El Síndic de Greuges no entiende la tramitación realizada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ante la solicitud de la renta valenciana de inclusión registrada por una mujer, víctima de violencia de género y madre de un hijo. Y así lo hace constar en una reciente resolución, en la que insta al departamento que dirige Mónica Oltra a «revocar la resolución de archivo y resolver sobre el fondo de la solicitud formulada por la interesada». Y todo, por un certificado de empadronamiento colectivo, que enfrenta a la conselleria y al Síndic.
«La Administración no hizo cuanto podía y debía», según refleja la resolución del Defensor del Pueblo autonómico
El caso arranca a mediados de 2019, cuando la mujer tramita la petición de la renta valenciana de inclusión. Tras la falta de respuesta por parte de la conselleria, la interesada realizó una reclamación ante la misma administración y, a su vez, puso su historia en conocimiento del Síndic de Greuges. La institución dirigida por Ángel Luna, tras admitir la queja, pidió información al departamento de Oltra. Como es habitual, le costó conseguir respuesta oficial. Hasta cuatro intentos tuvo que realizar, según consta en la resolución del Defensor del Pueblo valenciano: del 2 de octubre al 8 de enero. La contestación llegó el 9 de febrero. En ella, la conselleria alegaba que se había solicitado a la peticionaria, sin éxito, el certificado de empadronamiento colectivo. La mujer, en sus alegaciones, asegura que nunca le llegó ese requerimiento.
Con todo, el Síndic explica en su resolución que la conselleria tiene alternativas legales para acceder a esa documentación. Además, insiste en que el certificado solicitado es innecesario para el citado trámite. «No entendemos que la no presentación del certificado pueda supone la caducidad del procedimiento en cuanto no resulta imprescindible. La administración [en alusión a la conselleria] no hizo cuanto podía y debía», según recoge la resolución del Síndic de Greuges en la que solicita a la conselleria que se revoque el archivo de la solicitud y que estudie si la peticionaria cumple con los requisitos para recibir la renta de inclusión. Lleva esperando dos años.
