Un juzgado de Alicante ha condenado a dos meses de prisión a una mujer que se enfrentó con la Policía porque se negaba a ponerse la mascarilla en un pub del Puerto de Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Al haberse alcanzado una conformidad, la pena será sustituida por el pago de una multa y la acusada no tendrá que ingresar en prisión.

Desde el inicio de las restricciones impuestas por la pandemia son habituales las detenciones por enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad de personas que se niegan a ponerse la mascarilla o que se encuentran incumpliendo alguna de las medidas sanitarias. Alguno de estos enfrentamientos acaba teniendo tal calibre que dejan de ser una mera infracción administrativa para adquirir la categoría de delito. Cuando está a punto de cumplirse un año de la declaración del primer estado de alarma por el covid-19, los juzgados ya empiezan a dictar condenas por la vía penal para los infractores.

Los hechos por los que se ha dictado esta sentencia ocurrieron el pasado verano de madrugada en el interior de un pub en la zona de ocio del Puerto de Alicante. A las 5:50 horas, la mujer se encontraba sentada en la barra del local sin la mascarilla. El personal le había estado indicando que tenía que ponérsela o marcharse. La discusión fue subiendo de intensidad cuando el portero de seguridad acudió a invitarla a que se fuera. La mujer no solo se negó sino que comenzó a insultarle y arañarle manteniendo un forcejeo con él. La acusada siguió discutiendo con el resto de los clientes que había en el local, hasta que finalmente se tuvo que acabar llamando a la Policía Nacional.

Personados los agentes en el lugar, la mujer continuó con su actitud chulesca y negándose a marcharse. La mujer fue cada vez poniéndose más agresiva con los agentes hasta que tuvo que ser reducida y engrilletada. Tanto los agentes como el vigilante de seguridad agredido no reclamaban indemnización alguna, ni resultaron lesionados, salvo algún arañazo en el brazo en el caso del portero.

La mujer admitió los hechos en el juicio y se declaró culpable, por lo que ha sido condenada por un delito de resistencia a las Fuerzas de Seguridad a la pena de dos meses de prisión, que ha sido sustituida por el pago de una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros, esto es, un total de 720 euros.

Las acusaciones por la vía penal habían sido cuestionadas durante el primer estado de alarma por algunos jueces y fiscales, que veían «desproporcionado» sancionar por la vía penal conductas que solo son objeto de sanción administrativa. Para acusar de un delito era necesario algo más que no la mera negativa a cumplir la norma. En ese caso, la pelea con los policías y el portero de seguridad determinó la comisión del delito.