La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que mantendrá las penas reclamadas para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y para el promotor Enrique Ortiz en el juicio por los presuntos amaños del Plan General. El Ministerio Público planteó algunas modificaciones pero que no afectan sustancialmente a las penas de prisión reclamadas: diez tanto para Castedo como para Alperi y siete para Ortiz. Se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, y revelación de información privilegiada, este último sólo para el caso de las autoridades municipales. El fiscal también les acusa de prevaricación en diferentes grados.
La sesión de ayer fue la tercera dedicada a la audición de las escuchas telefónicas y a su término las partes avanzaron su postura ante los informes finales de conclusiones que arrancan hoy. Los pinchazos profundizaron en la estrecha relación entre el promotor y los dos expolíticos.
Castedo y Alperi están acusados de recibir dádivas de Ortiz durante la tramitación del PGOU a cambio de filtrarle información reservada del planeamiento. El juez instructor eliminó en su día el cargo de aprovechamiento de información privilegiada para Enrique Ortiz, al considerar que el delito no llegó a cometerse porque el plan no se aprobó. En cambio, sí lo mantuvo para los dos ex alcaldes, al entender que ambos lo habrían cometido al filtrar los datos reservados del documento.
El fiscal redujo a la mitad la multa reclamada por el viaje de Castedo a Ibiza en el yate del empresario después de haber estimado una nueva tasación que tenía en cuenta que en el barco viajaban más personas. De 389.000 euros baja a 175.000.
Asimismo, la Fiscalía ha añadido un nuevo delito para los abogados del bufete Salvetti, el exedil socialista Javier Gutiérrez y el hermano de la exalcaldesa José Luis Castedo: negociaciones prohibidas a los funcionarios, por el que se reclama una multa de 60.000 euros. El Ministerio Público ya le pedía diez años de cárcel.
Tanto el Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular a través del letrado José María López Coig, como EU, que ejercita la acción popular a través de José Luis Romero, mantuvieron también los cargos. Sólo desde el Ayuntamiento se deslizó alternativamente que tres acusados de hacer llegar grandes cantidades de dinero a Alperi (Pablo Rico, Santiago Bernáldez y Virgilio Ortiz, hermano del promotor) podrían ser absueltos por falta de pruebas directas, aunque entiende que sí hay indicios contra ellos.
Las defensas mantienen su petición de absolución pero los abogados de Ortiz, Alperi y Castedo, Francisco Ruiz Marco, Vicente Grima e Ignacio Gally, alternativamente plantearon que en el caso de una hipotética condena habría que aplicar una atenuante por dilaciones indebidas al haber tardado más de diez años en llegar a juicio.
Cerca de ochenta sesiones para el juicio por el Plan Zonal
La Sección Séptima de la Audiencia desplazada a Elche ya ha puesto fecha al juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja. Setenta y siete sesiones que se desarrollarán entre el 2 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2022. Es otra de las causas principales del llamado caso Brugal y en la que se sientan en el banquillo, entre otros, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz. La Audiencia ha fijado once días para las cuestiones previas y, tras resolverlas, el juicio en sí arrancará el 18 de enero.
