallops y cuyo contrato fue rescindido por el Ayuntamiento, pero no se pudo celebrar por problemas de conexión con los equipos. Al demorarse los interrogatorios se quedaron sin poder comparecer otros dos testigos, entre ellos el que fuera jefe de Urbanismo José Luis Ortuño.
