«En la cuenca del Tajo hay un volumen de agua sobrante de mucha consideración». Es la rotunda afirmación del catedrático de Geografía, rector honorario de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, quien considera que el problema del trasvase es la necesidad de que se reestructure la actual planificación hidrológica para evitar la permanente discusión por la llegada a la cuenca del Segura de transferencias mensuales del orden de 20 ó 30 hectómetros cúbicos para abastecimiento de la población y riego en las provincias de Alicante y Murcia cuando en realidad, afirma el experto, hay volúmenes en la cuenca del Tajo por encima de los 6.000 hectómetros en recursos hídricos. El total que llega de media a la provincia es de unos 320 hectómetros cúbicos anuales.
El catedrático insta a abordar con seriedad y solventar con una perspectiva de recuperación del horizonte hídrico nacional un problema que «tiene solución», pero que vuelve a enfrentar a los territorios después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya planteado, con el apoyo del Consejo Nacional del Agua, un recorte al trasvase Tajo-Segura de 80 hm3, que se sumaría a la reducción, a medio plazo, de 70 hm3 más por los caudales ecológicos del río en Aranjuez, lo que restringiría a la mitad el trasvase.
Tanto el catedrático como el director del Instituto Interuniversitario de Geografía, Antonio Rico, destacan que en el Tajo Medio, a su paso por la zona de Gredos, hay observatorios que recogen todos los años precipitaciones medias entre 2.500 y 2.700 milímetros de lluvia, lo que es «mucha agua», apunta Gil Olcina; «el doble que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo», añade Antonio Rico. Agua además de calidad excepcional, que descargaría la cabecera, y permitiría de paso a Madrid y a su área metropolitana tener de nuevo recursos hídricos de mineralización débil, en contraste con lo que les llega ahora, desde una toma del Tajo en el azud de Valdajos, «que es agua viciada con sales y fosfatos», lo que obliga a potabilizarla. Esto supone además que Madrid accede a parte de los recursos de la cabecera del Tajo, reduciendo de paso la transferencia a la provincia de Alicante.
Ambos citaron el convenio de Albufeira con Portugal, según el cual España debe ceder un mínimo de 2.700 hm3 al año, pero se entregan más de 7.000, lo que supone que «sobra agua en el Tajo pero hay que realizar una planificación correcta en la cuenca», dice Rico. Los dos expertos coinciden en que, con una reestructuración de los planes hídricos, no se perjudicaría, «como se está perjudicando seriamente» a las provincias de Alicante, Murcia y Almería, que constituyen la huerta de Europa, «un espacio estratégico que debería ser objeto de consideración y no de desconsideración, como es en la actualidad», dijo el exrector.
Rico abundó en que sin trasvase Tajo-Segura no habrá Corredor Mediterráneo porque se perderán cultivos y se encarecerá la exportación. El investigador considera que el Gobierno está poniendo en serio riesgo la mayor despensa de productos hortofrutícolas de la Unión Europea. Opina que no se debió ceder en la ley del Memorándum de 2013/14 que elevó de 200 a 400 hm3 el umbral mínimo que se establecía en la reserva de Entrepeñas y Buendía porque abrió la puerta a restricciones, y avisa que «el verdadero recorte que se está reservando el Ministerio al trasvase es la coartada de los caudales ecológicos en Aranjuez».
Por su parte, Ángel Urbina, regante, negociador de las reglas de explotación -que ahora se cambian- y miembro de la Mesa del Agua, avisa del gravísimo problema social, económico y medioambiental que el recorte del trasvase supone, y el daño para el sistema productivo y la economía provincial dado el peso del sector agroalimentario. «La provincia, sin el aporte de agua del Tajo, sería un desierto», dijo. Asimismo, rechaza alternativas como la desalación y pide un frente común de los dirigentes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía ante el Estado «que va a hacer esta barbaridad» para que se paralice el plan, se dialogue y se llegue a acuerdos. Considera que hay riesgo para el regadío y el abastecimiento, y que se le quita agua buena a la provincia a cambio de alternativas caras y peores.
