La Fiscalía de Alicante ha tenido que recurrir a la Policía para poder concluir la investigación que abrió hace tres meses sobre la vacunación contra el covid de una decena de cargos públicos cuando supuestamente no les correspondía, conforme al protocolo de la campaña de inmunización.
Después de dos peticiones previas por escrito a las que no se obtenido respuesta alguna, al Ministerio Púbico no le ha quedado otra que oficiar a agentes de la Comisaría de Alicante para que se desplacen hasta la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia y recaben la documentación que se precisa para completar las diligencias.
Se trata fundamentalmente de informes de los departamentos de salud donde se administraron las vacunas bajo sospecha y de los expedientes que haya elaborado el departamento de Recursos Humanos sobre estos casos, que se paralizaron cuando comenzó la investigación judicial.
Los otros dos organismos a los que desde la Fiscalía también se les ha reclamado datos, la Diputación de Alicante y la Conselleria de Políticas Inclusivas, responsable de la gestión de las residencias de mayores, ya han remitido lo que se les ha requerido.
La denuncia de dos ciudadanos dio pie a la apertura de estas diligencias donde se está indagando en qué circunstancias se vacunaron varios cargos públicos. Entre ellos, el alcalde de La Nucía y diputado provincial por el PP Bernabé Cano; los también regidores El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, del PSPV; el concejal de Sanidad de Orihuela José Galiano (PP); la exteniente de alcalde de Dénia Cristina Morera (PSPV) y el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgi.
Desde que comenzaron las pesquisas, el fiscal jefe, Jorge Rabasa, siempre ha dejado claro que la investigación se está llevando individualizadamente ya que no en todos los casos las circunstancias en que se administraron las vacunas son las mismas.
Una vez disponga de toda la documentación, el fiscal Pablo Romero, quien se está encargando de las diligencias, determinará, si así fuera, qué casos tienen que ser remitidos al juez por apreciarse indicios de delito y cuáles se archivan por estar justificada la vacunación.
La de Alicante es de las pocas fiscalías en el país que ha abierto diligencias por estos hechos.
