Epidemiólogos, especialistas en Salud Pública y otros expertos sanitarios apuestan por la paralización total de los sectores económicos ligados a la hostelería y el ocio como principales núcleos de socialización y contagio, y de toda actividad colectiva que pueda ser foco de transmisión comunitaria para frenar la expansión del covid-19. Con los hospitales cada vez más saturados (es el caso de Orihuela y Elda), la comunidad científica urge intervenciones que no paralicen la vida cotidiana para evitar medidas más drásticas que, si sigue subiendo la curva, pueden llegar en dos semanas y durar hasta cinco. Según datos de Sanidad, el viernes murieron cinco personas en la provincia por covid, y ayer se alcanzó un nuevo pico de contagios con 732.

Los empresarios consideran que un cierre de la hostelería y el comercio será un golpe mortal a estos sectores productivos y reclaman ayudas a fondo perdido para evitar la pérdida de entre el 40% y el 80% de estos negocios. Piden ajustar medidas para evitar otro confinamiento estricto que hundiría el PIB provincial a niveles de hace una década. Los sindicatos reclaman la ampliación de los ERTE como herramienta para evitar una pérdida «brutal» de puestos de trabajo.

El Gobierno Central y la Generalitat Valenciana descartan por ahora un confinamiento domiciliario más severo. La comunidad científica tampoco da una respuesta unánime y está dividida entre quienes piden ya un encierro domiciliario estricto como en marzo, inclusive el parón de los sectores productivos; los expertos que reivindican volver al teletrabajo permitiendo las clases; y los partidarios de un modelo «light» que autorice básicamente ir del trabajo a casa sin poder salir ni siquiera a pasear. Todos coinciden en lo básico de restringir al máximo la movilidad, evitar la concentración en lugares cerrados y cortar de raíz las actividades masivas si quiere evitarse una cuarentena que ya aplican países del entorno con tasas de incidencia menores del virus.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, Rafael Ortí, prefiere un confinamiento domiciliario de 14 días antes de que los datos comiencen a dispararse exponencialmente, parando, si no todos los sectores productivos, aquellos en que se evidencie que están contribuyendo a una transmisión comunitaria. El también jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Clínico de Valencia considera que habría que haber actuado antes cerrando bares y restaurantes, y limitando las clases presenciales en la Universidad, e impartiéndolas a distancia. «Las medidas de confinamiento son radicales pero a veces necesarias, y como todas deben estar basadas en la evidencia, no sometidas a las presiones políticas y económicas». El científico considera que los actuales cierres perimetrales se tendrían que haber aplicado con antelación, cuando la incidencia acumulada empezaba a subir y había un exceso de movilidad. Ahora cree que son un parche. «Si se ve que la situación está descontrolada lo mejor es cerrar lo antes posible dos semanas y a finales de noviembre habrá otra oportunidad para demostrar que queremos dotar adecuadamente los servicios de Salud Pública», desbordados de nuevo por el aumento de casos.

José Ramón Martínez Riera, profesor titular del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, aboga por un confinamiento generalizado similar al de la primera ola, dado el aumento galopante en prácticamente todas las comunidades. «Por muy doloroso que sea, es lo que corresponde. Se tiene que plantear, si no estamos abocados a un nuevo colapso del sistema sanitario. Los datos lo indican cada vez más». Es partidario de un encierro estricto, con parón de la hostelería y en general de los sectores productivos y de la vuelta al teletrabajo sin salir ni a pasear porque sería «un coladero». Como excepción permitiría a las escuelas seguir funcionando «porque existen datos suficientes que indican que los niños no actúan como vectores». Ortí discrepa: «hay transmisión con incidencia de casos bastante alta entre 5 y 30 años», dice. Martínez Riera avisa que la meta de salvar la Navidad es un error, «podría ser el punto de inflexión de una nueva ola».

El epidemiólogo José María López Lozano alaba la utilidad de aislamientos como el de primavera pero cree que ahora pueden introducirse excepciones para que sea menos lesivo para la economía y la sociedad, como mantener las escuelas abiertas y el comercio con reducción de aforo y cita previa. Cerraría algunos sectores productivos y suprimiría cualquier actividad social, cultural y deportiva que favorezca las interrelaciones. También cree que hay que minimizar la exposición con la herramienta del teletrabajo. El profesor de la Universidad de Alicante y especialista en Salud Pública José Tuells considera que hay que dar un margen a las medidas actuales antes de aplicar otro confinamiento drástico. «Las autoridades sanitarias buscan el equilibrio sin cerrar del todo la actividad económica, lo veo bien como un laboratorio de experiencias del que se puede aprender. Intentan no paralizar la vida cotidiana».

