El exresponsable de los servicios urbanísticos en el Ayuntamiento de Alicante, José Luis Ortuño, ha declarado esta mañana en el juicio por los presuntos amaños del Plan General que el planeamientto aprobado no era una resolución definitiva, ya que para ello requería el visto bueno de otras administraciones supramunicipales. Según ha explicado a preguntas del abogado del empresario Enrique Ortiz, Francisco,Ruiz Marco, en el año 2014 el PGOU todavía no podía aprobarse porque faltaban los informes de control ambiental . En este proceso en el que se sientan en el banquillo, entre otros, Ortiz y los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, una de las líneas de las defensas es que el Plan General bajo sospecha nunca llegó a estar vigente y, de hecho, acabó siendo retirado por los responsables municipales. En este sentido, Ortuñio ha asegurado preguntado por las defensas que cualquier tipo de información privilegiada que pudiera haber obtenido Ortiz no servía, porque el PGOU era susceptible de cambiar hasta que no concluyeran las alegaciones.

Ortuño tenía que haber declarado la semana pasada como testigo en este proceso en la Audiencia Provincial, pero su comparecencia tuvo que ser aplazada debido a lo que se demoraron los interrogatorios. Durante su declaración ha relatado las diferencias de criterio que había entre el primer redactor del Plan General, Lluis Cantallops, y el entonces primer edil de Alicante, Luis Díaz Alperi. "No coincidían las ideologías", ha asegurado, precisando que había visto largas discusiones entre ambos durante horas tratando de convencerse el uno al otro. "La relación se empezó a tensar hasta entre julio de 2005 y finales de 2007, los trabajos de la comisión quedaron paralizados", dijo, momento en el que la única actividad era ya el envío de requerimientos jurídicos. "Los trabajos estaban suspendidos de hecho", ha subrayado.

Según ha declarado, los trabajos de Quesada habían estado marcados por la premura en tener el plan terminado a tiempo, para evitar que los plazos caducaran y hubiera que empezar toda la tramitación desde el principio. Por este motivo, los técnicos no intervinieron excesivamente durante ese periodo, salvo que hubiera una ilegalidad evidente, confiando en que cualquier omisión podría ser subsanable durante la fase de alegaciones. Esa primera fase ha considerado que fue un desastre con errores de bulto y omisiones dentro de la documentación, con cosas que sobre el papel estaban aprobadas y en el papel no lo estaban. Errores que se fueron subsanando durante la fase de alegaciones.

Por otro, lado la sala ha admitido a trámite las declaraciones aportadas por la Fiscalía de otras comparecencias del empresario Ángel Fenoll, en las que defendía la veracidad de las cintas que aportó cuando investigó una trama de sobornos en la contrata de basuras de Orihuela y que dieron origen al caso Brugal.