Los técnicos exigen al bipartito más personal para reforzar el control al servicio de limpieza

En su intervención, el supervisor reconoció que falta personal tanto para redactar el pliego del próximo contrato (el actual finaliza en agosto de 2021) como para realizar una inspección óptima del servicio prestado desde hace siete años por UTE Alicante, formada por FCC, Ferrovial y el promotor Enrique Ortiz. «El sábado es un día importante, con mercadillos, y no tenemos inspectores. Ojalá tuviéramos más personal para cumplir con el control, que no es exhaustivo porque nos faltan medios. ¿Cuántas trampas no nos estarán haciendo [desde la adjudicataria]? Muchas», defendió Chicote, quien subrayó que tras la última reestructuración de la concejalía, coincidiendo con la llegada del bipartito al gobierno, «se ha puesto orden en la limpieza». Los técnicos calculan que, como poco, haría falta ampliar la nómina de inspectores hasta los veinte, cinco más de los actuales.

Este asunto, la inspección del contrato, generó uno de los momentos más tensos de la jornada. Y todo por una pregunta del PSOE, en la que acusaba de falta de control sobre la UTE. «Hemos venido a informar, no a recibir un ataque despiadado», saltó el jefe de servicio de Limpieza, Manuel Marco, que seguía la comparecencia desde el mismo Salón de Plenos en el que se celebró la comisión. «El control de hace algo más de un año era manifiestamente mejorable. Aquello parecía Jauja. Ahora no se está mirando a otro lado, aunque se controla con los medios que el Ayuntamiento nos pone», añadió Marco, en una defensa de su trabajo y en una crítica a su vez al bipartito por no ampliar el personal de una concejalía que recientemente se ha reforzado con cuatro policías locales, según precisaron fuentes municipales, para «perseguir a los infractores». Esos agentes municipales, de la brigada Fox, han regresado a su función tras meses al margen de la limpieza por la pandemia de covid.

De vuelta a las inspecciones a la UTE, ese control sobre el servicio, según se relató este jueves en la comisión, está permitiendo al Ayuntamiento promover deducciones en los pagos mensuales a la adjudicativa. Es decir, pagar menos por servicios que no se realizan como estipula el pliego de condiciones. «Entre julio de 2019 y septiembre de 2020, hemos superado los 300.000 euros», añadió Chicote. Esas reducciones de los pagos, junto a otras derivadas de la inspección, están generando un duro conflicto entre el Ayuntamiento y UTE Alicante, que ha dado pie a medio decena de contenciosos judiciales y hasta medio millar de reclamaciones. «La relación es difícil por el ánimo del contratista. Estamos con mucha pelea», añadió Chicote, quien también desveló un conflicto entre ambas partes por la gestión del vertedero de residuos que recientemente sufrió un incendio.

La sesión sirvió además para desvelar que la actual contrata finalizará a finales de agosto de 2021 sin que esté adjudicado el próximo contrato. El bipartito del PP y Ciudadanos, por tanto, no llegará a tiempo, lo que obligará a seguir pagando a la UTE hasta que se resuelva el proceso para mantener el servicio activo. Falta por resolver si el gobierno de Barcala optará por negociar con la adjudicataria una prórroga «ad hoc» o si, por el contrario, decide dar por finalizado el contrato que se firmó durante la etapa de Sonia Castedo y pagar el servicio con reconocimientos extrajudiciales de crédito, una práctica muy criticada por el interventor. Y es que el concejal de Limpieza, Manuel Villar, tomó la palabra en la recta final de la sesión para descartar que el bipartito vaya a hacer uso de la prórroga de dos años que se recoge en el actual contrato. «Se dirá desde la oposición que llegamos tarde, pero los plazos se nos han ido de las manos por la pandemia», intentó justificar el concejal, ya que el PP -como el resto de partidos- se comprometió durante la última campaña electoral en 2019 a no prorrogar el polémico contrato.