Los sectores económicos tiemblan. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) sostiene que una nueva cuarentena supondría un gravísimo problema para la economía de la provincia, el cierre de una cantidad enorme de pymes y micropymes, y un gran aumento del desempleo. «Es necesario hacer compatible economía y control de la pandemia. Debe evitarse en la medida de lo posible pero si se plantea, debe ir acompañado de ayudas al tejido productivo», dice su presidente Perfecto Palacio. En la misma sintonía, la Cámara de Comercio considera que decretar un nuevo confinamiento domiciliario duro debe ser la última frontera y que antes se deben ajustar medidas con ayudas que palien las pérdidas de los negocios afectados, como hace Alemania, que compensa hasta el 75% de la facturación del último ejercicio de cada negocio. Su presidente, Juan Riera, opina que el cierre de la hostelería y la restauración que ya valoran otros países y comunidades «supondría un golpe mortal para el turismo y del comercio, especialmente el de proximidad, los sectores a los que la pandemia ha golpeado con mayor fuerza. Con las empresas cerradas, el país va a la quiebra». La Cámara pide a las administraciones que escuchen a los sectores afectados mientras se reúne con las asociaciones y federaciones empresariales «para conseguir unas ayudas imprescindibles y a fondo perdido si queremos que nuestras ciudades no sean un solar vacío cuando esto acabe».

Los sindicatos reclaman ayudas duraderas para que los sectores productivos, autónomos, pymes y micropymes, mayoritarias en la provincia, puedan salir fortalecidos y el mantenimiento de los ERTE como herramienta para evitar una pérdida «brutal» de puestos de trabajo. Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT, también reclama que se dote la Administración con más personal e incluir en las mesas de diálogo los fondos europeos para la reconstrucción. Consuelo Navarro, secretaria general de CC OO, dice que la paralización de la economía dañaría a muchos sectores productivos, y está convencida de que si la sociedad cumpliera las medidas sanitarias de forma exhaustiva no haría falta ningún otro confinamiento.

Los hosteleros piden exención de impuestos y fondos para pagar alquileres y préstamos

El sector hostelero, damnificado por los continuos recortes de aforo, horario y la prohibición de las barras, reclama a las administraciones ayudas ante un eventual cierre total de la actividad económica. «Que nuestros trabajadores estén protegidos con un ERTE cobrando el 100% del sueldo», señala el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca, entidad de carácter provincial. Para las empresas piden la exención de los impuestos locales, excepto el IBI, es decir, tasa de veladores y basura; así como ayudas para pagar el alquiler y los gastos derivados de los préstamos que en su mayoría han tenido que suscribir para salir adelante. «Por lo menos que no nos cueste dinero. Frenaría la destrucción de negocios: no ganamos pero no perdemos. Si tenemos que hibernar para controlar la propagación, el Gobierno debe ayudarnos». El vicepresidente de la Federación Empresarial de Hostelería (Fepha), Miguel García, señala que el 75% de ayuda que da Alemania a su hostelería para compensar el cierre de la actividad supondría en Alicante ganar un 35% ya que ahora mismo están perdiendo un 60% de su facturación.

El comercio cree que otro confinamiento agravaría el problema de muchas empresas

Otro confinamiento supondría un grave problema para el comercio, en fechas prenavideñas, en un año muy difícil en el que han estado casi 3 meses cerrados. Es la opinión de la patronal de las grandes superficies, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución. Su portavoz, Joaquín Cerveró, considera más razonable tomar medidas de control de aforo y de distanciamiento e higiene, «ya que el nivel de contagios en nuestro sector es prácticamente irrelevante». El pequeño comercio ve todo tipo de inconvenientes por el incremento de contagios, además en buena parte de la provincia. La parte positiva, apuntan, es que, si se toman medidas ahora, se pueda frenar la curva, «y eso nos permitirá llegar con cierta normalidad a Navidad», dijo Francisco Rovira, secretario general de la patronal del pequeño y mediano comercio (Facpyme). El empresario no espera un confinamiento tan duro como el de marzo, «pero sí cerradas la hostelería y el comercio a cal y canto, y los sitios donde se producen concentraciones de personas. Más vale una medida dura ahora, a que lleguemos a Navidad con un incremento de contagios brutal y entonces nos confinen».