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Tráfico aclara que no habrá peaje para viajes por trabajo, estudios o salud

El Gobierno matiza que se aplicará cuando la «recuperación sea real»

Área del antiguo peaje de la AP-7 en El Campello.                                | ALEX DOMÍNGUEZ

Área del antiguo peaje de la AP-7 en El Campello. | ALEX DOMÍNGUEZ

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha matizado que, si sale adelante la propuesta del Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas para implantar el peaje en las autovías a partir de 2024, «normalmente se excluirán casos como los viajes cotidianos por motivos laborales, por razones de estudios o incluso relacionadas con médicos». Una aclaración que viene tras una lluvia de críticas por parte de diferentes sectores que, al conocer la intención del Ejecutivo, han expresado su oposición rotunda.

Desde la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, su secretario general Vicent Inglada advierte de que esta medida va en contra de «reivindicaciones históricas que ya conseguimos» y supondrá una subida encubierta del precio de los productos que se transporten por carretera. «Pagaremos doble como ciudadanos. Por la utilización de la autovía y porque estamos convencidos de que el peaje afectará al precio final del producto transportado y es un pago doble para los mismos de siempre, los ciudadanos». De igual modo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se mostró en contra de la medida al considerar que esconde un« afán recaudatorio».

Mario Arnaldo, de la asociación Automovilistas Europeos Asociados, también rechazó de forma tajante el pago por el uso de las carreteras: «Somos radicalmente contrarios a esta propuesta» e incide en que los conductores ya pagan «con creces el mantenimiento de las autovías con los impuestos», que, según detalla, «suponen unos 30 millones al año entre impuestos directos, indirectos y tasas».

Más riesgo de un accidente

Pero, además, considera que el peaje que se quiere implantar acarreará un descenso de la seguridad vial: «Hará que aumente el tráfico en las carreteras convencionales y, en consecuencia, el peligro de tener un accidente». Redunda en esta advertencia el Real Automóvil Club de España (Race), cuyo presidente de Seguridad Vial de la entidad, Antonio Lucas, resalta que «el pago por uso podría generar que los conductores circulen por las carreteras secundarias, donde se produce el 78 % de los accidentes mortales», al tiempo que recuerda que incentivaría «un aumento del precio del producto transportado, por lo que afectaría al bolsillo de toda la sociedad».

En la otra cara de la moneda, el Gobierno defiende esta nueva propuesta que sitúan «cuando la recuperación sea una realidad», tal como expresó este jueves la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, quien reconoció 2024 como una fecha «tentativa» para ejecutar este cambio que «se está estudiando». Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, añadió que el modelo de pago por uso con peajes en las carreteras «es el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio».

En este sentido, aclaró que, si bien las infraestructuras se mantienen vía presupuestos, el sistema de peajes es desigual pues actualmente se caracteriza por estar para «unos pocos» en «algunas vías» lo que «perpetúa enormes desigualdades». Por eso, añade, ve «razonable» que también paguen algo los «100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros».

Por último, la ministra de Transición Económica, Teresa Ribera, insistió en que esta propuesta «no es algo nuevo», que ya se ha planteado en diversas ocasiones en España y en países del entorno, pero que no está «definida ni perfeccionada», por lo que habrá que trabajar en su aplicación con todos los matices.

«El transporte ya contribuye con sus impuestos a mantener las carreteras»

La patronal rechaza la medida y reprocha la falta de consenso con el sector

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) manifestó ayer su rechazo rotundo al pago por uso de las infraestructuras planteado desde el ministerio. «El transporte de mercancías por carretera ya contribuye suficientemente, vía impuestos, a atener las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras viarias», apuntan. Además, dicen, «solo a través de la imposición específica sobre el combustible, los transportistas aportan más de 15 millones todos los años a las arcas públicas», afirmó ayer Carlos Prades, presidente de la entidad.


Por eso, desde la federación expresaron también su gran «desconcierto» ante el anuncio de la implantación de la medida.


«Quien contamina paga»

«El Ministerio de Transportes asumió por escrito, con la firma del secretario de Estado, el compromiso de que no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector», y ahora, lamentan, «anuncian esta medida sin que exista tal acuerdo con el sector». Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pago de peajes en Autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de «el que contamina paga» y el que «usa paga». 


Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas Portuarios, recordó que «el sector no se encuentra en disposición de asumir más costes y que este tipo de impuestos llevaría a fomentar la competencia desleal, ante la incapacidad de poder hacer frente a los costes de explotación».


La propuesta, según informaron desde el Ejecutivo, será tratada con los transportistas con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas para implantarla en 2024. Una fecha que, según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) anteriores a la pandemia mundial del coronavirus.

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