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El Ayuntamiento vuelve a cerrar una planta de residuos en Fontcalent por operar sin licencia

Urbanismo expedienta a la mercantil y la lleva a Fiscalía - La empresa afirma que cuenta con un auto del TSJ que autoriza la actividad

El acceso a la planta de residuos, precintado por la Policía y cerrado con vallas y cadenas.

El acceso a la planta de residuos, precintado por la Policía y cerrado con vallas y cadenas.

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a paralizar la actividad de una planta de residuos en Fontcalent por operar sin licencia de obra ni de actividad. La Concejalía de Urbanismo abrió el 23 de octubre expediente sancionador «de máxima gravedad» a la mercantil que lo gestiona «por incumplimiento sistemático al trabajar sin autorización» y ha interpuesto una nueva denuncia en Fiscalía (ya lo hicieron en junio de 2019) por desobediencia después de que el personal rompiera, a principios de mes, el precinto policial que impedía la actividad. Ahora se ha cerrado con cadenas y vallas.

La empresa, «Llegando a la cima» S. L. se defiende asegurando que solo le falta una licencia (permiso de obra) que pidieron hace dos años al Ayuntamiento, «que no contesta y nos precinta», y afirman también disponer de un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de otra sentencia que ampara la actividad. Asimismo, se reservan iniciar acciones judiciales contra todo el que les perjudique y consideran que los vecinos vierten acusaciones constitutivas de delito al señalar que están enterrando amianto y otros materiales tóxicos. Ante el precinto policial de la planta de residuos, han presentado «medidas cautelarísimas» en el juzgado.

Este conflicto no es nuevo. El Ayuntamiento llevó a Fiscalía en verano de 2019 la actividad de esta planta de residuos por desobediencia cuando rompieron el precinto para reanudar los trabajos suspendidos. Urbanismo inició un expediente sancionador. En febrero de 2020 la Policía local volvió a levantar acta ante la alarma que generaba entre los vecinos. Una explotación contigua presentó denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil al entender que le invadían la linde de su propiedad y que los materiales que se manejan en la explotación colmataban una rambla.

La Generalitat, por su parte, decidió en agosto ampliar diligencias de investigación y sancionadoras en relación con la gestión de residuos de construcción y demolición de esta mercantil. «Llegando a la cima» replicaba que dispone de la preceptiva autorización para tratar residuos de obra y que la planta no es un vertedero puesto que «no los acumula sino que los recicla».

La raíz del conflicto parece estar en la Declaración de Interés Comunitario (DIC). «El Ayuntamiento de Alicante dice que está caducada. Nosotros compramos el terreno con la declaración antigua y hay que cambiar el nombre. La Conselleria tardó seis meses en hacerlo pero el Ayuntamiento se empeña en que está caducado», dijo ayer el gerente de la mercantil, José Antonio Mataix. Desde «Llegando a la cima» explicaron que la semana pasada técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente estuvieron en las instalaciones, «y si hubieran detectado algo la habrían cerrado y sancionado». Por ello entienden que el precinto es ilegal y arremeten contra formaciones políticas como Vox y Compromís, a los que dicen haber invitado varias veces a visitarles para comprobar su actividad «y no han venido».

El asunto se coló en el pleno de ayer, cuando el concejal de Vox José Bonet planteó una pregunta al concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), sobre la actividad de almacén de residuos de obras y reformas: «el fin parece ser el reciclado y posterior aprovechamiento como zahorra o material para carreteras, pero entran camiones a descargar y no se observa la salida de material reciclado. Molestan a los vecinos por la contaminación ambiental y acústica que provocan». En este sentido, David Pérez, de la asociación Benvingut de Fontcalent, dijo ayer que es una actividad perjudicial, «porque entierran amianto, plásticos, residuos sin tratar y es un peligro, además de las emisiones». Santos contestó al pleno que el expediente se remonta a 2018, cuando la mercantil pide la licencia de actividad y de obra, y que operaba sin ellas, por lo que se interrumpió la tramitación y se les suspendió la actividad. El edil reconoció varios encontronazos. «Es realidad que hay una montaña de escombros que opera sin licencia y hay que actuar con la mayor contundencia posible, por eso el expediente sancionador es de máxima gravedad».

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