«La primera fase de alegaciones en los trabajos de revisión del Plan General de Alicante fue un desastre». Así lo declaró este miércoles el que fuera responsable de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de esta capital, José Luis Ortuño, durante el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del planeamiento urbanístico. Una situación que justificó por la premura con la que se habían tenido que cerrar esta fase para evitar que les caducaran los plazos y se tuvieran que empezar los trabajos desde el principio. «Sólo supervisamos que en líneas generales se cumplía con la ley y posteriormente en fases posteriores ya entraríamos en profundidad», explicó. Por esta causa que se juzga en la Audiencia Provincial, se sientan en el banquillo, entre otros, los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el promotor Enrique Ortiz.
El pleno del Ayuntamiento aprobó el 17 de abril de 2009 en sesión extraordinaria y urgente la primera aprobación provisional del PGOU al dar por concluida la primera fase de alegaciones. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta aprobación se hizo sin dictamen alguno sobre los avatares de la revisión del planeamiento y los trabajos de revisión del planeamiento que hizo el arquitecto Jesús Quesada no pasaron por el filtro de los técnicos. Hasta el punto de que no fue hasta tres meses después (el 8 de julio) cuando Ortuño emitió un informe alertando de que el trabajo del equipo redactor «adolece de numerosas deficiencias, como falta de motivación, contestaciones genéricas a planteamiento específicos, omisiones y contradicciones».
Ortuño ratificó las conclusiones de ese informe y dijo que en el dictamen había «errores de bulto» como «zonas que en el papel tenían una calificación y sobre el plano otra». En las dos fases se presentaron cerca de 5.000 alegaciones. De todas maneras, señaló que con motivo de la segunda exposición pública hubo un informe más en profundidad que subsanaba todos esos errores. A preguntas del abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, Ortuño matizó que las aprobaciones provisionales no suponían derecho alguno para los propietarios, ya que era necesario el visto bueno de entidades supramunicipales como la Generalitat para que el planeamiento llegara a estar vigente. Así, en 2014, cuando el Ayuntamiento no había desistido de él, el PGOU todavía no podía aprobarse porque faltaban los informes de control ambiental.
Dos años de inactividad
Antes de la entrada de Jesús Quesada en los trabajos de revisión del Plan General, Ortuño fue el supervisor del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Lluis Cantallops. Según manifestó, a partir del año 2005 los trabajos se pararon debido al choque entre el arquitecto y el equipo de gobierno. «Los criterios no coincidían», aseguró. A lo que añadió que había presenciado discusiones de hasta cinco horas entre Alperi y Cantallops cada uno intentando convencer al otro de sus distintas visiones y que no terminaban en nada. Entre julio de 2005 y finales de 2007, los trabajos «estaban suspendidos de hecho. Se estaba a la espera de rescindir el contrato y encontrar a un nuevo equipo» hasta que Quesada fue contratado en febrero de 2008.
El funcionario confirma los enfrentamientos entre Cantallops y Alperi y asegura que «los criterios no coincidían»
Ortuño aseguró que conoció el Programa de Reforma Interior presentado por Ortiz para la zona del Estadio Rico Pérez. Según explicó, no sabía si Jesús Quesada llegó a disponer o no de ese proyecto, pero la comisión tenía acceso a él desde el momento en que se registró en el Ayuntamiento. «No sé quién se lo dio pero yo no fuí», explicó. El técnico que informó sobre el PRI dictaminó que esa actuación debería ser examinada dentro de los trabajos de revisión del PGOU por tratarse de una «actuación excesivamente importante». En el planeamiento de Quesada, la propuesta de Ortiz quedó recogida en parte proponiendo que la zona fuera un centro cívico. «Al final se desestimó por el impacto comercial y en el tráfico. La zona no podía absorber ese impacto», aseguró. Pese a ello, en la primera exposición no se desestimó «porque no era una propuesta manifiestamente ilegal».
Por otro lado, la sala acordó ayer incorporar a la causa las anteriores declaraciones del empresario Ángel Fenoll en el caso Brugal aportadas por la Fiscalía y en las que aseguraba la validez de las grabaciones que aportó cuando presentó la denuncia que inició toda esta macrocausa de corrupción.
«No sabíamos la identidad de las personas que alegaban al plan»
El letrado Alfonso Mendoza, que formó parte del equipo redactor del Plan General, aseguró ayer en el juicio que en los trabajos para la revisión de las alegaciones no se conocía la identidad de las personas que las presentaban. «Las agrupábamos por temas y en la comisión se discutían criterios de carácter general y las decisiones se adoptaban por mayoría», aseguró. Mendoza, que es sobrino de Jesús Quesada y fue delegado de Urbanismo de marzo de 2010 a junio de 2011, admitió haber recibido encargos del despacho Salvetti (cuyos dos socios Javier Gutiérrez y José Luis Castedo están acusados en este proceso) pero nunca la presentación de alegaciones al Plan General. Mendoza señaló que sólo vio en una ocasión a Javier Gutiérrez en una de esas comisiones. También testificó uno de los hombres de confianza del empresario Enrique Ortiz, José Candel, que admitió haber localizado para Ortiz a los propietarios de varias fincas en la sierra de Fontcalent. Según explicó, no se llegó a hablar de precio en estas conversaciones y la operación no se cerró porque Ortiz prefería esperar a que se cerrara el Plan General y ellos querían vender cuanto antes.
